No al criterio de “prioridad nacional” para acceder a las prestaciones sociales acordado por el PP y Vox valencianos.

La izquierda social y política rechaza por fascistas las nuevas medidas que condicionan el acceso a los servicios sociales según el origen y la nacionalidad. Esta es ya la segunda norma de «prioridad nacional» aprobada en las Cortes valencianas en menos de un mes.

El sistema público valenciano de servicios sociales, construido durante décadas sobre el principio de universalidad, tiene una nueva grieta (además de la infrafinanciación sobrevenida durante décadas), el criterio de «prioridad nacional» para acceder a las prestaciones. Una medida aprobada por el PP-Vox como enmienda a los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 y que está siendo frontalmente rechazada desde la izquierda, por su carácter racista y xenófobo, así como por la oposición parlamentaria que lo califica de fascista. Y también el Consell Valencià de Treball Social (CVTS), que agrupa a los tres colegios profesionales de Trabajo Social de Castelló, València y Alicante, considera que esta norma cuestiona «de forma sustancial» el modelo actual de sistema público de protección social valenciano.

La aprobación de esta medida tiene precedentes recientes. Porque, a finales de julio, PP y Vox ya  introdujeron el concepto de «prioridad nacional» en el acceso a la vivienda protegida de la Generalitat. Pocos días después, extendieron ese mismo principio a las ayudas sociales, entre ellas la Renta Valenciana de Inclusión, en lo que distintos medios han descrito como la segunda norma de este tipo aprobada en España. Y ahora el PP valenciano ha cedido de nuevo ante las exigencias de su socio parlamentario, Vox, incorporando en los presupuestos de la Generalitat un criterio que hasta ahora era terreno casi exclusivo de la ultraderecha.

De este modo, el texto pactado por PP-Vox que se incorpora como disposición final a la ley de acompañamiento presupuestario, encarga al Consell y órganos competentes realizar un desarrollo reglamentario de «todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspiradas en el principio de prioridad nacional», con el objetivo declarado de asignar los recursos a quienes acrediten un «arraigo real, duradero y verificable» en el territorio.

En la práctica, la reforma endurece de forma notable los requisitos de residencia, de modo que se exigirá un empadronamiento continuado de al menos tres años en cualquier municipio valenciano, o diez años dentro de los treinta anteriores a la solicitud, de forma continuada o interrumpida. Son plazos muy superiores a los que regían desde abril, cuando bastaban quince meses continuados o cinco años dentro de la última década. Junto a ello, también se limita el acceso de las personas en situación administrativa irregular a las prestaciones estructurales, restringiéndolo a supuestos de urgencia vital, y se extiende el criterio de prioridad nacional también a la atención al público del personal funcionario.

El PP defiende que se trata de los presupuestos «más sociales de la historia» y que sitúan «a la persona en el centro». La oposición, sin embargo, califica la medida como «fascista y xenófoba» y preparan un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. E igualmente el Gobierno central, por su parte, ha señalado su rechazo a cualquier medida que discrimine a las personas por su origen u otras circunstancias.

Frente a este relato, el Consell Valencià de Treball Social (CVTS), en su comunicado del pasado 3 de julio, denuncia que la reforma sustituye «un modelo basado en el reconocimiento de derechos, la universalidad de la atención, los criterios técnicos y la valoración profesional de las situaciones de necesidad» por otro condicionado por «circunstancias personales ajenas a la intervención técnica», como el origen o la nacionalidad. Para los colegios profesionales, esto «debilita la función protectora del sistema público, incrementa el riesgo de exclusión social y erosiona la convivencia».

«La denominada ‘prioridad nacional’ introduce un criterio de diferenciación basado en el origen o la nacionalidad incompatible con los principios de igualdad, universalidad y no discriminación.»

El CVTS reclama además que una reforma de este calado —que toca los fundamentos mismos del sistema público de servicios sociales— no se tramite por la vía de enmiendas a una ley de acompañamiento presupuestaria, sin previo debate específico ni participación de los agentes sociales y profesionales que sostienen el sistema en el día a día.

Ciertamente, la “prioridad nacional” no resuelve ninguna de las causas estructurales de la precariedad que golpea a la clase trabajadora valenciana: la vivienda inaccesible, los salarios estancados, la sobrecarga de unos servicios sociales crónicamente infradotados de personal y recursos. Lo que hace es desplazar la explicación de esa precariedad desde sus causas —la especulación inmobiliaria, la patronal, el reparto de la riqueza— hacia la persona migrante, convertida en competidora por unos recursos que, en realidad, son escasos por decisión política, no por naturaleza.

Es una operación que ya conocemos bien, la de enfrentar a los de abajo entre sí para que no miren hacia arriba. Cuando el acceso a una ayuda social empieza a depender de cuántos años lleva una familia empadronada, y no de su necesidad objetiva, el sistema deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio condicionado, y ese mecanismo puede aplicarse mañana a cualquier otro colectivo que el poder decida señalar. La universalidad no es un adorno técnico, es mucho más, lo que impide que los derechos sociales se conviertan en botín a repartir por la última mayoría parlamentaria.