Entendiendo la crisis migratoria en Ceuta.

Más de ochenta muertos, un muro flotante y la maquinaria retórica de la invasión. Análisis materialista sobre la crisis fronteriza de julio, responsables, actores y actuantes.

Entre el 30 y el 31 de julio, más de cincuenta mil personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, la mayoría a nado bordeando los espigones de El Tarajal y Benzú, otras a pie por los pasos fronterizos. En apenas cuarenta y ocho horas, más de cuarenta y ocho mil regresaron por su propio pie al lado marroquí. Regresaron sin comida, sin techo, muchas veces apedreadas por vecinos de Fnideq. En conjunto, se han recuperado más de ochenta cuerpos, casi todos ahogados o aplastados contra el rompeolas, y la morgue de Ceuta llegó a recibir ochenta y ocho cadáveres y algunas fuentes sindicales elevan la cifra por encima de cien. El Gobierno español «progresista», respondió desplegando al Ejército y a la Guardia Civil, que instaló una barrera flotante en Tarajal pensada para impedir la entrada a nado. Es, con diferencia, la mayor tragedia fronteriza registrada nunca en ese enclave, y ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que llevamos repitiendo cuarenta años sin resolver: ¿de qué hablamos, en realidad, cuando hablamos de Ceuta?

La respuesta oficial —y la de media Europa— llegó antes de que se conocieran los primeros datos. Se había producido una (intolerable) invasión, asalto, amenaza a la seguridad nacional. Elon Musk relanzó un vídeo comparando a los migrantes con los zombis de Guerra Mundial Z; Giorgia Meloni activó controles fronterizos de emergencia y pidió la expulsión de España del espacio Schengen, medida sin recorrido jurídico real pero con enorme rentabilidad simbólica, respaldada de inmediato por Finlandia y Dinamarca. Donald Trump utilizó Ceuta como escenario de campaña, algo que lleva haciendo con la frontera mexicana desde hace una década. Ninguno de ellos mencionó a Marruecos.

Pero los propios datos desmienten estas narrativas antes de que terminen de contarse. Las llegadas irregulares a España en la primera mitad de 2026 venían de hecho descendiendo respecto a 2025, y la inmensa mayoría de quienes entraron en Ceuta se marcharon por su cuenta a las pocas horas. No hubo ocupación. Hubo un movimiento de jóvenes empobrecidos, atraídos por el rumor —deformado por redes y gobiernos cómplices— de que una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre devoluciones en frontera favorecería a quienes llegaran por mar, pero que fueron repelidos de inmediato por la realidad de una ciudad de ochenta y cinco mil habitantes sin capacidad alguna de acogida. La retórica de la invasión traduce a lenguaje numérico y securitario el miedo a perder privilegios acumulados. La verdadera irrupción no es cuantitativa, es cualitativa —cuerpos que desafían el monopolio de la propiedad y de la libre circulación—. Por eso resulta tan rentable seguir llamándola invasión, tanto para los gobiernos como para la derecha que vive de administrar el miedo.

El problema no reside en este o aquel gobierno, sino en el marco que todos aceptan: mientras la migración se trate como una cuestión de orden público, todos los ejecutivos acabarán militarizando la frontera.

Que la gendarmería marroquí no contuviera a decenas de miles de personas que pasaban por su territorio fue obviamente una decisión, política e incluso económica. Ya ocurrió en mayo de 2021, cuando Rabat «abrió» la misma frontera para castigar a Madrid por la hospitalización del líder saharaui Brahim Ghali, chantaje que terminó un año después con la capitulación española sobre el Sáhara Occidental. Esta vez la señal llegó pocos días después de la visita de Pedro Sánchez a Argel, el rival regional de Marruecos, y coincide con un dato que merece más atención de la que ha recibido. Porque un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos describe este año a Ceuta y Melilla como ciudades «administradas por España» pero «situadas en territorio marroquí», equiparándolas a Kosovo y respaldando la mediación diplomática de Washington sobre su «futuro estatus». El informe no tiene fuerza legislativa, pero es la primera vez que un órgano oficial del Congreso estadounidense pone eso por escrito, y llega en paralelo al reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y a un giro de Washington que sanciona a Madrid —también en el Reino Unido y en Alemania— por su distancia respecto a la ofensiva contra Irán y por el reconocimiento de Palestina.

