La crisis migratoria en Ceuta y el institucionalismo del PCE.

Cuando un partido comunista deja de confrontar al capitalismo y empieza a mirar desde el Estado, su retórica revolucionaria e internacionalista se vacía de propósito al asumir y defender los límites del orden existente.

Actualmente, tras la entrada en Ceuta el pasado fin de semana de más de 50.000 ciudadanos marroquíes, en su mayoría jóvenes, muchos ya han regresado a Marruecos. Pero más de 80 perdieron la vida ahogadas mientras intentaban alcanzar la ciudad, y otros fueron expulsados por el ejército español tras permanecer horas atrapados, sin acceso a agua ni alimentos debido al cierre de comercios y establecimientos urbanos.

La llegada masiva de jóvenes marroquíes contó, asimismo, con la tolerancia e incluso la colaboración directa de las fuerzas de seguridad de la monarquía alauí. En un país atravesado por una profunda crisis social, con un desempleo juvenil muy elevado y millones de jóvenes sin perspectivas de futuro, resulta relativamente sencillo empujar a miles de personas a emprender el camino hacia Europa como única salida a la pobreza. Y todo indica que esta crisis fronteriza respondió también a una operación de presión política, externa (eje sionista de Trump-Israel-Marruecos) e interna, destinada a influir en la política exterior española.

La crisis migratoria que vive Ceuta ha vuelto a poner de manifiesto uno de los grandes problemas políticos de la izquierda institucional, el de la creciente dificultad para interpretar los conflictos contemporáneos desde las categorías del marxismo. El reciente comunicado del Partido Comunista de España es un buen ejemplo de esta deriva. Mantiene una posición inequívoca contra el racismo y en defensa de la dignidad de las personas migrantes, pero su análisis termina subordinando el internacionalismo de clase a una lectura más propia de la política de Estado que impulsa el Gobierno de coalición PSOE-Sumar.

El desplazamiento no es menor. Cuando un partido comunista deja de analizar un fenómeno desde las contradicciones del capitalismo para hacerlo desde las necesidades del Estado al que pertenece, el resultado suele ser un discurso que, de forma más o menos consciente, acepta y asume los límites ideológicos del orden existente.

El comunicado del PCE sitúa el origen inmediato de la crisis en la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera (que no se pueden  aplicar en Ceuta) y en la utilización de la migración por parte del Estado marroquí como instrumento de presión diplomática. Ambos elementos son reales. Marruecos ha empleado en diversas ocasiones el control de los flujos migratorios como arma negociadora frente a España y a la Unión Europea. Convertir ese hecho en la explicación central, sin embargo, invierte el orden de las causas.

Miles de personas no intentan alcanzar Ceuta porque una sentencia judicial haya abierto una oportunidad coyuntural. Lo hacen porque el capitalismo contemporáneo produce de manera sistemática enormes bolsas de pobreza, desempleo y dependencia en la periferia mientras concentra la riqueza en el centro imperialista. La migración no es una anomalía del sistema, sino una de sus consecuencias y recursos más visibles.

Lenin definía el imperialismo como la fase superior del capitalismo, caracterizada por la exportación de capitales, la concentración monopolista y el reparto del mundo entre las grandes potencias. Más de un siglo después esa lógica no ha desaparecido, simplemente ha adoptado nuevas formas. El norte de África continúa ocupando una posición subordinada dentro de la división internacional del trabajo. Sus economías dependen de la inversión extranjera, de los mercados europeos y de relaciones comerciales profundamente desiguales que limitan cualquier posibilidad de desarrollo soberano.

Desde esa perspectiva, las personas que llegan a Ceuta no son únicamente víctimas de un régimen autoritario ni de una coyuntura diplomática que la ultraderecha se apresta a instrumentar. Son el producto directo de un sistema internacional que necesita territorios subordinados para garantizar la acumulación de capital en los países centrales y que utiliza la inmigración como instrumento para precarizar y negociar a la baja las condiciones laborales del conjunto de trabajadores y trabajadoras.

Reducir la explicación a las decisiones del Palacio Real marroquí oculta las estructuras económicas que hacen posible esa dependencia.

