La justificación del gobierno sobre Ceuta es un fraude.

Lo que el documento interno difundido a la militancia bajo el rótulo de “el PSOE Responde sobre Ceuta” calla es más revelador que lo que dice. Un mínimo análisis de sus argumentos revela una gestión socialista de las fronteras bastante parecida al lenguaje securitario de la derecha, aunque se proclama como su antídoto.

Circula desde comienzos de agosto un documento interno de la organización del PSOE de Ceuta, remitido a la militancia para «hacer pedagogía en la calle» tras la crisis fronteriza de julio. Se trata de un argumentario, de un manual de respuestas cerradas —dieciséis preguntas, dieciséis contestaciones— pensado para que la afiliación repita y difunda, preferiblemente palabra por palabra, la versión oficial ante cualquiera que pregunte en el bar, en el portal o en el grupo de WhatsApp del barrio. Ese género textual, el argumentario, merece leerse con el mismo cuidado que un comunicado público, aunque no está escrito para el público general sino para blindar una narrativa oficial antes de que llegue a la calle. Y lo que revela su contenido, en contraste con lo que efectivamente ocurrió en la frontera sur española entre el 30 de julio y agosto, es la distancia exacta entre el humanismo que un partido socialdemócrata necesita proclamar y la política de contención que en la práctica gestiona, por imperativos propios y ajenos.

El documento describe lo sucedido como «una llegada masiva de miles de personas que de forma irregular violentó nuestra integridad territorial». La elección léxica no es casual: «avalancha», «violentó», «integridad territorial» son términos que pertenecen al vocabulario de la seguridad nacional, no al de los derechos humanos ni al de la acogida. Es, de hecho, casi literalmente la fórmula que empleó Pedro Sánchez en sus comparecencias al calificar los hechos como una violación de la integridad territorial española. El argumentario del partido que se presenta como dique contra «el discurso del odio» de «la derecha y los nuevos socios que han aparecido por la Ciudad» recurre, para narrar el mismo episodio, a una gramática de invasión que no necesita que la extrema derecha se la preste, la produce por sí solo, desde el aparato del Estado.

Esa gramática no es un accidente retórico. Entre 60.000 y 65.000 personas intentaron cruzar a nado o por el espigón del Tarajal el 30 y 31 de julio, y al menos 72 murieron ahogadas o aplastadas en la aglomeración, según la propia Delegación del Gobierno en Ceuta. El documento del PSOE ceutí no menciona esa cifra ni una sola vez. Dedica un párrafo entero a explicar por qué no se cerró la frontera —»cualquier obstáculo… produciría miles de muertes»— pero omite que la avalancha, tal como ocurrió, ya produjo setenta y dos. Está ausencia no es casual para un argumentario que necesita presentar la gestión gubernamental como prudente y bajo control, por lo que no puede permitirse abrir la puerta a la pregunta de responsabilidad contraída que exigiría nombrar a los muertos.

La pregunta más reveladora del documento es la que aborda la «barrera marina» instalada frente a Ceuta. El argumentario explica, con relativa honestidad técnica, su origen en una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio de 2026 que estableció que quien entra a nado no supera ningún «elemento de contención fronterizo» —a diferencia de quien salta una valla— y que por tanto no puede aplicársele el rechazo en frontera, la devolución sumaria conocida como «devolución en caliente». Debe seguirse, en cambio, el procedimiento ordinario de extranjería, con asistencia letrada, intérprete y posibilidad de solicitar protección internacional. Fue una sentencia estrecha, limitada a un caso concreto —un ciudadano argelino entregado a Marruecos sin garantía alguna en 2024— pero con un efecto de fondo: durante unas semanas, llegar nadando ofrecía más protección jurídica que llegar por tierra.

El propio fallo, sin embargo, dejaba una puerta entreabierta: «nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar…», pudiera aplicarse también allí el rechazo en frontera.

El Gobierno no tardó en cruzar esa puerta. La barrera marina no es, como sugiere el argumentario, un simple «elemento disuasorio» técnico, es la respuesta administrativa diseñada específicamente para reconvertir el mar en una «valla» a efectos legales y así poder volver a aplicar la devolución sumaria a quienes lleguen nadando. El documento lo admite casi sin querer —»se ha instalado este nuevo obstáculo… para facilitar la aplicación del marco legal vigente»— pero lo presenta como neutralidad jurídica cuando en realidad es la clausura activa de la única vía que, por unas semanas, había dado a algunas personas acceso a un procedimiento con garantías. Donde un tribunal abrió una rendija de derechos, el Estado instaló rejas de hierro.

