Las elecciones en Israel muestran que la derecha sigue marcando el rumbo.

Las elecciones israelíes del 27 de octubre de 2026 siguen expresando las contradicciones de un sistema político marcado por el predominio de la derecha, la fragmentación parlamentaria, la guerra y la exclusión de buena parte de la población palestina de las prioridades políticas dominantes. En lugar de fiarse de los titulares fáciles sobre el varapalo a Netanyahu, preferimos informar con cierta profundidad sobre la situación resultante de estos comicios.

INFORME

Las elecciones legislativas israelíes del 27 de octubre han dejado un resultado paradójico. El Likud de Benjamín Netanyahu vuelve a ser la fuerza más votada, pero el bloque formado por sus aliados ultranacionalistas y religiosos no alcanza la mayoría parlamentaria necesaria para garantizar la continuidad del Gobierno. La oposición tampoco dispone de una mayoría propia y necesita decidir si está dispuesta a negociar con los partidos árabes.

Según los resultados provisionales publicados por Associated Press y Reuters, el bloque de Netanyahu se situaría en torno a los 53 escaños, frente a los 48 de las fuerzas opositoras judías y los 19 que podrían obtener las formaciones árabes. La mayoría absoluta de la Knéset, el Parlamento israelí, requiere 61 de sus 120 diputados. La distribución definitiva de los escaños y las negociaciones posteriores determinarán quién puede formar Gobierno.

Pero OJO, que una victoria electoral no equivale a una mayoría para gobernar. Netanyahu conserva una posición relevante, pero afronta el desgaste de una etapa marcada por las guerras regionales, los fallos de seguridad del 7 de octubre de 2023, el encarecimiento de la vida y las controversias judiciales que le afectan. La cuestión ya no es solamente si podrá mantenerse en el poder, sino qué continuidad tendrán las políticas que han situado a Israel en una confrontación cada vez más amplia con sus vecinos.

La principal conclusión de estos comicios es que el rechazo al primer ministro no se ha traducido automáticamente en una mayoría política capaz de ofrecer un rumbo diferente. El dirigente opositor Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército y líder de la formación centrista Yashar, se presenta como una alternativa a Netanyahu. A su alrededor se sitúan otras fuerzas que discrepan del actual Gobierno por su gestión, sus alianzas religiosas, su política institucional o sus decisiones militares.

Sin embargo, como señala David Gómez en El Orden Mundial, existe una convergencia importante entre las principales fuerzas sionistas en cuestiones fundamentales de seguridad y política exterior. Buena parte de la oposición comparte posiciones favorables al mantenimiento del control israelí sobre los territorios ocupados y rechaza la creación de un Estado palestino soberano. También defiende el papel central del Ejército como instrumento para garantizar la seguridad y la influencia regional de Israel.

Esto obliga a distinguir entre dos cuestiones. Una es la oposición a Netanyahu y a su manera de ejercer el poder; otra, la existencia de un proyecto alternativo que garantice los derechos nacionales del pueblo palestino y ponga fin a la ocupación. El relevo de dirigentes puede modificar el estilo de gobierno, las relaciones con Estados Unidos o la gestión de las instituciones. Pero no supone necesariamente un cambio en las estructuras políticas y territoriales que sostienen el conflicto.

El resultado electoral tampoco puede explicarse únicamente por la personalidad de Netanyahu. En las últimas décadas, la derecha israelí ha consolidado una posición dominante y ha contribuido a desplazar el centro del debate político hacia posiciones más nacionalistas y militaristas. El Likud, heredero de la tradición revisionista del sionismo, se convirtió en una fuerza central del sistema político tras su victoria de 1977. Desde entonces, el debilitamiento de la izquierda sionista y la creciente influencia de los partidos religiosos y ultranacionalistas han transformado las condiciones de la competencia electoral.

La coalición de Netanyahu ha llevado esa evolución a una expresión especialmente radical. Sus socios de extrema derecha, entre ellos Poder Judío y Sionismo Religioso, defienden políticas de mayor presión militar y expansión de los asentamientos. Las formaciones ultraortodoxas, por su parte, condicionan su apoyo a cuestiones como la financiación de sus instituciones y las exenciones del servicio militar.

Estas diferencias han generado tensiones dentro del propio bloque gubernamental. La negativa a extender el servicio militar obligatorio a los sectores ultraortodoxos se ha convertido en una cuestión especialmente conflictiva en un país sometido a una prolongada movilización militar. No obstante, las discrepancias sobre la distribución de las cargas militares, la corrupción o la gestión del Gobierno no deben confundirse con una ruptura generalizada con el nacionalismo israelí dominante. El desplazamiento hacia la derecha afecta también a sectores que pretenden sustituir a Netanyahu.

Uno de los resultados más significativos de las elecciones es el avance de las formaciones políticas árabes, cuya representación conjunta podría rondar los 19 diputados. Estos partidos representan principalmente a ciudadanos palestinos de Israel, que constituyen aproximadamente una quinta parte de la población del país. Sus prioridades incluyen combatir la discriminación, mejorar los servicios públicos, reducir la violencia y la criminalidad en sus comunidades y avanzar hacia una solución política que reconozca los derechos nacionales palestinos. Su crecimiento puede alterar las negociaciones para formar Gobierno. La oposición necesitaría su apoyo, directo o indirecto, para construir una mayoría parlamentaria viable. Sin embargo, varios dirigentes de las principales formaciones sionistas han descartado durante la campaña una alianza formal con los partidos árabes.

