El PIB español sube, la calidad de vida no.

En nuestro país, el 2,7% de crecimiento interanual convive con una inflación que la OCDE sitúa entre las más altas de la UE, y con un esfuerzo para acceder a la vivienda que el propio Banco de España califica de estructural. La cuestión de fondo, por tanto, no es cuánto crece España, sino para quién.

En efecto, España crece. El Instituto Nacional de Estadística confirmó a finales de julio que el PIB avanzó un 2,7% interanual en el segundo trimestre de 2026, encadenando ya veintiún trimestres seguidos de crecimiento interanual [1]. Y el Gobierno repite en cada comparecencia ante los medios que España lidera el crecimiento entre las grandes economías de la eurozona. Pero el problema hay que buscarlo no en esta tendencia,  sino en quienes son los beneficiados y perjudicados de este crecimiento.

Porque, mientras el PIB sube, la OCDE ha revisado al alza, mes tras mes, su previsión de inflación para España en 2026. Primero fue el 3%, después el 3,3%, siempre por encima de la media de la eurozona y del 2,7% registrado en 2025 [2]. Este es el cuadro real de una economía que crece produciendo mayor riqueza sin que ésta se traduzca, para la mayoría, en más calidad de vida.

El Banco de España lleva años documentando lo mismo desde ángulos distintos, que los precios de la vivienda crecen sistemáticamente por encima de la renta disponible de los hogares. El propio subgobernador ha reconocido que ese desajuste entre oferta y demanda se ha convertido en «una emergencia económica y social» y que el aumento del esfuerzo necesario para acceder a la vivienda «arrastra» al conjunto de la economía, con una intensidad mayor en las grandes ciudades, donde se concentra el empleo [3]. El propio gobernador ha llegado a hablar de «emergencia nacional» ante ciudades donde casi la mitad de los inquilinos destina más del 30% de su sueldo solo al alquiler [4].

Esto no es un simple desajuste técnico entre oferta y demanda, como sugiere el propio Banco de España cuando reduce el problema a «falta de suelo» o «costes de construcción». Es la consecuencia de que la vivienda ha dejado de tratarse como un derecho para pasar a tratarse como un activo financiero. De manera que los fondos de inversión, los grandes tenedores y la turistificación compiten por el mismo parque de viviendas que necesitan las familias trabajadoras para vivir. En Red Síntesis ya hemos documentado cómo el Congreso rechazó hace unos días, por segunda vez, la proposición de Sumar para «limitar» la compra de vivienda por parte de fondos de inversión, gracias a la abstención del PSOE, cuyo Gobierno prefirió confiar en el Plan Estatal de Vivienda de 7.000 millones de euros para 2026-2030 (ver artículos sobre Casa 47) antes que en una regulación directa del mercado.

Una economía puede crecer al 2,7% y al mismo tiempo las personas de treinta años continúan mayormente sin poder marcharse de casa de sus padres.

Como también hemos analizado ya en esta web, el pasado 20 de septiembre Alemania celebró elecciones regionales en Berlín y en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. En Mecklemburgo, la ultraderechista AfD ganó con un 37% de los votos, casi duplicando su resultado de 2021, tras haber logrado ya una victoria histórica en Sajonia-Anhalt dos semanas antes [5]. En Berlín, sin embargo, ganó Die Linke, que pasó del 12,2% al 25,7% de los votos y colocó a Elif Eralp como primera alcaldesa gobernante de origen migrante en la historia de la capital alemana, tras una campaña centrada explícitamente en la regulación del alquiler, la construcción de vivienda social y la socialización de grandes parques inmobiliarios [6][7].

Es tentador leer estos dos resultados como una simple polarización simétrica, apelando a la vieja «teoría de la herradura» según la cual extrema derecha y extrema izquierda serían equivalentes por ser ambas «extremas». Esa lectura es cómoda para el sistema y para el centro político porque le permite presentarse como el único espacio razonable, pero es materialmente falsa. La AfD y Die Linke no crecieron por el mismo mecanismo ni ofrecían la misma salida a lo que sí es el mismo malestar. La AfD convierte el estancamiento salarial y la crisis de vivienda en xenofobia; Die Linke los convierte en un programa concreto de intervención sobre la propiedad y el alquiler. El malestar es equivalente incluso para muchos otros lugares —el coste de la vida, el acceso a la vivienda, el empleo industrial que se erosiona—, pero las respuestas son antagónicas. Cuando el centro político deja de resolver esos problemas materiales, el vacío no se llena con más centro, como plantean los partidarios de diluir la propuesta política sumando siglas y organizaciones institucionalizadas. El vacío se llena con la fuerza política que ofrezca a la mayoría una explicación de los problemas y una salida concreta, ya sea la alucinada de la extrema derecha o la alternativa de la izquierda real.

Durante décadas, la socialdemocracia europea —también la española— se sostuvo sobre una promesa implícita, que se iba a poder estudiar, trabajar, ahorrar, acceder a una vivienda y vivir mejor que la generación anterior. Esa ilusión pronto se desvaneció. Los precios de los activos —vivienda en primer lugar— crecen sistemáticamente más rápido que los salarios, mientras la financiarización del alquiler y el turismo convierten la necesidad de vivir en un lugar en una fuente de renta para quien ya posee el capital para comprarlo. No es que el país no genere riqueza. Es que esa riqueza se distribuye siguiendo la lógica de quién es propietario y quién es inquilino, quién cobra un salario y quién cobra una renta.

Por eso preguntar «¿para quién crece España?» es un análisis de clase que el debate público sistemáticamente evita. Sánchez puede llegar a 2027 con datos macroeconómicos positivos —crecimiento por encima de la eurozona, paro por debajo del 10%, deuda pública descendiendo— y aun así no resolver el problema político de fondo, porque ese problema no se mide en el PIB. Se mide en si la juventud puede independizarse, en si la mayoría trabajadora puede dejar de pagar más de un tercio de su sueldo en alquiler, o puede permitirse tener un segundo hijo.

Vox no crece en España porque media sociedad se haya radicalizado ideológicamente de la noche a la mañana, del mismo modo que la AfD alemana no crece solo por racismo. Crecen porque, para una parte importante de la clase trabajadora, ninguna de las opciones que han gobernado hasta ahora —incluidas las de izquierda institucional, hoy representada por la coalición PSOE-Sumar (IU-PCE)— ha resuelto lo que de verdad les afecta.