La enseñanza pública valenciana inicia el curso 26/27 retomando la lucha.

El viernes 11 de septiembre, apenas dos días después de que suene el timbre del nuevo curso, el sindicato mayoritario en educación, STEPV, vuelve a sacar a la calle a la comunidad educativa valenciana. Será la sexta marcha lenta «por la educación pública» desde que arrancó este ciclo de movilizaciones. Una iniciativa que llega en un momento en el que el conflicto entre el profesorado y la Generalitat sigue sin cerrarse y ha añadido nuevos agravios. Porque a la negociación estancada sobre plantillas, ratios, infraestructuras o Formación Profesional se le ha sumado, en pleno verano, una herramienta jurídica que los sindicatos no dudan en calificar de «caza de brujas», como sería la reconversión de la Inspección Educativa en un órgano censor.

La convocatoria del 11-S a las 18.00h en la Plaza de la Virgen de València será, pues, el punto de partida de una comitiva de bicicletas, patinetes y patines que recorrerá la ciudad hasta llegar, dos horas más tarde, al polideportivo de la Malvarrosa. Se trata de una iniciativa de carácter abierto —»todo el mundo es bienvenido: niños y niñas, familias y ciudadanía»— y que cuenta con la autorización de la Delegación del Gobierno. Y el día siguiente, el 12 de septiembre, la movilización se multiplicará en manifestaciones simultáneas en Alicante, València y Castellón, convocadas por STEPV, CCOO, UGT, CGT, CSO, COS, Docents en Lluita y la Coordinadora Antiprivatización y en Defensa de la Pública Valenciana (CADPV). (Ver el llamamiento en el Anexo).

Lo que ha cambiado entonces con respecto al curso pasado no es la lista de reivindicaciones pendientes —plantillas docentes, reducción de ratios, infraestructuras, inclusión educativa, FP—, que sigue prácticamente intacta pese a los acuerdos parciales alcanzados en salarios y lengua valenciana tras la amenaza de huelga indefinida de mayo. Lo que ha cambiado es que, el 10 de agosto, el Consell del popular Juanfran Pérez Llorca publicó en el DOGV una reforma del Decreto 80/2017 —pactada con Vox dentro de la ley de acompañamiento presupuestario— que añade dos artículos, el 155 y el 156, encargando a la Inspección Educativa «velar por el cumplimiento de la neutralidad ideológica en los centros» y «supervisar activamente» que las actividades, materiales curriculares y actos escolares permanezcan «ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento o proselitismo político». E igualmente la norma añade un canal de denuncia externo, abierto a «familias o terceros», que la Inspección deberá valorar en un plazo de diez días hábiles.

El problema no es jurídico, es político. Como ha recordado el exsecretario autonómico de Educación Miguel Soler, la neutralidad ideológica de la escuela pública figura en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación desde 1985, y la Inspección ya disponía de mecanismos para actuar ante propaganda partidista real. No existía ningún vacío que cubrir. Lo que la reforma introduce es una categoría deliberadamente ambigua —¿qué es «adoctrinamiento» cuando se habla de coeducación, de programas contra la LGTBIfobia, de memoria histórica  o de derechos laborales?— que convierte la sospecha ideológica en criterio administrativo. Soler lo ha resumido con una fórmula que circula ya entre el profesorado: la norma articula «un pin parental a lo bestia».

El mensaje al profesorado es explícito. La Consellería les advierte que se “porten bien”, de acuerdo con los parámetros que ella misma considere. Lo que, junto el miedo a las sanciones, incrementa los sentimientos de indefensión y sospecha preventiva sobre el profesorado.

La reforma instaurada, en efecto, más que perseguir incrementar las infracciones concretas —para eso ya existían herramientas—, lo que provoca es un efecto de intimidación generalizado para erosionar la autonomía pedagógica del profesorado justo en los contenidos críticos o que pongan en cuestión el orden social existente.

No descubrimos nada nuevo al señalar que la enseñanza pública siempre cumple una función de reproducción ideológica de la fuerza de trabajo y que esa función nunca ha sido políticamente “neutra”, por mucho que así se diga. Pero lo que a partir de ahora se llamará «neutralidad» es, en la práctica, la imposición ideológica de un determinado sentido común —nacionalista, patriarcal, despolitizado— frente a cualquier pedagogía que incluya  elementos de crítica, clase, género o memoria histórica en el aula. No es casualidad que la medida llegue pactada con Vox, ni que se apoye en la misma lógica de las «leyes de concordia» que en otras comunidades autónomas reescriben la memoria del franquismo bajo la careta de la equidistancia.

