Dos años después de la DANA, continuamos exigiendo justicia y soluciones reales.

Este 29 de octubre de 2026, dos columnas de familiares y vecinos salieron de Albal y de Benetússer y se encontraron en el puente que une Massanassa y Catarroja sobre el barranco del Poyo, el cauce que dos años antes se desbordó sobre la Horta Sud. Caminaron para recordar a las 234 personas muertas por la DANA en la provincia de Valencia, una cifra que las convocantes y la prensa manejan hoy y que ha ido creciendo desde las 229 del primer aniversario.

La marcha la impulsan los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), organizaciones vecinales nacidas del barro y de la desconfianza hacia la gestión oficial, y reunió a las tres asociaciones de víctimas y damnificados. Los CLER ya habían hecho el mismo recorrido un año antes, mientras las familias asistían al funeral de Estado, una ceremonia dedicada a las 237 víctimas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Que el homenaje popular se repita un segundo año dice algo sobre la distancia entre el duelo institucional y el que se vive en los pueblos.

Elisabeth González, vicepresidenta de una de las asociaciones, reclamó obras de protección urgentes, una reconstrucción guiada por criterio técnico y avisos que lleguen a tiempo, y pidió que se eliminen los aforamientos para que ante la justicia no haya privilegios. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O, defendió que la memoria no se agota en flores y silencios, sino que debe exigir responsabilidades y cerrar el paso a la impunidad. Entre la gente se coreó «Mazón a presó». Las asociaciones extendieron su solidaridad a las familias de Letur, de la dana Adam y del accidente ferroviario de Urda, un gesto que convierte una reivindicación local en una red de víctimas de la desprotección pública.

La memoria que se queda en la ofrenda floral acaba sirviendo a quien prefiere un duelo privado y una responsabilidad difusa.

La instrucción sigue en el Juzgado de Catarroja, a cargo de la jueza Nuria Ruiz Tobarra. En primavera de 2026 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazó imputar a Carlos Mazón y confirmó esa decisión al desestimar los recursos. Los magistrados no apreciaron abuso de derecho en que obtuviera el acta de diputado, y con ella el aforamiento. El 4 de septiembre la jueza escribió que la tesis exculpatoria de la defensa de Mazón se vuelve inculpatoria para la exconsellera Salomé Pradas, e invitó al expresidente a abandonar su personación en la causa. Pradas, investigada, ha dicho que se sintió «persuadida» desde la Presidencia de la Generalitat para evitar el confinamiento, una afirmación suya que corresponde a la instrucción probar o descartar.

Hay que ser claros. Hoy Mazón no está imputado y goza de presunción de inocencia. La jueza llegó a sostener en su exposición razonada que podría haber dado órdenes de no confinar o de retrasar el ES-Alert, mientras que la Fiscalía consideró que los mensajes analizados no permitían establecer que diera órdenes precisas ni que se pusiera al frente de la emergencia. Lo que piden las víctimas no es una condena sin juicio. Piden que el aforamiento no decida quién puede ser investigado por un juzgado ordinario, y ahí está el núcleo de su demanda.

El 21 de septiembre Mazón compareció por segunda vez en la comisión de investigación del Congreso y se negó a responder, remitiéndose a la resolución del TSJ. La comisión de Les Corts, en cambio, se cerró sin escuchar a las asociaciones, algo que estas denunciaron como un blindaje político de PP y Vox. Entre los tribunales que no pueden llegar y los parlamentos que no quieren preguntar, la verdad política queda en tierra de nadie.

Según el plan del Ministerio para la Transición Ecológica, cerca del 90 % de las víctimas de la demarcación del Júcar se produjeron en las cuencas del Poyo y de la Saleta, y la prensa cifra en al menos 200 las del Poyo, una cuenca que carecía de protección hidráulica para la población. Dos años después, la gran obra de la Saleta está licitada, con un presupuesto base de 132,1 millones de euros, mientras que las actuaciones estructurales del Poyo siguen en fase de redacción. La Confederación Hidrográfica del Júcar adjudicó en julio, por cuatro millones, la redacción de diez proyectos para las cuencas del Poyo, el Magro y Pozalet-Saleta, y el Ministerio estimó de forma preliminar una inversión de 551 millones hasta 2030.

El reproche cruzado entre administraciones ha sido constante. Se discutió si la Ley de l’Horta frenó el encauzamiento del Poyo. El periódico The Objective, por ejemplo, recogió que la Confederación lo admitió, mientras que informes y técnicos citados por elDiario.es lo negaron y recordaron que las obras estaban proyectadas desde 2010. Sea cual sea el reparto exacto de culpas, el resultado es el mismo para quien vive junto al cauce, quince años de proyectos sin ejecutar.

Ciertamente, los barrancos no distinguen entre clases sociales, pero el calendario de la inversión pública sí lo hace. La protección de los municipios obreros de la Horta Sud llevaba años en cajones administrativos, y la recuperación económica siguió un ritmo muy distinto al de la vida cotidiana. Una vecina y portavoz del CLER de Benetússer recuerda que los concesionarios de automóviles de la pista de Silla reabrieron apenas un mes después de la riada, cuando buena parte de las viviendas seguía sin rehabilitar. Prevenir cuesta menos que reconstruir, pero la prevención no genera contratos inmediatos ni titulares de inauguración.

Por eso la marcha importa más allá del luto. Es una forma de organización de clase que sostiene, desde los barrios, una exigencia que las instituciones han demostrado no querer atender por sí solas, la de que la vida de quien vive en zona inundable pese en las decisiones públicas tanto como el suelo que se quiere urbanizar.

La memoria se convierte en poder cuando se organiza. El primer paso es sumarse a los CLER y a las asociaciones de víctimas, que convocan las marchas, sostienen la presión sobre los tribunales y reclaman voz en las comisiones de las que se las ha excluido. Quien viva lejos de la Horta Sud puede acompañar las convocatorias, difundir los comunicados y llevar la demanda a su sindicato, su asociación vecinal o su grupo local.

El segundo paso es político. Las asociaciones piden que Mazón entregue el acta y que desaparezcan los aforamientos. Podemos exigir a los grupos de Les Corts, empezando por el PP, que se pronuncien por escrito sobre la renuncia al acta, y a los partidos que dicen compartir la demanda que presenten y defiendan una reforma estatutaria, ya que esta prerrogativa está recogida en el Estatut.

El tercer paso es exigir que se cumplan los plazos de las obras con datos públicos, pedir en cada ayuntamiento planes de emergencia y protocolos de aviso verificables, y reclamar calendarios del Poyo con fechas y presupuesto para que la protección no dependa de la próxima campaña electoral.

Dos años después, la consigna sigue siendo la misma de las marchas, que no vuelva a ocurrir y que alguien responda por lo que ocurrió.