Regularización y represión, la doble cara del régimen migratorio español.

El Real Decreto 316/2026 reconoce formalmente el derecho a residir de más de 500.000 personas migrantes. La Policía Nacional sigue deportándolas. Esta contradicción no es un error, muestra la funcionalidad real del sistema...

La aprobación del Real Decreto 316/2026 el 14 de abril de 2026 por el gobierno de coalición PSOE-Sumar marcó el inicio del proceso de regularización extraordinaria más amplio desde la de 2005, con capacidad para beneficiar a más de 500.000 personas en situación administrativa irregular. El plazo abierto telemáticamente el 16 de abril y que cierra el 30 de junio garantiza, sobre el papel, autorización provisional de residencia y trabajo desde la mera admisión a trámite, junto con la suspensión automática de procedimientos de retorno.

Sin embargo, un mes y medio después de su aprobación, la realidad que documentan colectivos como Regularización Ya apunta un escenario radicalmente distinto de redadas racistas, ingresos en Centros de Internamiento de Extranjeros y deportaciones semanales que continúan sin interrupción, como si el decreto nunca hubiera existido.

Aprobación	14 de abril de 2026
Inicio del plazo	16 de abril de 2026 (vía telemática)
Cierre del plazo	30 de junio de 2026
Personas beneficiarias estimadas	Más de 500.000
Efectos desde admisión a trámite	Autorización provisional de residencia y trabajo · Suspensión de procedimientos de retorno
Coste oficial del trámite	Gratuito

La disonancia entre dos ministerios del mismo ejecutivo no puede leerse como descoordinación burocrática. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones impulsa la regularización como medida de racionalización del mercado laboral y de reducción de barreras administrativas. El Ministerio del Interior, simultáneamente, mantiene operaciones de identificación por perfil racial, gestiona los CIEs a pleno rendimiento y fleta vuelos de deportación con periodicidad semanal; se atiene -en definitiva- a la política europea común sobre fronteras y libre circulación de personas. La lógica es coherente con el diseño histórico de la Ley de Extranjería, que reconoce derechos formales al tiempo que preserva mecanismos de amenaza para disciplinar a la fuerza de trabajo migrante.

El caso de Abdou, joven senegalés que llevaba tres años en España y acudió a una comisaría precisamente para avanzar en sus trámites de regularización pero fue arrestado y expulsado a Senegal, ilustra con claridad lo que el decreto no resuelve (ya advertimos al respecto en esta web). La deportación exprés en plena ventana de regularización no es una anomalía, sino la demostración de que el derecho y la justicia existen en una esfera distinta de la que habitan y viven quienes deberían beneficiarse.

«La persona migrante puede tener derecho a residir pero no tener posibilidad efectiva de acceder a ese derecho.»

La institución del Defensor del Pueblo emitió el 1 de junio de 2026 una recomendación formal instando a la Policía Nacional a no deportar a personas migrantes que estén en proceso de solicitar la regularización extraordinaria. Ángel Gabilondo reconoció haber recibido decenas de quejas de personas extranjeras sin antecedentes penales que fueron deportadas mientras sus casos estaban siendo evaluados. El hecho de que la contradicción entre derecho y realidad haya llegado a una instancia de supervisión estatal confirma que las denuncias de las organizaciones antirracistas constituyen una descripción cabal de hechos documentados.

En Madrid, de las 1.500 citas diarias disponibles en las oficinas de extranjería se pasó a una demanda acumulada de 4.000 solicitudes diarias, generando una brecha estructural entre oferta administrativa y necesidad real que, a pocas semanas del cierre del plazo, puede dejar fuera del proceso a decenas de miles de personas.

La ministra Elma Saiz denunció el 20 de abril en rueda de prensa que ayuntamientos gobernados por el Partido Popular están siguiendo consignas de obstrucción al proceso, negando o demorando la emisión de los informes de vulnerabilidad que el decreto requiere como documentación. También en Valencia, por ejemplo, se han denunciado multitud de trabas administrativas desde el Ayuntamiento.

Las identificaciones por perfil racial no han pausado durante el proceso de regularización. Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos documentaron 250 controles en Madrid durante un solo año. Infobae reportó el 2 de junio de 2026 un incremento significativo de detenciones en pleno plazo de regularización, señalando que el temor a los arrestos puede disuadir a muchas personas de completar los trámites. Amnistía Internacional y SOS Racismo han exigido la prohibición legal de las redadas racistas tras la detención de Mbaye en marzo de 2026, reforzando el argumento de que se trata de una práctica sistemática y no de incidentes aislados.

Del mismo modo, Público advertía el 13 de mayo de 2026 que los Centros de Internamiento de Extranjeros siguen operativos con personas que podrían cumplir los requisitos de la regularización, internadas sin que el decreto haya suspendido sus expedientes de expulsión. Stop Deportación emitió una alerta sobre un vuelo a Senegal programado para el 19 de mayo, en pleno plazo de solicitud. España ha mantenido un ritmo constante de vuelos chárter de deportación, y el gobierno no confirma ni desmiente oficialmente su existencia, generando la opacidad que hace posible su continuidad. El primer vuelo de deportación de senegaleses llegados a Canarias data de octubre de 2023, pero el ciclo no ha parado.

Finalmente, también hay que añadir la proliferación de despachos de abogados, asociaciones y locutorios que cobran hasta 500 euros por tramitar solicitudes que son enteramente gratuitas, aprovechando la desinformación y el miedo de un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad.

Analizando la medida en su contexto político, la regularización fue desbloqueada mediante real decreto, tras un acuerdo parlamentario amplio que permitió sortear la mayoría parlamentaria de PP y Vox, que venían impidiendo cualquier avance legislativo desde abril de 2024. Pero el decreto se circunscribe al ámbito laboral, como llegó a declarar el presidente de Gobierno sin tapujos y concedió la ministra de trabajo sin despeinarse. Responde a la necesidad de mano de obra documentada para sostener sectores como la construcción, la hostelería y los cuidados, no al reconocimiento de un derecho humano incondicional. Las plataformas de migrantes organizadas venían reclamando una regularización amplia, sin condiciones laborales previas ni restricciones burocráticas. Lo que se aprobó es una reforma que mira a la economía más que a la dignidad, y que convive pacíficamente con la Ley de Extranjería intacta.

«La excepción de la regularización no cambia la norma general de represión. Los CIEs permanecen activos, los expedientes de expulsión no se eliminan, y las deportaciones semanales continúan sin interrupción.»

Que el Defensor del Pueblo tenga que recordarle a la Policía Nacional que no deporte a quienes están regularizándose demuestra que la contradicción estructural entre derecho formal y realidad represiva no se resuelve con más información sobre cómo rellenar formularios. La observación democrática de redadas mediante brigadas vecinales, la denuncia del lucro con trámites gratuitos, la exigencia de prohibición legal de los controles por perfil racial, la coordinación con organizaciones internacionales contra los vuelos de deportación y la presión para el cierre de los CIEs son las herramientas que pueden convertir un decreto en un derecho efectivo.

Sin movilización colectiva sostenida, la regularización corre el riesgo de ser un mecanismo de integración selectiva para quienes logran superar todos los obstáculos, mientras el régimen migratorio de excepción permanente sigue operando sobre el resto.

La contradicción no va a resolverse sola. Y el tiempo se acaba el 30 de junio.