El presidente del Gobierno ha acompañado la aprobación del Real Decreto de regularización extraordinaria con una carta pública cargada de retórica y otras cosas. La medida, aprobada en el Consejo de Ministros del 14 de abril, permitirá regularizar a aproximadamente 500.000 personas que se encuentran en España en situación administrativa irregular desde antes del 31 de diciembre de 2025 (ver análisis previo en nuestra web). Es, sin duda, una medida con impacto real en la vida de cientos de miles de personas. Pero el relato que la acompaña merece leerse con distancia crítica, porque el texto firmado por Sánchez contiene contradicciones, omisiones y silencios que dicen tanto —o más— que lo que se escribe.
Una victoria social convertida en gesta presidencial
La carta comienza con una frase de orgullo nacional: «Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español. Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica.» El problema de esa frase es precisamente su sujeto gramatical. No es el Gobierno quien avanza. Es la sociedad quien ha tenido que arrastrar al Gobierno durante más de cinco años para llegar hasta aquí.
Aunque el texto del presidente reconoce el papel de «cientos de organizaciones y más de seiscientas mil personas» que trabajaron «sin descanso«, al hacerlo les convierte en meros «teloneros» de una gran obra gubernamental. Sin embargo, fueron todas ellas -personas y organizaciones- quienes realmente marcaron la agenda política durante años. La clave de por qué sale ahora la medida no aparece en la carta. Y junto con otros factores de la vida política también sin reflejar, hubiera sido de rigor reconocer que fue el bloqueo de un traspaso de competencias migratorias a Junts lo que obligó al PSOE a sentarse con Podemos, que exigió el decreto como condición. No fue voluntad política. Fue pura aritmética parlamentaria.
Justicia o utilidad: las dos caras del decreto
La carta ofrece dos argumentos para defender la regularización que, presentados simultáneamente sin tensión, revelan una contradicción de fondo. Por un lado, Sánchez habla de «un acto de justicia con nuestra propia historia«, apelando a los abuelos que emigraron y a los jóvenes que se marcharon tras la crisis de 2008. Por otro, el texto deriva rápidamente hacia el argumento demográfico: España envejece, necesita trabajadores, el sistema de pensiones necesita cotizantes. La economía española, subraya, «es hoy la que más crece en Europa» gracias al dinamismo de la población migrante.
Ambos argumentos serían, por separado, legítimos. El problema es que responden a lógicas distintas e incluso contradictorias. La justicia no tiene condiciones de rentabilidad. La utilidad económica, sí. Cuando el mismo texto los funde sin explicar la tensión que existe entre ellos, lo que se produce es un mensaje diseñado para múltiples audiencias a la vez. El discurso de derechos para los colectivos sociales; el discurso de la eficiencia para neutralizar la crítica conservadora. El resultado es políticamente conveniente, pero intelectual y éticamente inconsistente. Plantea que las personas migrantes son bienvenidas en tanto en cuanto son útiles al sistema. Eso no es justicia. Es funcionalidad con buena prensa.
Según el centro de análisis Funcas, a 1 de enero de 2025 había en España 840.000 personas no comunitarias en situación irregular, lo que representa el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios. El decreto beneficiaría a unas 500.000 de ellas.
Fuente: Maldita.es
Lo que la carta no dice: los requisitos que excluyen
La carta habla de «casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana» sin explicar que la medida no alcanzará a todas ellas. El segundo borrador del decreto exige que la persona haya llegado antes del 1 de enero de 2026 y pueda acreditar al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida en España sin haber salido del territorio. Exige carecer de antecedentes penales y cumplir al menos uno de estos tres requisitos: haber trabajado o tener contrato de trabajo durante al menos 90 días, tener hijos escolarizados o familiares con vulnerabilidad.
Esta última categoría es la más ambiciosa y también la más imprecisa del texto. Es la primera vez que una regularización española contempla explícitamente la vulnerabilidad como criterio independiente al empleo. Sin embargo, quienes han trabajado en la economía sumergida sin contratos, quienes han dependido de empleadores que nunca formalizaron la relación laboral, o quienes simplemente no pueden acreditar documentalmente esos cinco meses —por haber evitado el registro por miedo a la deportación— pueden quedar fuera de una medida presentada como universal. La carta omite completamente este horizonte de exclusión.
El silencio más ruidoso: las fronteras que España exporta
La parte más reveladora de la carta es la que no existe. Sánchez escribe que «España siempre ha elegido el segundo camino«, el de la integración y la justicia frente al del miedo y la exclusión. Es una afirmación históricamente insostenible. Y no hace falta remontarse décadas, basta con los últimos dos años de este mismo gobierno.
