El desalojo de Sol cierra la plaza, pero no la lucha por la vivienda.

Ayer la policía despejó la Puerta del Sol horas después de que la Acampada 26S leyera su manifiesto de despedida. El movimiento se traslada a los barrios con la huelga general del 11 de noviembre en el horizonte.

La acampada 26S había decidido marcharse de la Puerta del Sol por voluntad propia y a su propio ritmo. El lunes 2 de noviembre leyó un manifiesto de despedida junto a la estatua del Oso y el Madroño, y en la madrugada del martes 3 la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid despejaron la plaza con un dispositivo de unos cuatrocientos agentes. Entre una cosa y otra pasaron menos de veinticuatro horas, y esa secuencia muestra bien quien sigue llevando la iniciativa.

La red Kaos en la Red ha publicado íntegro el manifiesto de la acampada, que se consensuó tras semanas de asambleas y lo leyeron cuatro portavoces después de un pasacalles en el que una banda tocó una versión de «Bella ciao» con letra adaptada a la crisis de la vivienda. Sitúa el origen del movimiento en la rabia y el hartazgo ante la vulneración de derechos, y en el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que tuvo que dejar su casa del barrio del Retiro el 23 de septiembre y que murió días después. El manifiesto la presenta como detonante y símbolo de la lucha, y resume el programa en el lema «Ni gente sin casa, ni casas sin gente».

Aunque la vivienda es el eje, el documento la enlaza con el trabajo, con la salud mental (denuncia la patologización de la precariedad), con los derechos de las personas migrantes, con el rechazo a la guerra y con un modelo urbano que deje de depender del turismo masivo y las franquicias. Reclama además que el artículo 47 de la Constitución deje de ser una declaración de principios y obligue de verdad a las instituciones. Apoya la huelga general del 11 de noviembre, defiende la desobediencia civil y anuncia que el movimiento seguirá parando desahucios y desalojos. La mayoría de las comisiones habían anunciado ya su disolución en la plaza para convertirse en un movimiento de barrios y de clase trabajadora.

Según fuentes policiales recogidas por EFE, el desalojo se produjo hacia las tres de la mañana, aunque Euronews lo sitúa en torno a las cuatro. La Delegación del Gobierno cifra en 334 las personas desalojadas y detalla un dispositivo de 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, con presencia de bomberos y servicios sociales. Hubo dos detenciones por desobediencia y resistencia. Los operarios del Ayuntamiento retiraron lonas y estructuras para llevarlas a depósitos municipales, y algunos manifestantes denunciaron que no se les permitió recoger sus pertenencias. Desde el viernes anterior, cerca de seiscientas personas ya habían abandonado la plaza de forma voluntaria.

La Delegación del Gobierno (socialista) sostiene que el desalojo se desarrolló sin violencia y como «último recurso». Argumenta que el derecho de reunión estuvo garantizado durante tiempo suficiente, que la retirada de las comisiones cambió la naturaleza del campamento, con muchas pernoctaciones de personas sin hogar, y que la Jefatura Superior de Policía informó de hechos presuntamente delictivos en el entorno de la plaza y que había enviado antes del desalojo dos requerimientos escritos, con fecha del 26 y el 29 de octubre.

Pero la acampada cuenta otra historia. Su cuenta oficial de Instagram habla de una intervención violenta de unidades antidisturbios, con personas heridas por golpes y gas pimienta, y atribuye la orden a la Delegación del Gobierno. Sus portavoces rechazan la versión oficial y manifiestan que no consta una cifra verificada de heridos, de modo que conviene tratar esa denuncia como lo que es, una acusación que exige investigación independiente, y no darla por probada ni descartarla por venir de los afectados.

Estos hechos afloran contradicciones evidentes Uno de los argumentos oficiales para despejar la plaza es que se había llenado de personas sin hogar, es decir, de las víctimas más directas del problema que motivó la protesta. Medio centenar de ellas se había constituido en asociación con la intención de quedarse. De nuevo, la respuesta institucional no fue ofrecerles una vivienda, sino retirar las tiendas. Eso no desmiente al Gobierno en lo jurídico, porque el derecho de reunión admite límites, y más con la Legislación Marlaska todavía en su apogeo, pero muestra lo que ocurre cuando una política de vivienda no ofrece alternativa material y se limita a gestionar el espacio público.

La acampada fue una herramienta, no un fin. Lo que no se desaloja con una excavadora es la necesidad de tener un techo.

Conviene también situar la decisión de desalojo en su contexto político. La acampada había sido tolerada durante 37 días y el cambio de criterio llegó después de que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, ambos del PP, reclamaran de forma reiterada el desalojo. Los comerciantes de la zona estimaban sus pérdidas en 30 millones de euros, una cifra que procede de su propia valoración y que no consta contrastada. Y el 3 de octubre grupos de ultraderecha respaldaron una concentración contra la acampada en la calle Atocha.

El desalojo se decide, por tanto, en un campo de fuerzas donde presionan los intereses comerciales, la derecha autonómica y la ultraderecha, y  lo ejecuta una Delegación que depende de un Gobierno de coalición que se reclama de izquierdas. La conclusión es clara: bajo un gobierno progresista o sin él, el Estado siempre protege el uso lucrativo del espacio frente al uso social de la calle.

El manifiesto y el desalojo convergen en una fecha, el 11 de noviembre. La acampada se desplaza a los barrios, donde las asambleas pueden sostenerse sin depender de una plaza que el poder puede vaciar en una noche, y su relevo natural es la huelga general.

El movimiento, además, no es solo madrileño. El propio manifiesto cuenta con réplicas en al menos 21 ciudades españolas y con vínculos en Atenas, Roma, Bruselas, Lisboa y Oporto, y en Portugal los desalojos de las acampadas han dejado ya decenas de detenidos. Mientras tanto, el líder del PP pide a los sindicatos que desconvoquen la huelga tras la tragedia ferroviaria de Urda, un intento de usar el duelo para desactivar una movilización que nada tiene que ver con aquel accidente y que habla de otra emergencia, la de quienes no pueden pagar un alquiler.

La acampada llegó a atribuirse un papel en el adelanto electoral y a deslindarse de quienes se negaban a abandonar la plaza. Con elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, la pregunta de fondo es si la presión de la calle logrará lo que no consiguieron los decretos, esto es, que la vivienda deje de ser un negocio y se trate como un derecho exigible.