La dirección de Enrique Santiago ha decidido un modelo de XXII congreso diseñado para ratificarse a sí misma, no para abrir un debate real. Sin embargo, muchos consideramos que un partido en quiebra técnica y con menos de 8.000 militantes no puede permitirse esta continuidad. En calidad de militante de este partido, con años de experiencia, solicito se difunda ampliamente el siguiente artículo, como mejor garantía para que estas reflexiones puedan llegar a mis camaradas y a quien interese.
Alberto Andrade Antón
El contexto de la crisis de fondo de un partido en declive sostenido
El PCE que llega a su XXII Congreso no es el partido que fue. En la Transición, llegó a tener 233.000 militantes y fue la columna vertebral del movimiento obrero organizado. A las puertas del XXI Congreso en 2022, el censo había caído a unos 7.713 afiliados —la pérdida de casi un cuarto de la militancia se produjo ya bajo el mandato de Enrique Santiago— y la sangría no se ha detenido desde entonces. A esta crisis orgánica (y financiera) también hay que sumar la ideológica. La desorientación estratégica y el electoralismo han relegado al PCE a ser el socio menor de coaliciones en las que superaba en militancia a sus socios —como ocurrió con Izquierda Unida y luego con Unidas Podemos—. El punto de inflexión más visible llegó en diciembre de 2023, cuando la mayoría de los militantes de las Juventudes Comunistas (UJCE) votó separarse del PCE, al considerar que sus limitaciones y censuras eran irreformables bajo una estructura de élites burocráticas integradas en el aparato estatal.
El XXI Congreso, celebrado en julio de 2022, ya mostró el grado de fractura interna, con acusaciones de fraude en las acreditaciones y una votación en la que E. Santiago fue reelegido con el 54% de los votos frente al 46% de la candidatura crítica encabezada por Alberto Cubero —con apoyo de federaciones como Aragón, València y las propias UJCE—. El Comité Central quedaba entonces fracturado: 49 delegados de la corriente oficialista frente a 41 críticos (luego se sumaron unos pocos más de la organización).
Esa fractura no se ha cerrado. Hace un mes, en marzo de 2026, una veintena de militantes —entre ellos varios miembros del Comité Central y secretarios generales de federaciones territoriales— publicaron una carta abierta advirtiendo de que “nos jugamos la pervivencia misma” del partido y reclamando un debate de fondo de cara al XXII Congreso. Es en este contexto de emergencia organizativa y política donde hay que leer lo que se acaba de aprobar en el Comité Central del 26 de abril, como si se tratara de un formulismo más para cumplir los plazos congresuales que establecen los estatutos del partido. Nos encontramos, pues, ante un partido al borde del precipicio y una dirección que responde blindándose gracias a su escueta mayoría.
En efecto, el Comité Central del PCE acaba de aprobar este 26 de abril la celebración del XXII Congreso del partido los días 12 y 13 de diciembre. Dos días escasos —la fiesta anual del partido dura tres— para definir la línea política de la organización durante los próximos cuatro años. Pero la brevedad de un calendario que imposibilita debates amplios no es el único problema. El principal es que el modelo de procedimiento congresual decidido finalmente está diseñado para ratificar a la dirección actual, no para abrir un debate real y de futuro entre la militancia.
Un diseño que concentra el poder en la cúpula
El procedimiento aprobado lo ha sido, dicen, con tan solo cincuenta votos de un Comité Central que supera la centena de integrantes. Según ese diseño, la Comisión Política redactará los documentos congresuales. Solo después de esa redacción, y con el texto ya cerrado por arriba, pasarán a ratificación del Comité Central y, posteriormente, al debate interno de la organización. Es decir, la militancia debatirá sobre textos que ya habrán sido aprobados por quienes controlan el partido.
La participación territorial tampoco escapa a esta lógica. Queda reducida a una posibilidad opcional, y cuando se produzca, deberá canalizarse a través de grupos de trabajo cuyos coordinadores serán designados desde la dirección. No hay aquí espacio para la iniciativa de las bases.
