Las dos caras de la política migratoria del gobierno PSOE-Sumar.

La crisis migratoria de Ceuta y el colapso administrativo de la regularización extraordinaria de personas migrantes han coincidido en el mismo mes de julio de 2026, y aunque los medios las presentan como dos asuntos distintos, ambas son la misma cara de una moneda, de la misma política que decide qué colectivos migrantes puede aceptar el capitalismo español y en qué condiciones. Mientras el Gobierno «progresista» moviliza al Ejército frente a la costa de Ceuta para frenar la entrada de personas a nado, más de un millón de personas que ya trabajan y viven en el Estado español esperan, atascadas en la burocracia, a que se les reconozca un estatus legal que llevaban años sin tener.

El detonante jurídico de julio fue una sentencia del Tribunal Supremo notificada el 8 de julio de 2026, que confirma que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, la que permite los llamados rechazos en frontera, no se puede aplicar a personas interceptadas en el mar al intentar entrar a nado a Ceuta o Melilla. Quien cruza la frontera por el agua ya no puede ser devuelto de forma sumaria a Marruecos, sin trámite de identificación ni posibilidad de pedir asilo, según El País.

En ese contexto, Marruecos facilitó, o al menos no impidió, un cruce masivo hacia Ceuta que terminó con miles de entradas, incluyendo cruces a nado y por el espigón, y con al menos nueve muertes en los últimos días. El Gobierno español y las autoridades marroquíes atribuyeron la crisis a «organizaciones criminales de tráfico de personas», una explicación que despolitiza por completo el carácter estructural y estratégico de los flujos en la frontera sur, como recoge Público.

De hecho, la respuesta del Ejecutivo español ha sido rápida y contundente. Movilizó a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Civil en la frontera, con efectivos adicionales, buceadores del GEAS, un buque de la Guardia Civil y refuerzos de la Policía Nacional, incluida la Unidad de Intervención Policial. Reforzó también la dotación policial en la ciudad autónoma, con un despliegue que llegará a los doscientos agentes dedicados a seguridad ciudadana, y coordinó con Marruecos la recuperación de «la normalidad», con Pedro Sánchez asegurando que ambos gobiernos preparan «las medidas necesarias», según Europa Press.

El Gobierno rechazó declarar la emergencia nacional, a diferencia de lo que ocurre con los incendios forestales, pero la respuesta militar y policial fue claramente de excepción y se alineó con la demanda de «orden» que vino del PP y de la Asamblea de Ceuta, donde incluso el PSOE local pidió medidas extraordinarias.

La posición oficial de Sumar reclama reforzar los recursos de acogida en Ceuta, exige que cualquier actuación respete el Estado de derecho y rechaza las devoluciones en caliente, advirtiendo que no pueden producirse devoluciones de menores ni de posibles solicitantes de asilo, tal y como recoge Infobae. También critica el modelo migratorio europeo basado en la externalización de fronteras.

Sin embargo, esa retórica choca con la realidad del gobierno del que forma parte. Sumar no ha impedido el despliegue militar ni la preparación de nuevas medidas de control fronterizo, y calla mientras el Ministerio del Interior, bajo mando del PSOE, coordina con Marruecos unas medidas que todo apunta a que buscan eludir la sentencia del Supremo o preparar una reforma legal que recupere los rechazos en frontera, como ha reclamado abiertamente el presidente de Ceuta según Infobae.

Sumar ocupa el lugar del ala progresista del aparato estatal que legitima la gestión capitalista de las fronteras, hablando de derechos humanos mientras participa en un ejecutivo que moviliza al ejército y negocia con un régimen monárquico para contener a la fuerza a la clase trabajadora migrante.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, ha sido explícito e insta a PP y PSOE a «ponerse de acuerdo» para legalizar las devoluciones en caliente mediante una modificación de la Ley de Extranjería que recupere el rechazo en frontera. La disposición que lo permitía nació con la Ley de Seguridad Ciudadana del propio PP, la conocida «ley mordaza», que en su momento fue recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional, según recoge este estudio de la URJC.

Hoy PSOE y PP convergen en blindar la frontera sur, aunque con matices tácticos distintos, y esa convergencia revela que la frontera no es un problema coyuntural sino un elemento estructural del Estado español en su relación con el norte de África, un dispositivo de control de la fuerza de trabajo migrante y de negociación geopolítica con Marruecos y la Unión Europea.

