El procedimiento sancionador que la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto al portal de la ‘Directa’, a raíz de las investigaciones publicadas por este medio sobre la policía de infiltración policial en organizaciones sociales, genera un serio efecto intimidatorio y de mordaza en el periodismo de investigación.
Los medios y organizaciones por el derecho a la información y los derechos humanos ya han adherido a la siguiente declaración. Consulta quién lo ha hecho más abajo en esta publicación y únete a él haciendo clic en este enlace.
DECLARACIÓN
Los firmantes y organizaciones desean expresar nuestro apoyo a la Directa y nuestra profunda preocupación por el procedimiento sancionador promovido por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), como resultado de sus investigaciones sobre la policía infiltrada en el movimiento independentista y los movimientos sociales. El procedimiento se origina a partir de una denuncia de cuatro de los agentes encubiertos que los medios han descubierto.
Las investigaciones de la Directa constituyen un ejercicio legítimo del derecho a comunicarse y recibir información veraz, reconocido por el artículo 20 de la Constitución española. También responden a la función democrática esencial de los medios como vigilantes de las autoridades públicas, especialmente cuando investigan acciones de la policía secreta que afectan a derechos fundamentales.
La relevancia pública de la información publicada es indiscutible. Las infiltraciones descubiertas llevaron a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña y dieron lugar a numerosas iniciativas y preguntas parlamentarias por parte de la oposición en el Congreso de Diputados. Los casos también han sido reportados por medios catalanes, españoles e internacionales, como The Guardian o La Repubblica, entre otros.
A pesar de este evidente interés público, la AEPD considera que cierta información e imágenes publicadas por La Directa son incompatibles con la normativa de protección de datos. Concluye esto a pesar de que los medios adoptaron medidas diferentes para proteger la verdadera identidad de los agentes.
Esta decisión genera un efecto serio, intimidante y de nauseabundo en el periodismo de investigación. La amenaza de una sanción económica y la eliminación de contenido pueden disuadir a los medios de comunicación de publicar información relevante sobre las acciones de las autoridades públicas. Por lo tanto, tiene un efecto comparable al que se conoce como SLAPPS, destinado a silenciar.
No solo está en juego la libertad de la Directa. Este procedimiento puede sentar un precedente muy peligroso para todos los medios y profesionales que investigan abusos policiales u otros asuntos incómodos para las instituciones.
La acción del AEPD contrasta con la respuesta de las instituciones públicas a casos similares en el Reino Unido. Tras descubrirse que agentes encubiertos mantenían relaciones íntimas bajo identidades falsas con activistas, y gracias a la presión popular y mediática sostenida de movimientos sociales, organizaciones sociales y medios de comunicación, tanto la policía como el gobierno británico asumieron sus responsabilidades: pidieron perdón a las víctimas y las compensaron.
Además, las identidades y fotografías de los agentes encubiertos se publicaron en los medios con total libertad y aún pueden consultarse hoy en día, sin que esto haya provocado la imposición de sanciones a los medios que informaron sobre los hechos.
En España, en cambio, los casos de infiltración policial continúan sin una investigación efectiva ni una purga de responsabilidades, mientras que los medios que los descubrieron enfrentan una sanción.
Por todas estas razones, exigimos:
–El archivo inmediato del procedimiento sancionador contra la Directa.
–Que el Estado español introduzca los cambios legislativos necesarios para cumplir eficazmente con el artículo 85 del Reglamento (UE) 2016/679, de modo que las normativas de protección de datos no puedan usarse para silenciar y censurar a los medios.
Defender la Directa es defender el derecho de la sociedad a conocer las acciones de las autoridades públicas. No podemos permitir que quienes investigan sean sancionados mientras los que se infiltran están protegidos.
