El Sahel nos interpela como anti imperialistas europeos

El colectivo All In ha hecho circular una nota breve con una tesis incómoda para buena parte de la izquierda europea. Lo que sucede en Burkina Faso, Malí y Níger desde los golpes de Estado de 2020 a 2023 no es una excepción de la agenda internacional, sino un proceso que plantea preguntas estratégicas para la lucha anti imperialista en cualquier lugar. La nota no pide todavía solidaridad, sino que dejemos de mirar hacia otro lado, que debatamos esta cuestión en nuestras organizaciones y que la contemos.

Como señala la nota y resulta relativamente conocido, Níger fue en 2022 el segundo proveedor de uranio natural de la Unión Europea, con 2.975 toneladas, el 25,4 % del total y solo por detrás de Kazajistán. Pero el matiz que ofrecieron entonces las propias autoridades europeas fue que Níger aportaba menos del 5 % de la producción mundial y que las empresas eléctricas del bloque acumulaban existencias para varios años. La dependencia europea era real pero no insalvable, de modo que el problema de fondo no era que sin ese uranio Europa se apagaría, sino quién se quedaba con el excedente.

Ahí los números son elocuentes. Somaïr, la mina de Arlit, pertenecía en un 63,4 % a la francesa Orano y en un 36,6 % al Estado nigerino a través de Sopamin. Entre 1971 y 2024 se extrajeron 81.861 toneladas de uranio, de las que Orano retiró el 86,3 % y Sopamin el 9,2 %, según los datos oficiales recogidos por la prensa especializada. Níger nacionalizó Somaïr en junio de 2025 y, a finales de ese año, empezó a vender su producción pese a una medida cautelar del tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) que Orano había obtenido en septiembre. Se puede discutir la forma, pero la pregunta de clase y de relación colonial está servida, y ningún movimiento antiimperialista debería despacharla como una anécdota.

Un Estado que recupera el control de sus recursos plantea una pregunta legítima. La pregunta siguiente es quién decide, dentro de ese Estado, para quién se usa el excedente.

La nota introduce dos precisiones relevantes más. La salida de la CEDEAO no fue a principios de 2024, sino que se anunció entonces y se hizo efectiva el 29 de enero de 2025, con medidas transitorias que mantienen la libre circulación de personas y el régimen comercial. Y la derogación nigerina de la ley de 2015 sobre el transporte de migrantes, adoptada el 26 de noviembre de 2023, desmontó uno de los pilares de la externalización fronteriza europea, aunque la propia Oficina de Derechos Humanos de la ONU ya había advertido de que esa ley empujaba a las personas migrantes hacia rutas más peligrosas. Esta cuestión nos concierne directamente en el Estado español, cuya política en la frontera sur se apoya en esos mismos engranajes.

La nota propone un criterio con el que es fácil coincidir. No preguntar si el proceso realizado en esa región africana cumple los requisitos formales del sistema capitalista, sino observar qué se construye, qué efectos tiene en la vida de la clase trabajadora y hacia dónde se desplaza el poder en la lucha de clases. Aplicado con honestidad, ese criterio obliga a mirar lo que ocurre en el terreno político, y el balance es muy distinto del que sugiere la palabra «revolución».

En Burkina Faso, el Gobierno de Ibrahim Traoré disolvió formalmente todos los partidos en enero de 2026 y transfirió sus bienes al Estado. Hasta junio, al menos 1.174 organizaciones de la sociedad civil habían sido suspendidas o disueltas, y las críticas y los críticos se enfrentan a detenciones, desapariciones forzadas y reclutamiento militar obligatorio. En febrero fue suspendida la oficina de la ONU para los derechos humanos. En abril, Traoré pidió a la ciudadanía que se olvidara de la democracia, y las organizaciones disueltas incluyen a sindicatos y asociaciones de derechos humanos. En Malí, la junta prohibió todos los partidos en 2025 y aprobó una ley que concede a Assimi Goïta un mandato presidencial de cinco años renovable las veces que haga falta, sin elecciones. Los tres países anunciaron además su salida de la Corte Penal Internacional.

