El Parque público de Casa 47 incumple la propia  Ley de Vivienda.

El primer catálogo del parque público estatal se concentra en cinco comunidades autónomas, deja fuera a la mayoría de capitales de provincia y, como ya denunciamos aquí y ahora plantea la organización española « Observatorio de Alquiler», el parque actual de 638 viviendas de Casa 47 ni siquiera logra que un solo inmueble respete el límite del 30% de esfuerzo que el propio Gobierno proclamó como garantía legal.

El lunes 22 de septiembre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana activó el portal inmobiliario de Casa 47, la entidad estatal heredera de la antigua Sepes, con un catálogo inicial de 638 viviendas en alquiler asequible [1]. La cifra, presentada por el Ejecutivo como el arranque de un parque público llamado a alcanzar las 50.000 unidades antes de 2029 [2], ha sido recibida con un informe de un Observatorio de Alquiler que, según recoge Onda Cero, concluye que ninguna de esas 638 viviendas cumple el criterio de asequibilidad fijado por la propia Ley de Vivienda: que ningún hogar destine más del 30% de sus ingresos al alquiler [3].

El dato contrasta frontalmente con el relato oficial. Pedro Sánchez presentó Casa 47 en septiembre insistiendo en que «ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio» y calificó la intervención como una necesidad frente a un «mercado roto» [4]. La ministra Isabel Rodríguez repitió la misma cifra al detallar que los precios se fijarían «en base a lo que la ciudadanía puede pagar, y no en base a lo que ha costado construir» [5]. Pero el 30% se calcula sobre la renta media del municipio o de la comunidad autónoma, no sobre el salario real de quien solicita la vivienda, y ahí se abre la grieta que el Observatorio de Alquiler viene a confirmar con cifras concretas.

El reparto geográfico del catálogo ya anticipaba el problema. Los 638 pisos se concentran en solo cinco comunidades autónomas —Comunitat Valenciana, Galicia, Asturias, Navarra y Cataluña—, mientras que territorios enteros, como toda Castilla y León, se quedan sin una sola unidad disponible al menos hasta dentro de medio año [6]. Dentro de las comunidades beneficiadas, la distribución tampoco responde a donde se concentra la tensión del mercado: casi la mitad de los pisos, 291 de los publicados, están en municipios de entre 1.000 y 10.000 habitantes, y solo dos capitales de provincia —Castellón, con 18 viviendas, y Lleida, con siete— cuentan con oferta, mientras que Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao no tienen ni una [7].

Esa geografía no es casual. Las viviendas proceden en su mayoría de activos recuperados de la Sareb —el llamado «banco malo» surgido del rescate bancario de 2012— y de suelos de Defensa o de Instituciones Penitenciarias, es decir, de un inventario heredado de otras políticas y no de una planificación pensada desde la necesidad habitacional de cada territorio [8]. El resultado es que la «revolución del acceso al alquiler asequible» que anuncia el Gobierno empieza, en la práctica, allí donde había activos disponibles que liquidar, y no allí donde la presión sobre los salarios y los precios es más aguda.

Un mercado que excluye a cientos de miles de familias de un derecho esencial es un mercado que no funciona. — Pedro Sánchez, presentación de Casa 47 [4]

La convocatoria piloto, ya adjudicada antes de esta primera oleada de 638 viviendas, permite ver por qué el criterio legal se incumple incluso cuando el Gobierno insiste en respetarlo. En Vigo, la renta media mensual de los 67 pisos entregados fue de 662 euros, con un rango de entre 399 y 909 euros; en la provincia de Valencia, 486 euros de media, con picos de hasta 887; en Mieres, 416 euros, entre 343 y 458 [9]. En la convocatoria valenciana de 401 viviendas abierta en agosto, los alquileres oscilan entre 350 y 1.066 euros mensuales, dependiendo del municipio [10].

El requisito de ingresos para acceder a Casa 47 exige situarse entre 2 y 7,5 veces el IPREM, es decir, entre 16.800 y 63.000 euros anuales de renta conjunta de la unidad de convivencia [11]. Como ya documentamos en Red Síntesis a propósito de este mismo umbral, una persona sola que cobre el Salario Mínimo Interprofesional queda directamente excluida del programa por no llegar al mínimo de ingresos exigido, pese a ser precisamente el perfil con más dificultades para sostener un alquiler de mercado [12]. El 30% de esfuerzo, calculado sobre la renta media del municipio y no sobre el salario real del solicitante, funciona como una media estadística que puede cumplirse en el agregado y, aun así, superarse ampliamente para buena parte de quienes acceden a las viviendas, sobre todo en los tramos bajos de renta admitidos. Es exactamente el mecanismo que, según Onda Cero, ha llevado al Observatorio de Alquiler a concluir que ninguna de las 638 viviendas del catálogo satisface el criterio legal cuando se contrasta con los ingresos reales de la población a la que se dirige, y no con la renta media de referencia que utiliza la propia Casa 47 para fijar sus precios [3].

El proyecto de Casa 47 sobre el papel es ambicioso, cuenta con un presupuesto proyectado de 13.000 millones de euros en una década y aspira a que la vivienda pública alcance el 8% del parque residencial español, todavía muy lejos de la media europea [13]. El problema no es la existencia de este proyecto, sino la distancia entre el relato gubernamental de la «vivienda asequible garantizada por ley» y un diseño que sigue fijando el precio a partir de referencias de mercado —la renta media del territorio— en lugar de partir de la capacidad de pago real de la clase trabajadora. Mientras el criterio de asequibilidad se calcule así, la Ley de Vivienda puede citarse en cada rueda de prensa sin que ni una sola de las 638 viviendas del primer catálogo pueda llegar a quien más la necesita.