EEUU Y Rusia bloquean mutuamente la renovación de la MINURSO en el Sahara Occidental.

Rusia y Estados Unidos intercambian vetos en el Consejo de Seguridad realizado el viernes 30 de octubre y dejan sin renovar el mandato de la MINURSO. Mientras Washington impulsa el plan de autonomía marroquí quitando la opción del MINURSO, Moscú defiende mantener abierto el marco del referéndum. España, alineada con Rabat y con los atlantistas, permanece al margen de la votación.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha protagonizado el 30 de octubre un episodio excepcional en el conflicto del Sáhara Occidental. Rusia y Estados Unidos han vetado mutuamente sus respectivas propuestas para renovar el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), dejando a la misión internacional sin una prórroga aprobada y abriendo un escenario de incertidumbre para el proceso de descolonización.

Ante estos hechos, el representante del Frente POLISARIO en España, Abdulah Arabi, ha vuelto a instar al  gobierno que se forme en España tras las elecciones del 29 de noviembre a que “asuma sus responsabilidades derivadas de su condición de potencia administradora del Sáhara Occidental”, el territorio que España abandonó a finales de 1975 sin proceder a su descolonización y entregó a Marruecos.

En sus declaraciones, el representante saharaui afirma también que Rusia hizo uso de su prerrogativa de veto argumentando, entre otros extremos, que “se podría haber revertido todo el proceso de resolución de las cuestiones relativas al Sáhara Occidental”, “Dicha situación evidencio, una vez más, que cualquier solución al conflicto es indisociable del pueblo del Sáhara Occidental”, indica Abdulah Arabi, a lo que añade que “la única culminación posible del conflicto es aquella en la cual se permita  al pueblo saharaui  ejercer de manera efectiva  su derecho  a la autodeterminación  e independencia”.

“En consecuencia, toda propuesta impuesta, en ningún caso devendrá una solución definitiva”, concreta Arabi, y advirtió que “el Frente POLISARIO respetará cualquier decisión que resulte, siempre y cuando sea tomada libremente por el pueblo saharaui”.

La resolución impulsada por Estados Unidos pretendía renovar la misión durante un año, pero introducía cambios políticos de gran alcance. Situaba el plan de autonomía presentado por Marruecos en 2007, bajo soberanía marroquí, como única base para las negociaciones y proponía eliminar la palabra «Referéndum» de la denominación de la MINURSO. En cambio, la propuesta rusa planteaba una renovación técnica por doce meses, manteniendo la denominación y el mandato tradicional de la misión, así como las referencias a la Carta de Naciones Unidas y al principio de autodeterminación.

El resultado fue un enfrentamiento diplomático poco habitual. La iniciativa estadounidense obtuvo once votos favorables, uno en contra —Rusia— y tres abstenciones. El veto ruso impidió su aprobación. Posteriormente, la propuesta rusa recibió tres votos favorables —Rusia, China y Somalia—, uno en contra —Estados Unidos— y once abstenciones. Tampoco alcanzó los nueve votos necesarios.

Por primera vez en mucho tiempo, el Consejo de Seguridad fue incapaz de acordar la continuidad de una misión que lleva más de tres décadas sobre el terreno.

La MINURSO fue creada en 1991 mediante la resolución 690 del Consejo de Seguridad, como parte de un acuerdo que contemplaba la celebración de un referéndum para que la población saharaui pudiera elegir entre la independencia y la integración en Marruecos.

Sin embargo, ese referéndum nunca llegó a celebrarse. Las sucesivas maniobras diplomáticas, los desacuerdos sobre el censo electoral y la falta de voluntad política de las potencias internacionales han prolongado una situación de ocupación y bloqueo que dura ya más de medio siglo.

El problema de fondo es que el debate internacional se está desplazando progresivamente desde el reconocimiento del derecho a decidir hacia la búsqueda de una fórmula política que permita cerrar el conflicto sin cuestionar el control marroquí del territorio.

El plan de autonomía de Rabat puede presentarse como una propuesta negociadora, pero convertirlo en la única alternativa aceptable supone restringir de antemano las posibilidades de decisión del pueblo saharaui. La autodeterminación pierde su contenido cuando las opciones están condicionadas por los intereses de quienes controlan el territorio y de las potencias que respaldan esa situación.

No se trata de negar la necesidad de una solución negociada. Se trata de recordar que ninguna negociación puede sustituir la voluntad libremente expresada de la población afectada.

España no participó en la votación porque en 2026 no forma parte de los quince miembros del Consejo de Seguridad. Sin embargo, sí intervino en las deliberaciones previas a través del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, integrado por España, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Su posición política, no obstante, está claramente definida desde marzo de 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez respaldó el plan marroquí de autonomía, calificándolo de «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.

Esta decisión supuso un cambio significativo respecto a la posición tradicional de España y reforzó diplomáticamente las pretensiones de Marruecos.

La responsabilidad española tiene, además, una dimensión histórica que no puede ignorarse. España fue la potencia administradora del Sáhara Occidental hasta su retirada en 1975, sin culminar el proceso de descolonización ni garantizar el ejercicio del derecho de autodeterminación de su población.

El Gobierno español no puede escudarse en su ausencia del Consejo de Seguridad para eludir su responsabilidad política. Su respaldo al plan marroquí contribuye a debilitar la perspectiva de una solución que contemple realmente la independencia como una opción.

Resulta especialmente contradictorio que un Gobierno que reivindica habitualmente el derecho internacional y la defensa de los derechos de los pueblos mantenga una posición que favorece una salida política condicionada por la soberanía marroquí.

El fracaso de las dos resoluciones ha dejado a la MINURSO sin una renovación aprobada al expirar su mandato el 31 de octubre. La continuidad de sus operaciones queda ahora pendiente de nuevos acuerdos en el Consejo de Seguridad.

Esta situación puede debilitar los mecanismos internacionales de vigilancia y aumentar la incertidumbre en una región donde las hostilidades se reanudaron en 2020, después de años de alto el fuego.

Pero el principal problema sigue siendo político. Mientras el destino del Sáhara Occidental se discuta fundamentalmente en función de los intereses de Marruecos, Estados Unidos, Francia, Rusia y otras potencias, el pueblo saharaui continuará viendo aplazado un derecho reconocido por el propio marco de Naciones Unidas.

Desde una perspectiva internacionalista, la solidaridad con el Sáhara no debe consistir en elegir entre Washington y Moscú, sino en defender la capacidad de los pueblos para decidir libremente su futuro, sin ocupaciones, imposiciones ni tutelas exteriores.

La independencia y la autodeterminación del Sáhara Occidental no pueden convertirse en moneda de cambio de las disputas geopolíticas. El pueblo saharaui tiene derecho a decidir su futuro. Y ese derecho debe prevalecer sobre los intereses de cualquier potencia.