Y tampoco cabe ignorar que, mientras se aprobaba en Consejo de Ministros el decreto de regularización, España sigue manteniendo operativos en Mauritania dos centros de retención de migrantes construidos con fondos europeos y españoles. Por ejemplo, según una investigación publicada la semana pasada en El Español, al menos tres agentes de la Policía Nacional española acuden regularmente a esos centros en Nuakchot y Nuadibú para tomar huellas dactilares y fotografías de los detenidos, en el marco del proyecto policial POC Mauritania. El presupuesto total de ese proyecto asciende a 4,5 millones de euros procedentes del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha celebrado públicamente que la cooperación con Mauritania permitió «frenar» más de 10.000 salidas irregulares durante 2024. El reportaje de Público describe cómo ese «freno» funciona en la práctica: patrullas financiadas con dinero europeo que interceptan cayucos en la costa africana, a veces abandonando a personas en el desierto. Por eso, un informe de Human Rights Watch denuncia que los acuerdos de la UE con Mauritania han convertido al país en un «Estado tapón» donde el control migratorio se ejerce mediante tortura, maltrato y deportaciones masivas. Solo en el primer semestre de 2025, Mauritania deportó 125 personas, casi el doble que en todo 2024.
Este ciertamente no se menciona en la carta de Sánchez. No porque sea irrelevante, sino porque haría inmanejable el relato que trata de vender. No se puede afirmar, en rigor, que «España siempre ha elegido el camino de la integración» cuando el Ministerio del Interior financia centros de retención al sur de Canarias.
La política migratoria de este gobierno tiene, por tanto, dos caras opuestas, la de la regularización hacia adentro y la de la externalización de fronteras hacia afuera.
El mérito que llegó tarde y por presión
Cabe recordar que durante todo 2025, la ILP permaneció estancada en el Congreso. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, descartó en múltiples ocasiones el decreto como vía de tramitación, insistiendo en que «primero es el legislativo quien tiene que responder». Solo cuando esa vía se bloqueó definitivamente, cuando Podemos condicionó su apoyo parlamentario a la aprobación por decreto, el ejecutivo activó el mecanismo que hoy presenta como decisión propia.
El propio Aceprensa, en un análisis publicado en febrero, lo formulaba sin ambigüedad: «En la interpretación más benevolente, hay quien juzga que el Gobierno, en un momento de extrema debilidad parlamentaria y en el que necesita los votos de Podemos, ha decidido llevar a cabo esta iniciativa por la vía del Real Decreto por miedo a la retórica anti-inmigración cada vez más predominante en el discurso público.»
- 2020: Nace el movimiento Regularización Ya.
- Dic. 2022: Se entregan más de 700.000 firmas para la ILP.
- Abr. 2024: El Congreso admite la ILP a trámite (310 votos a favor).
- Todo 2025: La ILP permanece bloqueada. El Gobierno descarta publicar un decreto.
- Ene. 2026: Acuerdo PSOE-Podemos. El Consejo de Ministros aprueba iniciar el proceso por Real Decreto.
- 14 abr. 2026: Aprobación del Real Decreto definitivo.
Una medida real que merecería un relato honesto
Nada de lo anterior anula el impacto positivo que puede tener la regularización. Para las personas que llevan años trabajando en la invisibilidad administrativa, cotizando sin derechos, sin acceso pleno a la sanidad ni a las prestaciones, el decreto tiene consecuencias materiales inmediatas. Ese valor no es menor, y sería demagógico negarlo.
Pero la distancia crítica también es necesaria, precisamente porque las victorias parciales se consolidan mejor cuando se nombran con exactitud. Esta regularización es un logro de la movilización social y ciudadana, no del progresismo gubernamental, más que discutible. Es una medida negociada bajo presión parlamentaria, no el resultado de una convicción de Estado en defensa de lo que son los derechos humanos. Y coexiste con una política europea de control de fronteras que, en su dimensión exterior, contradice el relato de integración que el presidente firma con tanto orgullo patriótico.
Aunque muchos malmenoristas puedan echarse las manos a la cabeza por que cuestionamos la gestión de un gobierno de coalición que, según ellos mismos pretenden, nos «salva» del fascismo, la realidad resulta justo la contraria. Son este tipo de propagandas, tergiversaciones y políticas complacientes con el poder y con la monarquia franquista, las que mejor despejan el camino a la derecha extrema.
Una contradicción también patente entre quienes postulan que hay que unir electoralmente a toda la izquierda… para posibilitar a los socialistas futuros gobiernos social-liberales.
Desde una perspectiva de clase y de cambio social, las alternativas son otras.
