Islandia decidió NO adherirse a la UE.

El pasado 29 de agosto, como informó la prensa internacional, más de 270.000 islandeses fueron llamados a las urnas para responder a la cuestión de si “debía Islandia reabrir las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, congeladas desde 2013”. Con una participación del 82,5%, la más alta desde las elecciones legislativas de 2009, el resultado fue claro: 52,8% de noes frente a 47,2% de síes. Bruselas, que veía con buenos ojos la incorporación de una isla próspera del Atlántico Norte, se quedó sin candidata.

El reparto geográfico del voto en esta votación dibuja, con bastante nitidez, la línea de fractura de clase que también atraviesa a media Europa. Veamos.

El “sí” ganó en la capital, Reikiavik —57,5% en la circunscripción Norte y 54,5% en la Sur—, pero poco más. En el resto del país, las circunscripciones del noreste, noroeste y sur, zonas rurales, pesqueras y agrícolas, el “no” superó el 60%. cabe explicar estos resultados porque la pesca representa cerca del 8% del PIB islandés y casi el 40% de sus exportaciones. Es la columna vertebral material de comunidades enteras, y esas comunidades saben perfectamente lo que significa ceder soberanía sobre sus caladeros a una Política Pesquera Común diseñada en Bruselas para repartir cuotas entre flotas industriales de países mucho más grandes.

No hay que remontarse mucho para entender este reflejo defensivo. Entre 1958 y 1976 Islandia libró varias “guerras del bacalao” con el Reino Unido, llegando al borde del enfrentamiento naval, para proteger su zona económica exclusiva. Esa memoria colectiva de un pequeño país defendiendo sus recursos frente a potencias mayores no se ha borrado, y la campaña del “no” la explotó con inteligencia.

Frente a esto, el electorado urbano de la capital —más integrado en circuitos financieros y de servicios, más permeable al relato geopolítico sobre Rusia, Trump o Groenlandia— votó pensando en alineamientos de bloque, no en cadenas de suministro pesquero. Es la vieja tensión entre quienes viven de la producción real y quienes viven de administrar flujos.

Conviene no perder de vista que la propia pregunta del referéndum estaba diseñada para minimizar el riesgo político. No se preguntaba si Islandia quería entrar en la UE, sino si debía siquiera hablar de ello.  Que ni con esa cautela extrema haya logrado imponerse el “sí” da la medida real del rechazo popular al proyecto europeísta, no solo en Islandia sino en buena parte de la periferia del continente. La primera ministra socialdemócrata, Kristrún Frostadóttir, había apostado su capital político a esta consulta y ahora tendrá que asumir el resultado, tal y como prometió respetar.

Desde Bruselas, la reacción ha sido la de siempre, envolver la derrota en fórmulas diplomáticas sobre el “respeto a la elección democrática” y recordar que Islandia sigue siendo un socio de confianza a través del Espacio Económico Europeo y Schengen (Observador). Es decir, que  seguirá disciplinada por las reglas del mercado único sin tener ni voz ni voto en cómo se escriben.

El caso islandés desmiente el relato de que la adhesión a la UE es un destino natural e inevitable para cualquier democracia europea. Cuando a una población se le permite votar sobre algo que realmente le afecta la vida material —el control sobre sus propios recursos productivos— y no sobre el marco discursivo que le imponen los grandes medios, la respuesta no es tan europeísta como nos quieren hacer creer.

No hace falta buscar paralelismos forzados con el Estado español o con el resto del sur de Europa. Ya es sabido que aquí ni siquiera se nos ha preguntado nunca, mientras que los “progresistas” y la izquierda institucional continúan enrocados en la permanencia. Pero la lección de fondo vale igual: la defensa de la soberanía productiva y de los sectores populares —pesca, campo, industria— frente a la lógica de bloque y de mercado es una batalla de clase, no una cuestión identitaria ni de simpatías geopolíticas. Islandia lo ha recordado con votos. A nosotros nos toca recordarlo con organización.