11N, del techo al salario y tiramos porque ya nos toca.

Valoración breve sobre lo que revela el programa de la huelga general por la vivienda y cómo convertirlo en poder material. Finaliza esta entrada un enlace a una octavilla explicativa del 11N para leer y reenviar.

El 11 de noviembre será la primera huelga general respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde noviembre de 2012, y la primera cuyo eje central es el precio de la vivienda. Pero, más allá de la convocatoria, conviene profundizar sobre lo que se reclama desde las diversas entidades convocantes, quién lo hace, con qué palancas cuenta el movimiento y qué hace falta para que esta convocatoria sea un punto de partida y no una jornada aislada.

La huelga fue registrada el 19 de octubre por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, CCOO, UGT, CGT, CNT, la Unión de Actores y Actrices, CO.BAS y la Intersindical. Desde CCOO, Unai Sordo la presentó como una convocatoria «política» pero no partidista, con un objetivo de fondo, cambiar el sentido común sobre cómo se afronta la crisis de la vivienda. Para ello habló de poner un millón de viviendas a precios asequibles a disposición de la ciudadanía, de subidas salariales de entre el 4 % y el 7 % y de un incremento del 7 % del salario mínimo. La portavoz de los sindicatos de inquilinas, Valeria Racu, añadió la expropiación de los fondos buitre y un gran parque público «pagado por los ricos», junto a la revalorización de las pensiones, el blindaje de los servicios públicos y la reducción de la jornada.

Más contundentes son las demandas que el Sindicato de Inquilinas sostiene desde hace meses, entre ellas topes con bajadas del 50 % de los alquileres, contratos indefinidos, la recuperación de pisos turísticos y de alquiler temporal y el fin de la compra especulativa. Estas demandas son las que dan a la jornada su carga transformadora, pero no todas figuran con la misma formulación en la plataforma sindical unitaria. La huelga de consumo que menciona el análisis de partida tampoco aparece entre las reivindicaciones registradas que he podido comprobar, aunque sí encaja con la lógica de presión del movimiento, como veremos.

Cuando la renta se come una parte creciente del salario, la lucha por la vivienda y la lucha por el salario son la misma disputa en dos ventanillas distintas.

La razón material por la que vivienda y salarios vayan juntos en esta huelga es clara. El alquiler es una transferencia directa de renta desde quien vive de su trabajo hacia quien vive de su propiedad, y cuanto más sube, menos queda del salario para todo lo demás. Los sindicatos convocantes lo formulan así al argumentar que el precio de la vivienda afecta directamente a las personas trabajadoras, y ese razonamiento sirve además de cobertura legal para una huelga con objetivos que van más allá de un convenio, y se apoya en el vínculo entre vivienda y empleo que aparece en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

Leído desde este ángulo, los tres frentes del análisis de partida son tres puntos por los que se extrae ingreso de la clase trabajadora. La renta de la vivienda, los precios de la cesta de la compra, el transporte y la energía, y un salario que no sigue a la inflación. La demanda de tope a los alquileres, la de fijar precios básicos y la de subir salarios y pensiones atacan, cada una, uno de esos canales. Y la reducción de jornada sin recorte salarial añade la dimensión del tiempo, que es también riqueza que se nos expropia.

Aquí aparece una dificultad estratégica. Porque una huelga general golpea a quien emplea, pero quienes cobran la renta de la vivienda no dependen de que la gente trabaje un miércoles concreto. Los fondos y los grandes tenedores sienten el conflicto sobre todo a través de la ruptura de sus ingresos, es decir, cuando los inquilinos dejan de pagar de forma organizada, y a través del coste político que ese conflicto supone para los gobiernos que los protegen.

El Sindicato de Inquilinas lo sabe, y por eso la huelga del 11N se prepara barrio a barrio y no solo en los centros de trabajo. Racu ha explicado que bloques vecinales enfrentados a fondos buitre lograron bajar un 30 % sus alquileres mediante huelgas. Es una cifra declarada por una portavoz y no una estadística, pero indica la lógica material del movimiento. Cuando hay organización, hay capacidad de negociar, y el 11N puede ser el momento en que esa lógica se vuelva estatal.

En ese marco la huelga de consumo es una herramienta razonable como complemento, porque abre una vía de participación a quienes no pueden parar en su puesto, como las personas en paro, las jubiladas, las estudiantes o las trabajadoras de empresas pequeñas. Su límite está en que presiona a las cadenas de distribución y no a la renta de la vivienda, de modo que funcionará mejor como parte de una campaña sostenida que como gesto de un solo día.

Un programa fuerte se vuelve creíble cuando se traduce en mecanismos. La demanda de un millón de viviendas públicas en alquiler financiadas con un impuesto a la riqueza, por ejemplo, necesita decir quién construye, sobre qué suelo, con qué calendario y con qué parte del parque ya existente en manos de bancos y fondos. La bajada del 50 % de los alquileres plantea otra pregunta de diseño, cómo se aplica a los contratos vigentes y cómo se distingue a quien tiene un solo piso alquilado de quien gestiona carteras de miles. Y la expropiación necesita un perímetro claro, centrado en grandes tenedores y fondos, para que sea defendible y para que no sirva de coartada a quienes quieren presentar el movimiento como un ataque a la pequeña propiedad.

El movimiento tiene además una ventana política inmediata. Los decretos de vivienda del Gobierno cayeron en el Congreso, lo que el Sindicato de Inquilinas denunció en la calle, y las elecciones generales llegan dieciocho días después de la huelga. Los sindicatos han insistido en desvincular la convocatoria del calendario electoral, y es un acierto, porque una huelga que se limitara a pedir votos perdería la autonomía que le da fuerza. Pero un programa de clase con mecanismos concretos permite exigir a quien gobierne después del 29N algo más que declaraciones.