Nota de prensa
¿QUÉ HACER CUANDO LOS PRESUPUESTOS INCUMPLEN LOS DERECHOS HUMANOS?
ACUERDO SOCIAL VALENCIANO 21 DE JULIO DE 2026
Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2027 son los segundos del experimento político PP-VOX. Los del año pasado, que buscaban «sostener» a Carlos Mazón y liberarlo de responsabilidades por la DANA, ya abrieron el camino; pero son los de 2027 los que señalan claramente la política de esta coalición, que pretende desde hace años hacerse con el gobierno central.
Esta coalición combina un sector conservador en lo social y neoliberal en lo económico, cómodo en las últimas décadas del franquismo y que sirvió de coartada para la transición del régimen del 78, con otro aliento reaccionario: el de una sociedad que no consigue las aspiraciones prometidas y ve en la corrupción generalizada la razón para alejarse de valores democráticos y solidarios (VOX); y por otro lado, el concepto público ha sido descuartizado por los que dicen defenderlo (régimen del 78 PP-PSOE). Por tanto, el contexto de estos momento político se basa en el bloque reaccionario de doble aliento PP-VOX.
El rasgo característico de estos presupuestos es la vulneración de los derechos humanos. No como ideales, sino como derechos concretos y tangibles: alimentación, educación, sanidad o vivienda. Hay políticas que los favorecen y otras que nos alejan. Los presupuestos de este año implican recortes en estos ámbitos.
Además de los derechos sociales, los derechos humanos garantizan libertades públicas, igualdad y no discriminación por raza, credo, pensamiento o identidad sexual. Es ahí donde la situación se agrava: el gesto de convertir una subvención de Cruz Roja para emergencias en otra para estudiar la relación entre migración y delincuencia lo anuncia todo.
La «prioridad nacional» se introduce en la ley de acompañamiento y legaliza la discriminación de migrantes en el acceso a vivienda, prestaciones y Renta Valenciana, que ya son insuficientes.
La agresión no se detiene ahí: se elimina el presupuesto para planes de igualdad, y se venga del sector educativo (para no negociar reivindicaciones) con la amenaza de cambiar funciones docentes, imponer «neutralidad» y corresponsabilizarlos de los contenidos de talleres: una caza de brujas donde todo el mundo que imparta valores democráticos está amenazado por el control ideológico y la denuncia de cualquiera. ¿Por qué este sesgo de extrema derecha? Porque el incumplimiento de los derechos sociales genera malestar que hay que desviar hacia colectivos débiles, evitando que se dirija a los verdaderos responsables: la chica élite de privilegios y dominio, representada por la alianza del mundo empresarial, financiero y político, la oligarquía valenciana.
La vía para redirigir ese malestar es estigmatizar a determinados colectivos: migrantes (como si no estuvieran ligados históricamente a la clase obrera), trabajadores de baja, mujeres, ocupas… Así se fomenta la guerra del pobre contra el pobre, discriminación, racismo y xenofobia, como respuesta de un bloque reaccionario ante una sociedad más desigual y con recursos más limitados, concentrados en la economía de guerra que ya está en marcha y se intenta ocultar.
En este escenario, hay que coordinar y hacer confluir las luchas emergentes caminando hacia un otoño valenciano, pero también luchar por valores como justicia social, solidaridad, derecho a decidir y una interpretación de la realidad que defiende nuestros intereses, huyendo de la colonización del pensamiento dominante.
¿Queda más claro lo que se puede hacer con estos presupuestos?