El documento se presenta explícitamente como un dique frente a la extrema derecha. Dice que «no vamos a permitir que se imponga el discurso del odio […] frente a soluciones simplistas que… pasan por sembrar miedo y crispación». Pero la propia respuesta que da al resto de preguntas es un inventario detallado de despliegue militar y policial: 225 agentes de la Unidad de Intervención Policial, un equipo de identificación de la Policía Nacional, sesenta agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad más dos pelotones adicionales, treinta guardias civiles de Andalucía, ocho buceadores del GEAS, un buque, un helicóptero, pilotos de drones. Ceuta ya cuenta con catorce agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por cada mil habitantes, tres veces y media la media nacional, y esa plantilla ha crecido un 31,5% desde 2018.

Esta acumulación de medios de coerción no combate el «discurso del odio»: lo desplaza del terreno simbólico al terreno material. La izquierda gubernamental no necesita que Vox pida el cierre de la frontera para militarizarla. Lo hace con su propia lógica de Estado, presentándolo como gestión seria y responsable frente al populismo de la derecha. Es la vieja división del trabajo del régimen liberal. Mientras unos gritan «invasión» en un mitin, otros despliegan el Ejército en silencio y llaman a eso «protección de la integridad territorial». El resultado material —una frontera cada vez más fortificada, un mar cada vez más parecido a una valla— es indistinguible entre ambos discursos, aunque el vocabulario empleado en la plaza pública sea distinto.

El argumentario dedica un apartado extenso a justificar por qué no se declaró la «emergencia nacional». Porque esa figura, explica con precisión jurídica, está pensada para catástrofes naturales o industriales, no para «la gestión ordinaria de flujos migratorios». La explicación es legalmente correcta y políticamente elocuente. Al negarse a calificar de emergencia humanitaria una crisis en la que murieron al menos setenta y dos personas en dos días, el Gobierno mantiene el episodio dentro del marco de «gestión ordinaria», evitando así cualquier mecanismo excepcional de rendición de cuentas o de coordinación europea centrada en la protección de las personas, y no solo en el control del perímetro.

La crisis, en efecto, se gestionó de forma extraordinaria en todos los sentidos —despliegue militar, buques, helicópteros, barrera marina de nuevo cuño— salvo en el único que hubiera puesto en el centro a quienes cruzaron el Estrecho y no al perímetro que intentaban cruzar. Ahí donde el marco jurídico permitía activar dispositivos excepcionales de seguridad, se activaron sin reparos; ahí donde hubiera exigido activar dispositivos excepcionales de protección humanitaria, se recurrió a la letra pequeña para descartarlo.

Conviene leer este documento junto a otro proceso que se desarrollaba en paralelo, en esos mismos días de julio y agosto, como es el cierre del plazo de la regularización extraordinaria de personas migrantes, con 1,17 millones de solicitudes presentadas. El mismo Estado que en Ceuta desplegaba buques y helicópteros para impedir que se «violentara» la frontera abría, simultáneamente, una vía administrativa para incorporar a cientos de miles de personas migrantes ya presentes en España a sectores con escasez estructural de mano de obra. No hay contradicción real entre ambos movimientos, sino una misma lógica. El capitalismo español necesita fuerza de trabajo migrante disciplinada y regularizable, pero rechaza —con barreras marinas, ejércitos y argumentarios— la llegada de personas fuera del cauce administrativo que el propio Estado controla. La frontera no separa a «los de dentro» de «los de fuera», selecciona qué cuerpos entran como mano de obra tramitable y cuáles quedan del lado de la ilegalidad que justifica la devolución sumaria.

Es la misma lógica que aprovechó Giorgia Meloni para vincular explícitamente la crisis de Ceuta con la propia regularización española, amenazando con suspender Schengen. En efecto, la ultraderecha europea entendió mejor que nadie que ambos procesos —cierre militar de la frontera exterior, apertura administrativa de la mano de obra interior— son las dos caras de una misma gestión de la fuerza de trabajo migrante, y utilizó esa contradicción para presionar en clave completamente reaccionaria. El argumentario del PSOE, en cambio, no dice una palabra sobre esta tensión. Prefiere presentar la crisis como un episodio aislado de orden público, desconectado de cualquier lectura sobre el papel estructural que juega la migración en la economía española.

El documento pide a la militancia que «transmita tranquilidad, solidaridad y, sobre todo, la verdad». Pero la verdad que transmite es parcial en esencia. Cuenta el despliegue de recursos, cuenta los agentes, cuenta los buques, y calla los nombres y el número de quienes murieron intentando cruzar. Cuenta la ley con precisión técnica y calla la decisión política de blindar por decreto la única grieta que, durante unas semanas, había dado a algunas personas acceso a un procedimiento con garantías. Se define contra «el discurso del odio» y despliega, para responder a la crisis, el mismo vocabulario de invasión y el mismo arsenal de seguridad que la derecha reclama a gritos. No es hipocresía en el sentido moral y personal del término. Tan solo trasluce la función estructural que cumple la socialdemocracia en la gestión de las fronteras del capital —administrar la violencia estatal con vocabulario humanitario, para que resulte aceptable a un electorado que se percibe a sí mismo como progresista.