Y se creará además otra comisión de nueve miembros del Comité Central con el encargo de revisar los borradores de las ponencias para garantizar la “máxima unidad y síntesis”. En la práctica, este mecanismo funcionará como un filtro ideológico: en lugar de buscar la unidad a través de la confrontación abierta y legítima de posiciones —incluidas las críticas—, se opta por un control vertical que ahoga la pluralidad interna.
Sin debate programático real y con reglas de juego escritas por quien gobierna.
Otro elemento significativo es la ausencia de orientación programática en la convocatoria. Se habla de las ponencias política y organizativa en términos genéricos, pero no se identifican los grandes desafíos concretos que el partido afronta actualmente y que urge abordar: la crisis del sistema político heredado del franquismo, la cuestión territorial, la estrategia electoral, la relación con Sumar e Izquierda Unida, o el posicionamiento ante el escenario geopolítico internacional.
El problema se extiende también a los estatutos. El Comité Central ha decidido que las propuestas de reforma estatutaria serán elaboradas desde el interior de la propia Comisión Política. Dicho de forma llana: quienes actualmente dirigen el partido son quienes redactarán las reglas que regularán cómo se elige, debate y decide dentro del partido.
A esto se añade que el proceso de exposición de censos previsto para mayo carece de concreción en aspectos fundamentales. No se detallan mecanismos de impugnación, criterios de inclusión o exclusión, ni garantías de transparencia en el recuento. Sin embargo, la experiencia orgánica del partido demuestra que estos elementos no son secundarios, con frecuencia han determinado la limpieza y resultados de los procesos internos.
La alternativa: un congreso que abra democráticamente al partido
La conclusión de este enfoque congresual es que estamos ante una contradicción flagrante con los principios básicos del centralismo democrático que el propio PCE dice aplicar. Porque esos principios exigen disciplina en la acción colectiva, sí, pero también amplitud en el debate y rendición de cuentas de los órganos dirigentes. Lo que se ha aprobado invierte esa ecuación: máximo control desde arriba, mínima participación desde abajo.
Frente a este modelo retrógrado, que agravará la crisis política y de militancia que atraviesa el PCE, claro que hay alternativas. Un congreso para fortalecer al partido en todos los ámbitos tiene que ser mínimamente democrático y contar con la capacidad de las organizaciones de base para presentar ponencias completas en igualdad de condiciones que las de la dirección, sometiéndolas a votación directa de la militancia. Históricamente, los congresos del PCE siempre fueron espacios de confrontación política real, donde se dirimían orientaciones estratégicas buscando la síntesis. Recuperar ese carácter es más que urgente, resulta imprescindible.
Algunas propuestas en esta línea serían:
- Asumir el derecho de las organizaciones de base a presentar ponencias completas en igualdad de condiciones con la dirección, y que puedan ser sometidas a votación directa de la militancia.
- Crear grupos de trabajo temáticos abiertos a toda la militancia, con capacidad real para elevar propuestas vinculantes.
- Compromiso de organizar debates abiertos entre las distintas corrientes de opinión, difundidos a través de los canales internos del partido.
- Introducir mecanismos concretos de control y revocabilidad de cargos mediante consulta a la militancia y rendición de cuentas periódica de los cargos y órganos dirigentes.
Sin transformaciones de este tipo, el partido continuará atrapado en las inercias que siguen limitando enormemente su capacidad para intervenir con eficacia en este momento de crisis estructural del régimen y capitalista.
La pregunta que creemos debe responder colectivamente el XXII Congreso, de un modo u otro, no es sobre la continuidad de Enrique Santiago como Secretario General, aunque también, considerando los resultados cosechados. Es, sobre todo, si y de qué manera el PCE puede asumir realmente como fuerza política la voluntad colectiva de ejercer como partido de la clase trabajadora.
