El decreto sobre vivienda «asequible» tiene techo de cristal.

Casa 47, el nuevo portal estatal de alquiler protegido exige 16.800 euros netos anuales para acceder a sus viviendas más baratas. Una persona sola que cobre el SMI se queda, literalmente, fuera del umbral, así como los núcleos familiares que viven en la pobreza.

El 7 de septiembre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana estrenó el nuevo portal de Casa 47, la sociedad estatal que gestiona el parque de vivienda recuperado de la Sareb bajo contratos de hasta 75 años y protección permanente frente a la especulación. La cifra que se ha repetido en la presentación es la de 645 viviendas disponibles, con alquileres desde 350 euros mensuales. Lo que no se ha repetido con la misma insistencia es que, además de la exigua oferta contemplada (ninguna vivienda en las grandes ciudades y tan solo 645 en total, de una población de casi 50 millones), para acceder incluso a esas viviendas hace falta acreditar un ingreso neto anual mayor de 16.800 euros por unidad de convivencia.Ingresos que superan los del Salario Mínimo Interprofesional de 2026, fijado en 17.094 euros brutos, pero al que hay que restar las cotizaciones a la Seguridad Social y aplicar la deducción fiscal de 2.000 euros en la base imponible. De este modo, una persona que vive sola y cobra el SMI —el suelo salarial legal del país— no puede optar a ninguna vivienda de Casa 47, ni siquiera a la más barata del catálogo.

Casa 47 se presenta oficialmente como una herramienta dirigida a «la clase media y trabajadora», entendida como el 60% de la población con ingresos situados entre 2 y 7,5 veces el IPREM, es decir, entre 16.800 y 63.000 euros anuales según los distintos ingresos que se están difundiendo desde el Ministerio y desde la propia dirección de la sociedad estatal. De las 645 viviendas de la convocatoria vigente, 113 exigen el umbral mínimo de esos 16.800 euros; el resto pide ingresos superiores, hasta 42.640 euros anuales. Esas 113 viviendas más accesibles tienen alquileres de entre 350 y 420 euros, menos de 50 metros cuadrados y un solo dormitorio: el perfil exacto de vivienda que necesitaría una persona sola con rentas bajas. Es precisamente esa persona la que el diseño del programa deja fuera.

La Comunitat Valenciana concentra 401 de las 645 viviendas disponibles en esta convocatoria, más de seis de cada diez del total, lo que convierte esta contradicción en un asunto de relevancia directa para el territorio. En una región donde la presión sobre el alquiler lleva años disparando los precios y donde la respuesta institucional al problema de la vivienda ha sido sistemáticamente insuficiente, la llegada de un programa estatal «asequible» que en la práctica excluye a quien más lo necesita implica la reproducción, con otro nombre, del mismo patrón de exclusión.

El mecanismo de exclusión no es una decisión política explícita contra las rentas más bajas, sino el resultado de tomar como referencia indicadores macroeconómicos —el IPREM, los ingresos brutos— sin comprobar qué ocurre cuando se traducen a la renta neta real de una persona sola. El SMI bruto de 17.094 euros parece, sobre el papel, superar el umbral de 16.800 euros. Pero nadie vive del salario bruto: las cotizaciones a la Seguridad Social y el tratamiento fiscal de esa renta hacen que el ingreso neto disponible quede por debajo de la barrera de acceso. El propio Ministerio ha respondido a esta observación —recogida inicialmente por la Asociación Civio— argumentando que, por debajo de esos niveles de renta, existen ya recursos específicos de vivienda pública y social. Es una respuesta que traslada el problema a otro programa, sin resolver el vacío concreto que deja Casa 47 para quien cobra el salario mínimo y vive solo.

La contradicción señalada evidencia la lógica estructural de una política de vivienda que necesita demostrar solvencia para conceder protección, en un país donde la precarización salarial es la norma y no la excepción.

Casa 47 no nace para sustituir al mercado de la vivienda ni para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna a quien no puede pagarla. Nace, en realidad, para ampliar la oferta de alquiler a precios moderados dirigida a un segmento concreto de trabajadores con ingresos estables y suficientes como para no representar «riesgo» `por imago en la gestión del parque. Es la misma lógica de solvencia que rige el mercado privado, trasladada a un instrumento que se presenta como alternativa a él. La vivienda recuperada de la Sareb —activos que en su día fueron parte del rescate bancario pagado con dinero público— vuelve al circuito de la vivienda protegida, pero con las mismas condiciones de acceso que reproducen la jerarquía de rentas que la crisis de la vivienda debería estar corrigiendo.

De este modo, quienes en teoría son destinatarios naturales de la vivienda protegida —las personas con menos ingresos, con contratos precarios, con salarios que apenas cubren el SMI— quedan formalmente excluidos del catálogo, mientras que los perfiles con rentas medias, más solventes ante la Administración, sí pueden acceder a alquileres notablemente por debajo del precio de mercado. La vivienda «asequible» termina siendo, en la práctica, la más asequible para quien menos la necesita dentro del amplio espectro de la clase trabajadora.

El caso de Casa 47 no invalida por sí solo la utilidad de recuperar vivienda de la Sareb ni de ampliar el parque público de alquiler protegido: ambas cosas son necesarias frente a la magnitud de la crisis habitacional española. Pero revela con claridad los límites de una política diseñada por el Gobierno «progresista», empleando unos criterios técnicos que no se contrastan con la realidad material de quienes cobran el salario mínimo. Mientras el debate público se centra en el (escaso) número total de viviendas anunciadas o en la geografía de su reparto, la barrera de los ingresos —invisible en los titulares, decisiva en la práctica— sigue determinando quién puede beneficiarse realmente de una política financiada con recursos públicos y presentada como una conquista social.