La nota reconoce que hay debates abiertos sobre la participación de los movimientos de base, y es honesto hacerlo. Pero el apoyo popular del que presumen las fuentes más favorables al proceso es difícil de medir cuando no hay elecciones, ni prensa independiente, ni partidos, ni sindicatos libres. Una clase trabajadora sin derecho a organizarse por su cuenta difícilmente puede ser el sujeto de un proceso que se declara en su nombre.

El otro frente es la seguridad, y aquí la nota acierta al subrayar que la expansión yihadista se alimenta del colapso de los medios de vida rurales y del vacío que dejó la intervención de la OTAN en Libia. Pero esa misma realidad golpea hoy a las juntas con una dureza que no aparece en el texto. Desde septiembre de 2025, JNIM, la filial de Al Qaeda en el Sahel, impone un bloqueo de combustible sobre Bamako. El 25 de abril de 2026 una ofensiva coordinada mató al ministro de Defensa, Sadio Camara, arquitecto del acercamiento a Rusia, y tres días después JNIM anunció el bloqueo de la capital. ^]Un análisis académico recoge que el Gobierno llegó a liberar a más de un centenar de presuntos yihadistas a cambio de que dejaran pasar convoyes de combustible.  Y la propia colaboración militar con Rusia, según el análisis de Le Grand Continent, no ha logrado poner fin al control territorial de los grupos armados.

También hay giros que interpelan a quienes trabajamos sobre el Magreb. Según el Atlantic Council, en abril de 2026 la junta maliense invirtió su postura sobre el Sáhara Occidental para alinearse con la posición de Marruecos. Y el 29 de octubre Goïta defendió en la cumbre Rusia-África de Moscú una cooperación basada en la soberanía y la no injerencia, mientras avanzaba un contrato de más de 30.000 millones de francos CFA para comprar camiones rusos. Nada de esto invalida el derecho de un pueblo a expulsar tropas extranjeras, pero sí recuerda que las alianzas tácticas son costosas y que no se pueden evaluar solo por quién sale perdiendo.

El primer debate que propone la nota, sobre la democracia electoral convertida en ceremonia, es verdadero y nos resulta aplicable. Las elecciones pueden coexistir con políticas decididas de antemano por los grandes poderes económicos, y sobran ejemplos en el Estado español. Pero de ahí no se sigue que la salida sea clausurar los espacios en los que la clase trabajadora se organiza, aunque sean imperfectos. Un criterio materialista exigente sería preguntar, en cada caso, si los sindicatos, la prensa y las asambleas pueden existir sin permiso del poder. Ese criterio se aplica a un gobierno neoliberal y se aplica a una junta militar soberanista.

El segundo debate, sobre el imperialismo, tiene también aciertos. Las categorías cerradas del tipo «¿es X imperialista?» sirven de poco, y la nota tiene razón al pedir que miremos contexto y dirección de cada táctica. La tesis de que los imperios son, sin más, corporaciones transnacionales es más que discutible, porque los propios ejemplos de la nota, desde Francia hasta Rusia, muestran Estados con intereses propios y aparatos militares que actúan por cuenta suya. Quizá la lección útil sea más sencilla. Todo apoyo exterior viene con un precio, y la clase trabajadora de cada país es quien lo paga, de modo que conviene preguntarse siempre cuál.

El tercer debate, sobre el aislamiento político y la dependencia económica, puede ser el más fértil. Es cierto que ese es hoy el contexto de cualquier proyecto de ruptura, y por eso el Sahel funciona como laboratorio. Lo que enseña, de momento, es una advertencia. Un proceso sitiado, sin una base social organizada con autonomía propia, tiende a concentrar poder en el aparato de seguridad, y cuando ese aparato se debilita, no queda nada más que lo sostenga. La pregunta para nosotros no es si aplaudir o condenar, sino qué tipo de organización de clase hace falta para que un proceso de ruptura no dependa de unos pocos mandos.