El presidente Pérez Llorca ha respondido a las críticas apelando a la «libertad de pensamiento» y a la «libertad educativa» como bandera electoral de su gobierno. «Ningún profesor va a ser perseguido», ha asegurado. Pero la contradicción es evidente, al invocarse la libertad individual del docente frente a la Administración mientras se instala, con nombre y apellido en el DOGV, un canal oficial para que cualquier familia pueda activar un expediente contra ese mismo docente por el contenido de una clase. La libertad que se protege no es la del profesorado, sino la del statu quo ideológico frente al profesorado.

STEPV, UGT y CCOO han calificado la reforma de «caza de brujas» y de conversión de la Inspección en «policía educativa»; la Confederación Gonzalo Anaya habla de «retroceso» y de «falta de respeto» al profesorado. La reacción sindical es unánime, pero conviene no perder de vista el marco temporal, porque la norma llega precisamente cuando la negociación de fondo —la que debía resolver sobre plantillas, ratios e infraestructuras tras la huelga indefinida de mayo— sigue bloqueada en lo esencial. La Conselleria no ha cedido en la mesa de negociación y además ha abierto un frente nuevo de disciplinamiento por otra vía. En realidad, antes que resolver el conflicto educativo valenciano , lo que se ha hecho ha sido desviarlo del terreno de las condiciones materiales de trabajo (que exigen mayores presupuestos públicos) al terreno del control ideológico del aula. Lo que también servirá para precarizar más el ejercicio de la docencia.

ANEXO. COMUNICADO UNITARIO

Un nuevo curso académico y la lucha continúa. Ante la situación crítica que se encuentra la educación pública valenciana, consideramos esencial reactivar y fortalecer la participación de los profesores de los centros educativos a través de sus asambleas.

Desde la CADPV, STEPV, CCOO, UGT, CGT, CNT, CSO, COS, Sindicat d’Estudiantes, AEEP-PV y Docents en Lluita, tras una reunión celebrada el 1 de septiembre, animamos a la comunidad educativa a reanudar las movilizaciones y a exigir a la Consellería lo que no  ha cumplido: la dignidad de la escuela pública.

No debe olvidarse que las asambleas escolares deben ser el espacio desde el cual la los profesores pueden ser informados, debatir, organizar y tomar decisiones sobre el futuro de las movilizaciones. Por esta razón, llamamos a la promoción, recuperación y expansión de la red de asambleas escolares en todo el País Valenciano.

→ Movilicemos desde los centros y recuperemos la protesta los jueves. El 10 de septiembre, reunámonos en las escuelas para mostrar que la llama de nuestras demandas sigue encendida y como paso previo a la movilización del 12 de septiembre. Estas acciones también deben servir para dar visibilidad a nuestras demandas, añadir camaradas y preparar una movilización amplia y enérgica.

→ El 12 de septiembre, todos en las calles: la manifestación debe ser masiva y por eso necesitamos una asistencia que sea un éxito. Debemos trabajar para que toda la comunidad educativa forme parte de cualquiera de las marchas convocadas en Alicante, Castellón o Valencia. Para lograrlo, es esencial fomentar y facilitar la participación de profesores, familias, estudiantes y todas las personas comprometidas con la educación pública de calidad. La fuerza de la movilización dependerá de nuestra capacidad para organizarnos y para llevar las demandas a todas las escuelas.

→ El futuro de las movilizaciones debe decidirlo todos nosotros. Por eso es esencial que las asambleas escolares comiencen a trabajar para la participación de un mayor número de profesores. Nuestro eje central debe ser estas reuniones porque son la base para poder tener voz en todas las decisiones que deben tomarse a partir de ahora. Recordemos que sin una movilización real no habrá negociación efectiva y que las calles y los centros deben ser el escenario a través del cual lograr avances en nuestras demandas.

Este inicio de curso escolar también debe ser un tiempo de organización y movilización. Empecemos las acciones al inicio del curso, fortalezcamos las asambleas y preparemos las próximas movilizaciones.