Mientras la costa de Ceuta se militariza, el cierre del plazo de solicitudes de la regularización administrativa, el pasado 30 de junio, dejó una cifra que desbordó las previsiones oficiales, con 1.174.978 personas solicitantes, más del doble de lo que había calculado el Gobierno tras publicar el Real Decreto 316/2026. La regularización se presentó institucionalmente como un gesto de generosidad del Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar, cuando en realidad tuvo un origen bastante más social, ligado a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la plataforma Regularización Ya, respaldada por cientos de organizaciones y varios cientos de miles de firmas. Antes que una concesión, fue una victoria arrancada desde la movilización social, como ya se explicó en Red Síntesis.

El Real Decreto, publicado el 15 de abril, abrió un régimen excepcional de residencia para quienes acreditasen presencia en España antes del 1 de enero de 2026 y una permanencia continuada mínima de cinco meses. El desbordamiento certificó algo que las organizaciones sociales llevaban años señalando, que la bolsa de personas en situación administrativa irregular era mucho mayor de lo que reconocían las estimaciones oficiales. Cataluña concentró el mayor número de solicitudes, seguida de Madrid, la Comunitat Valenciana, con más de 167.000 peticiones, Andalucía y Castilla-La Mancha.

De las cerca de 1.174.978 solicitudes presentadas y de las solo 630.000 admitidas a trámite hasta mediados de julio, apenas 11.000 habían sido resueltas. Una proporción que confirma que el verdadero problema de esta regularización siempre fue la escasa capacidad de gestión de la Administración. En Madrid, la Plataforma del Sector Social, organizaciones sindicales y el Colegio de Trabajo Social Crítico se han visto obligados a convocar concentraciones frente a las oficinas de Extranjería para denunciar un colapso que deja a personas durmiendo en la calle para conseguir cita previa.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia del 8 de julio sobre el Reglamento de Extranjería, anuló diversos preceptos relativos a la reagrupación familiar de ascendientes de ciudadanos españoles y a la protección de menores extranjeros, pero al mismo tiempo confirmó que el tiempo como solicitante de protección internacional no puede computarse para acreditar el arraigo exigido en determinadas modalidades. El Alto Tribunal actúa así como un contrapeso parcial y selectivo, no como una garantía general de derechos.

Los sindicatos insisten en que el elevado número de solicitudes evidencia una amplia bolsa de empleo irregular ligada a la explotación laboral y a la economía sumergida, y advierten que regularizar documentalmente, y solo por un año, no basta si no va acompañado de una lucha efectiva contra el fraude laboral, de salarios dignos y de la incorporación real de estas personas a la cotización a la Seguridad Social. El Gobierno ha anunciado un Plan de Integración y Cohesión dotado con 505 millones de euros para 2026, pero su alcance dependerá de una ejecución que, a la vista de la propia gestión del proceso de regularización, dista de estar garantizada.

Ceuta y la regularización extra son, en realidad, la misma política vista desde sus dos extremos. El Estado español no gestiona la migración según criterios humanitarios, regula el acceso de fuerza de trabajo a su territorio en función de las necesidades del capital. Filtra qué trabajadores pueden entrar y en qué condiciones, mantiene a una parte de la clase trabajadora migrante en la precariedad extrema mientras carece de papeles, y genera con ello un ejército de reserva que presiona a la baja los salarios y las condiciones laborales de toda la clase obrera.

Las devoluciones en caliente y las regularizaciones excepcionales son dos caras de ese mismo mecanismo, la primera cierra la puerta con violencia, la segunda la abre a cuentagotas y bajo control administrativo.

Marruecos actúa como gendarme externalizado de la Unión Europea, conteniendo los flujos migratorios a cambio de contrapartidas económicas, políticas y territoriales, lo que deja a España en una posición de dependencia estratégica que la hace vulnerable a presiones como la vivida en Ceuta. La última regularización extraordinaria anterior a esta se remonta a 2005, y que España solo pueda resolver periódicamente, mediante procesos excepcionales, una acumulación de personas sin papeles que se genera de manera continua es la prueba más clara de que el sistema ordinario de extranjería no funciona.

La presencia de Sumar en el Gobierno no cambia la función de clase del Estado, la legitima. Aporta el discurso de los derechos humanos, la acogida y las vías legales, que suaviza la imagen del Estado ante la izquierda y los movimientos sociales, pero en la práctica no rompe con la lógica de control fronterizo ni con la gestión administrativa de la irregularidad como forma de disciplinar a la clase trabajadora migrante.