El propio Estado español tampoco aparece sometido a una crítica suficiente. El comunicado transmite la imagen de una España víctima del chantaje de Rabat, cuando la realidad es bastante más compleja. España no se limita a sufrir las consecuencias de la política migratoria europea, participa activamente en ella. Los acuerdos con Marruecos para externalizar el control de fronteras, la financiación de sus dispositivos de seguridad y la colaboración policial forman parte de una estrategia diseñada precisamente para impedir que las contradicciones del capitalismo global lleguen al corazón de Europa.

Las fronteras, desde una perspectiva marxista, no son simples líneas geográficas destinadas a proteger la soberanía nacional. Son instituciones políticas al servicio de la reproducción del capital. Permiten regular la oferta de fuerza de trabajo, seleccionar la inmigración útil para las necesidades del mercado, producir mano de obra barata y mantener un ejército industrial de reserva cuya existencia presiona a la baja las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora.

Al mismo tiempo, las fronteras cumplen una función ideológica decisiva. Transforman una contradicción de clase en un conflicto identitario. El desempleo deja de atribuirse a la lógica de acumulación capitalista para imputarse al inmigrante. La precariedad deja de ser consecuencia de la explotación para convertirse en un supuesto problema de exceso de población extranjera. El racismo aparece así como un instrumento funcional al capital, no como una desviación accidental del sistema.

Combatir el racismo exige demostrar que quien compite realmente contra los trabajadores no es el migrante que vende su fuerza de trabajo por necesidad, sino el capital que utiliza esa necesidad para incrementar la explotación de todos.

Por ello resulta insuficiente responder a la extrema derecha únicamente mediante apelaciones morales al respeto y a la convivencia, como hace la dirección oficialista del PCE.

Aquí aparece la principal contradicción del texto del PCE. Después de denunciar la criminalización de las personas migrantes, propone reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta. La contradicción resulta difícil de ignorar. El mismo aparato coercitivo encargado de garantizar la política de fronteras pasa a presentarse como una herramienta útil para resolver las consecuencias sociales que esa política genera.

No se trata de negar la necesidad de preservar el orden público o evitar agresiones racistas. Se trata de preguntarse si una organización comunista debe asumir como horizonte político el perfeccionamiento de los mecanismos estatales de control fronterizo o, por el contrario, explicar por qué esos mecanismos forman parte de la arquitectura del capitalismo europeo.

También resulta significativa la confianza depositada en la Unión Europea como solución. Pedir más recursos comunitarios sin cuestionar el modelo migratorio europeo equivale a solicitar una gestión más eficiente del mismo sistema que ha convertido el Mediterráneo en la mayor fosa común del continente. La Europa del Pacto sobre Migración y Asilo, de Frontex y de la externalización de fronteras no necesita simplemente más presupuesto, necesita una crítica radical de su función como instrumento político del capital europeo.

Quizá el elemento más revelador del comunicado sea su conclusión. «¡Española o extranjera, la misma clase obrera!» es una de las consignas más poderosas de la tradición comunista. Sin embargo, el texto apenas desarrolla sus implicaciones políticas. No explica cómo el capital utiliza la inmigración para fragmentar a la clase trabajadora, ni plantea mecanismos de organización común entre trabajadores autóctonos y migrantes. El internacionalismo aparece reducido a un principio ético cuando debería constituir el eje estratégico de toda la intervención política.

El problema de fondo no es este comunicado concreto del PCE. Es la dificultad creciente de una parte del comunismo europeo para elaborar un análisis independiente del marco ideológico impuesto por el Estado y las instituciones comunitarias. Poco a poco la gestión sustituye a la transformación social, el humanitarismo reemplaza a la crítica de la economía política e incluso a la acción política, mientras que el lenguaje de los derechos humanos termina desplazando al de la lucha de clases.

La tarea de un partido comunista no consiste únicamente en defender a las víctimas del capitalismo y hacer campaña (electoral) contra la ultraderecha. Consiste, sobre todo, en explicar por qué esas víctimas existen y quién obtiene beneficio de su existencia. Mientras esa pregunta permanezca fuera del análisis, el internacionalismo corre el riesgo de convertirse en una simple declaración de buenas intenciones.