El XXII Congreso del PCE y sus dos proyectos políticos.

Un artículo titulado “Hacia el XXII Congreso del PCE«, que publicó la revista oficialista Mundo Obrero con fecha 16 de julio de 2026, anuncia formalmente la convocatoria de este Congreso para el 12 y 13 de diciembre y subraya la intención de abrir un debate amplio. Un debate, sin embargo, añadimos nosotros, que participativo o no lo que sí tendrá que ser es súper-sintético, considerando que la duración asignada a este evento de dos únicos días obligará a que los 500 delegados y delegadas congresuales tengan que debatir y decidir con sus votos los redactados de un amplió rosario de documentos, entre los que se incluyen los cientos de páginas correspondientes al informe de gestión de la ejecutiva saliente, las tesis políticas y sus enmiendas alternativas, ídem del documento organizativo y de los estatutos, entre otros.

Un debate congresual que igualmente promete intensidad y resultados complicados, ya que las Tesis oficiales de política y de organización y las enmiendas a la totalidad presentadas por los críticos (de “Hay Partido») divergen sustantivamente, tal como muestran los apoyos obtenidos por unas y otras en el Comité Central, de 56 y 44% respectivamente. Una polarización que gira, básicamente, entre si el PCE está (debe seguir) para administrar el capitalismo en crisis o para organizar la ruptura contra él y que, en realidad, refleja la misma disyuntiva que atraviesa a toda la izquierda transformadora del Estado español, actualmente confrontada a la cuestión de qué hacer cuando el gobierno de coalición, presentado en 2019 como una herramienta táctica para arrancar conquistas, se convierte en el único horizonte estratégico.

La documentación del XXII Congreso —las Ponencias oficiales de un lado, las Enmiendas a la Totalidad del otro— plantean, por tanto, una disyuntiva. En esencia, si el PCE debe ser un instrumento de la clase trabajadora para la ruptura con el régimen del 78, o bien un gestor eficiente, pero subordinado a los reformistas, de este régimen heredado del franquismo y tributario de la oligarquía estructurada a su amparo.

El domingo 19 de julio, el Comité Central del PCE aprobó las Tesis y Enmiendas congresuales abriendo formalmente el debate interno. Un debate en el que ambas orientaciones coinciden, al menos, en el diagnóstico de fondo. Que vivimos una crisis sistémica del capitalismo que se expresa en un ascenso reaccionario a escala global, capaz de erosionar derechos democráticos conquistados durante décadas.

Ambas, también, sitúan la contradicción capital-trabajo —y, cada vez más, capital-vida, es decir, la destrucción de las condiciones materiales de reproducción social y ecológica— como el eje del análisis marxista de la coyuntura. E igualmente defienden la tercera república como horizonte estratégico frente al agotamiento del régimen constitucional de 1978. Incluso reconocen al feminismo como un eje articulador imprescindible en la lucha contra el patriarcado y no como un añadido cosmético al programa político.

Este acuerdo de fondo es importante porque descarta la existencia de una disputa interna entre «ortodoxos» y «renovadores», pero también sirve para resaltar que la diferencia es más de proyecto político, como veremos ahora. Pues oficialistas y críticos defienden dos lecturas distintas sobre qué significa y cómo responder concretamente, en la práctica cotidiana de una organización comunista, a las crisis actuales en todos los ámbitos.

La fractura surge en el balance del gobierno de coalición. Las Tesis oficiales presentan la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la reforma laboral como una derrota histórica del neoliberalismo, prueba de que la participación institucional ha merecido la pena. En cambio, las enmiendas no niegan esas conquistas puntuales, pero las enmarcan en un proceso más amplio que llaman «monocultivo institucional», consistente en la práctica reducción de toda la actividad política del Partido a la negociación dentro del gobierno, con la movilización social relegada a un papel secundario y testimonial.

La cuestión adicional que plantean las enmiendas críticas es, precisamente, qué precio político se paga por tan tenues reformas, así como las desmovilizaciones consecuentes y demás repercusiones.

Un precio que también incluye, en particular, el menoscabo de la identidad política. Las Tesis oficiales apuestan por consolidar el «Frente Amplio» y espacios como Sumar como el terreno natural de intervención. Las enmiendas advierten que esa apuesta ya ha derivado en lo que describen como una clandestinidad autoimpuesta, como un PCE que actúa bajo otras siglas electorales hasta volverse invisible como sujeto político, e incapaz de proyectar una identidad comunista reconocible ante la clase trabajadora que dice representar. La consecuencia, señalan las enmiendas, es que el Partido ha pasado de condicionar el rumbo del gobierno de coalición a ejercer, en la práctica, un papel subordinado respecto al PSOE, con la militancia relegada por direcciones sucesivas y una capacidad de intervención autónoma en los conflictos de clase cada vez más erosionada. La institucionalización, en suma, no ha sido solo una táctica, ha acabado reconfigurado lo que es el Partido y para quién actúa.

El mismo patrón —divergencia sobre un terreno de acuerdo aparente— se repite en el documento organizativo. Ponencia y enmiendas coinciden en el centralismo democrático como principio rector, en la sectorialización para insertar al Partido en centros de trabajo y barrios, en la autonomía financiera mediante cuotas, o en la urgencia de feminizar una organización donde las mujeres siguen infrarrepresentadas. Pero, mientras la Ponencia oficial confía en la paridad obligatoria y el lenguaje inclusivo como palancas suficientes, las enmiendas advierten de que esas medidas pueden quedarse en lo testimonial si no se ataca la raíz material del problema, que no es otro que la división sexual del trabajo militante, donde los hombres siguen monopolizando la teoría y la dirección mientras las mujeres asumen de forma desproporcionada la logística y los cuidados que sostienen la actividad cotidiana del Partido. No es una crítica menor, es la constatación de como una organización puede cumplir sus cuotas estatutarias y, al mismo tiempo, reproducir intacta la jerarquía de género en la distribución real del trabajo político.

Hay otros dos terrenos donde las enmiendas son especialmente incisivas y que las Tesis oficiales prefieren no tocar con la misma carga autocrítica. El primero es la política de juventud, que las enmiendas consideran «anómala» e «intervencionista» refiriéndose a la actuación de la dirección del Partido frente a la Unión de Juventudes Comunistas de España. Un conflicto que el documento oficial elude analizar en profundidad, como si bastara con enunciarlo para resolverlo. El segundo punto de discrepancia es la gestión patrimonial. Las Tesis oficiales insisten en la venta o el alquiler de sedes y en la creación de un «entorno económico propio» —barras, comidas, actividad comercial asociada a los locales del Partido— como vía para sostener las finanzas de la organización. Pero, leído críticamente, ese giro puede entenderse como una táctica de supervivencia comercial frente a la escasa militancia cotizante (no llega a los 8000 actualmente), más que como una apuesta prioritaria por reconstruir la independencia política y financiera del Partido.

En suma, las enmiendas señalan que la dirección actual es liquidacionista y está operando escindida de la realidad territorial que dice representar, lo que ha derivado en lo que llaman una «dirección por ausencia», así como una gestión administrativa que asfixia el debate político real en lugar de organizarlo. Frente a esa estructura rígida de tres espacios —Comité, Secretariado, Área— replicada mecánicamente en todos los niveles, las enmiendas reclaman recuperar la cultura del debate honesto y participado, evitando limitar el XXII Congreso a la mera ratificación de lo ya decidido.

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