Memoria histórica versus democrática: el caso de la Institución Libre de Enseñanza.

El PSOE lleva al Congreso una proposición para homenajear a la Institución Libre de Enseñanza que viola el principio fundacional de esa misma institución —la independencia frente a los partidos—, mientras las autonomías del PP y Vox desmontan pieza a pieza la legislación de memoria democrática bajo el eufemismo de la «concordia».

Con la tranquilidad que da la larga experiencia de la tergiversación, el Gobierno ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reconocer a la Institución Libre de Enseñanza (ILE) que contradice, en su propio planteamiento, los principios de independencia institucional y laicismo sobre los que se fundó esa institución. Se trata de una instrumentalización política que rima, salvando las distancias, con la vieja costumbre de llamar «guerra civil» a lo que fue un levantamiento militar fascista contra el ejército de la República. Una sustitución semántica de “militar” por “civil” que al franquismo siempre le interesó para trasladar al terreno social  una responsabilidad que era estrictamente militar y golpista, diluyendo así su propio protagonismo en la masacre de tanta población.

Y también cabe hablar de la denominada por los progresistas “memoria democrática” en sustitución de la “memoria histórica” que defiende el movimiento memorialista. Dado que nos referimos a “memoria” para englobar lo sucedido durante  la larga noche franquista donde no hubo libertades ni democracia formal en absoluto ¿por qué la llaman memoria democrática?. Pues para silenciar lo mismo que con lo de “guerra civil”, como ahora veremos también en este caso del ILE.

El 10 de julio de 2026, el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para conmemorar, con motivo de su 150 aniversario, el legado de la ILE, la institución educativa fundada en 1876 por Francisco Giner de los Ríos que convirtió el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y la laicidad en el eje de un proyecto pedagógico sin parangón en la España de la Restauración. La iniciativa propone un programa de actos institucionales, conferencias y exposiciones, además de la reedición del Boletín de la Institución (BILE) y el reconocimiento del papel de las mujeres en el movimiento renovador, a través del Lyceum Club Femenino Español.

El problema, señalado por medios críticos como Nueva Tribuna, no está en el homenaje en sí, sino en su forma. La propia exposición de motivos de la proposición reconoce que la ILE «se declara ajena a todo interés religioso, ideológico o de partido político» en sus estatutos fundacionales para, acto seguido, tratar de capitalizar ese legado mediante una iniciativa parlamentaria de partido. Que sea precisamente un grupo parlamentario —el PSOE— quien presente la proposición ya constituye, en sí mismo, una vulneración del espíritu que la ILE defendió durante más de sesenta años frente a la injerencia de los poderes religiosos, políticos y gubernamentales.

A ese problema de forma se suma uno de fondo, porque la narrativa elegida salta directamente desde la Junta para Ampliación de Estudios y la Segunda República hasta el presente, sin nombrar la mal llamada Guerra Civil ni la represión franquista que exterminó físicamente el proyecto de la ILE en 1939. Un vacío que no puede ser casual en ningún relato institucional coherente sobre nuestra memoria histórica, como ya vimos. Y es que lo que no se nombra no exige responsabilidades, y una conmemoración que evita nombrar al verdugo no es memoria, es márketing institucional con fecha de caducidad electoral.

Una memoria que se activa solo cuando conviene votar, y se diluye cuando toca gobernar, no es memoria: es gestión de la imagen.

Esta omisión histórica de responsables y responsabilidades se produce, por otra parte, en paralelo con una ofensiva mucho más amplia y coordinada contra la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y las normativas autonómicas equivalentes, impulsada allí donde gobiernan el PP y Vox. El caso más reciente y de mayor calado es Andalucía, donde el pacto de investidura de 150 medidas que permitió a Juanma Moreno repetir como presidente de la Junta con apoyo de Vox incluye, en su punto 148, el compromiso expreso de sustituir la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática —aprobada sin un solo voto en contra— por una futura «Ley de Concordia» antes de que termine 2026.

De esa ley todavía no se conoce ni un borrador, solo el nombre y el calendario. Pero la experiencia de Baleares, la Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, donde el Gobierno central ya ha recurrido normas similares ante el Tribunal Constitucional, permite anticipar su contenido. A saber, que la administración deja de estar obligada a impulsar exhumaciones por iniciativa propia y pasa a depender de que las familias las soliciten; las partidas presupuestarias específicas para excavaciones se diluyen o desaparecen como línea propia; y los mapas públicos de fosas dejan de ser vinculantes. El resultado práctico es que se deroga lo concreto —protocolos, censos de víctimas, retirada de simbología franquista, contenidos educativos— y se ofrece a cambio una palabra vacía, “concordia”.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, lo ha resumido con precisión. Mientras que las leyes de memoria actuales ponen el foco en las víctimas (pero omitiendo a los victimarios), las leyes de concordia equiparan democracia y dictadura y reducen las exhumaciones a mera arqueología, invisibilizando a quienes todavía buscan a sus familiares en las cunetas. Por eso el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá también la eventual ley andaluza si llega a tramitarse, siguiendo la misma vía judicial abierta en el resto de comunidades gobernadas por la derecha y la ultraderecha.

Aquí es donde la contradicción socialista sobre la ILE deja de ser un simple desliz retórico para revelar algo más estructural. Frente al desmontaje reaccionario de la memoria democrática por parte de PP y Vox, la respuesta de la izquierda institucional no es construir una memoria popular y emancipadora, histórica, con responsabilidades y responsables explicitados. En lugar de seguir al movimiento memorialista, se limita a reproducir la misma lógica de apropiación estatal y partidista que dice combatir. Una memoria de la ILE convertida en efeméride parlamentaria del PSOE no es menos instrumental que una «ley de concordia» de Vox. Ambas subordinan un proceso histórico complejo a la necesidad de construir relato electoral, solo que en direcciones políticas opuestas.

El propio ámbito educativo reproduce esta tensión. En Cantabria, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha promovido la creación de una Cátedra de Memoria Democrática en la Universidad de Cantabria, dotada con 100.000 euros para 2026 y 2027, que ha sido denunciada por sectores conservadores como imposición de una «narrativa histórica sesgada» —un recurso desestimado por el Tribunal Supremo en agosto de 2026 por no guardar relación real con el contenido del decreto impugnado—. La derecha judicializa la memoria democrática que le incomoda; la izquierda institucional la convierte en acto protocolario cuando le conviene. En ningún caso la memoria histórica aparece como lo que debería ser, como un instrumento vivo de organización popular contra la impunidad del franquismo, su legado y herederos.