No hace falta ninguna teoría de la conspiración para reconocer que los migrantes se usan como arma en las tensiones entre estados. Lo hizo la Libia de Gadafi y la posterior, lo hace Marruecos, lo hizo Bielorrusia en la frontera oriental europea. Esa arma solo funciona porque la Unión Europea lleva veinte años subcontratando el trabajo sucio de la contención a los regímenes fronterizos del sur, dándoles así la palanca. El chantaje y la manera en que se gestiona después revelan, con las palabras de Giorgio Cremaschi, toda la miseria colonial con la que Europa aborda la cuestión migratoria. Son las dos caras de la misma moneda. El capital agita el espantajo de la invasión hacia dentro, y los países subcontratados para la contención externa abren la mano hacia fuera cada vez que necesitan cobrar el servicio.

Ningún gobierno se pregunta por qué decenas de miles de jóvenes marroquíes se lanzaron al mar ante el primer rumor de esperanza. La respuesta está en las condiciones materiales del Magreb. En el desempleo juvenil masivo, economías subordinadas, medio siglo de ajustes estructurales del FMI que asfixiaron a la sociedad civil en Argelia, Marruecos y Túnez. Es la sobrepoblación relativa que produce el propio capitalismo mediterráneo —una fuerza de trabajo excedente fabricada por las mismas relaciones neocoloniales que después la rechazan—. Aunque conviene hacer una precisión clave, que la categoría marxista del ejército de reserva no convierte a los migrantes en una amenaza para los salarios nativos, como pretenden hoy tanto la derecha como cierta izquierda soberanista. Es el capital, no los migrantes, quien alimenta la competencia entre empleados y desempleados; la respuesta política de Marx a esa ley fue precisamente la contraria al cierre de fronteras. Su alternativa que sigue vigente es la colaboración entre ambos, hoy la lucha compartida entre nativos y migrantes desde la igualdad plena de derechos.

Los muros, las barreras flotantes, los drones de Frontex y los acuerdos con terceros países no detienen la migración. Lo que hacen es seleccionar y degradar a quienes acaban incorporándose al mercado laboral europeo, produciendo la clandestinidad que hace barata y chantajeable esa mano de obra. La racialización —construir al migrante como amenaza, como enemigo, como cuerpo inasimilable— es el dispositivo ideológico que legitima esa jerarquía, una necesidad estructural del capitalismo y no un problema de cultura o ignorancia. Y cuando la selección falla, queda la necropolítica. Porque los cuerpos en el rompeolas de Tarajal, como los del Mediterráneo central o el desierto de Sonora, no son fatalidades, son el resultado previsto de una gobernanza fronteriza que ya ha decidido cuántas muertes está dispuesta a tolerar.

El Gobierno de Sánchez ha sostenido en los últimos años la política migratoria más abierta de Europa —la regularización extraordinaria que cerró julio con 1,17 millones de solicitudes, el reconocimiento explícito de que el sistema de pensiones y los cuidados dependen de la mano de obra migrante— demostrando, contra toda la retórica ambiente, que la acogida sostenida es perfectamente posible. Y sin embargo, en Ceuta, hasta ese Gobierno desplegó el Ejército y levantó una barrera en el mar en cuestión de horas. Eso no delata una incoherencia personal ni un giro ideológico, denota que el marco conceptual es el problema. Mientras la migración se trate como una cuestión de orden público y no como una cuestión de trabajo, de libertad de circulación y de reparación de una deuda colonial no saldada, cualquier gobierno —del color que sea— acabará militarizando la frontera, alimentando exactamente la ferocidad racista que dice combatir.

Las sesenta mil personas que cruzaron y en su mayoría regresaron en un solo fin de semana demostraron, mejor que cualquier informe, que no hay ninguna horda empujando la frontera. Hay una exigencia de dignidad que ningún muro flotante puede contener durante mucho tiempo. Lo que de verdad teme el capital no es la llegada de migrantes, sino que esa demanda de libertad se vuelva contagiosa.