Aquí aparece una contradicción importante: fuerzas que se presentan como defensoras de la democracia y del cambio político pueden necesitar los votos de una parte significativa de la ciudadanía, pero se resisten a reconocer a sus representantes como socios legítimos de gobierno.

El problema va más allá de las negociaciones postelectorales. Los palestinos que poseen ciudadanía israelí pueden votar en las elecciones nacionales, mientras que los palestinos de Cisjordania ocupada y Jerusalén Este no participan en ellas en las mismas condiciones. Estos últimos están sometidos a distintas formas de control israelí sobre su movilidad, su territorio y aspectos fundamentales de su vida cotidiana, sin disponer de representación política en la Knéset.

La existencia de derechos electorales y posibilidad de votar para la población árabe israelí no elimina, por tanto, las profundas desigualdades que atraviesan el sistema político y territorial.

El resultado electoral debe situarse en el contexto de las guerras que han sacudido Oriente Próximo desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza, así como de la extensión de la confrontación a otros escenarios regionales. La seguridad ha ocupado un lugar central en la campaña. Netanyahu ha utilizado su experiencia política y militar para presentarse como el dirigente capaz de afrontar las amenazas exteriores. Sus adversarios han cuestionado su responsabilidad en los fallos de seguridad de 2023 y han defendido una investigación independiente sobre lo sucedido.

Pero el debate electoral ha dejado en un segundo plano una cuestión decisiva para la población palestina: qué solución política permitiría acabar con la ocupación, garantizar la autodeterminación y evitar que la guerra se convierta en una situación permanente. Esto es especialmente importante porque la doctrina de la «paz mediante la fuerza» ha ganado terreno en el conjunto del sistema político israelí. Incluso dirigentes opositores que cuestionan la gestión de Netanyahu mantienen posiciones militaristas y rechazan una parte sustancial de las reivindicaciones nacionales palestinas.

Por eso, la eventual salida de Netanyahu no garantiza por sí misma una reducción de la violencia ni una modificación sustancial de la política territorial israelí. El cambio de Gobierno podría alterar los métodos y las prioridades, pero la orientación estratégica dependerá también de las fuerzas políticas y sociales que consigan imponer sus condiciones.

El debilitamiento histórico de la izquierda sionista es otro elemento necesario para comprender este escenario. El Partido Laborista, que dominó la política israelí durante las primeras décadas posteriores a la fundación del Estado, ha perdido gran parte de su capacidad de influencia.

La desaparición de una alternativa de izquierda con suficiente fuerza electoral ha favorecido una competencia cada vez más centrada en distintas variantes del nacionalismo, la seguridad y la gestión del poder. La discusión sobre los derechos de los trabajadores, las desigualdades sociales o los servicios públicos sigue existiendo, pero queda subordinada con frecuencia a las cuestiones militares y nacionales.

Desde una perspectiva crítica, no basta con reivindicar un Gobierno más moderado o menos personalista. Una alternativa real tendría que abordar la relación entre el Estado israelí, la ocupación y la negación de los derechos nacionales palestinos, además de combatir las desigualdades sociales y las políticas discriminatorias.

La cuestión no consiste en equiparar sin matices a todas las fuerzas políticas israelíes que presentan diferencias reales, sino en identificar los límites de una oposición que puede cuestionar al dirigente de turno sin cuestionar los fundamentos de la política de ocupación.

La fragmentación parlamentaria abre varias posibilidades. Netanyahu podría intentar atraer a diputados de otras formaciones para ampliar su mayoría o promover un Gobierno de unidad nacional. Eisenkot, por su parte, podría explorar un acuerdo con las formaciones árabes, aunque tendría que afrontar las resistencias de sectores de su propio espacio político.

Si ninguna de las opciones consigue reunir los apoyos necesarios, Israel podría volver a unas elecciones anticipadas. La experiencia de 2019 a 2022 demuestra que la fragmentación del sistema parlamentario puede prolongar la inestabilidad durante años.

La incertidumbre política también puede repercutir en la estrategia regional. Un Gobierno debilitado podría buscar acuerdos que reduzcan las tensiones o, por el contrario, recurrir a una política de confrontación para reforzar su posición interna. Ninguno de estos escenarios puede darse por seguro.

Lo que sí parece claro es que las negociaciones para formar Gobierno no resolverán por sí solas las causas profundas del conflicto. La estabilidad de una coalición parlamentaria no equivale a una paz justa ni al reconocimiento de los derechos de la población palestina.

Las elecciones israelíes muestran los límites de una política centrada en decidir quién debe ocupar la jefatura del Gobierno sin cuestionar suficientemente las bases del orden político existente. Netanyahu ha demostrado una vez más su capacidad para resistir el desgaste, pero su bloque no dispone de una mayoría clara. La oposición tiene la oportunidad de desplazarlo, aunque sus diferencias con el actual Gobierno no garantizan una ruptura con la ocupación, la expansión de los asentamientos o el recurso sistemático a la fuerza militar.

El avance de los partidos árabes introduce un elemento relevante en la aritmética parlamentaria y expresa una mayor movilización de una ciudadanía que reclama igualdad y representación. Sin embargo, la resistencia a reconocerles un papel político proporcional a su representación evidencia los límites de la democracia israelí cuando se examina desde la situación de la población palestina sometida al poder de Israel.

La cuestión de fondo no es únicamente quién gobernará Israel durante los próximos años. Es si se mantendrá un sistema en el que la seguridad se utiliza para justificar la ocupación y en el que la solución política del conflicto palestino continúa subordinada a los intereses del nacionalismo dominante.

Sin un cambio en esa orientación, la salida de Netanyahu podría representar una modificación de liderazgo, pero no necesariamente el comienzo de una paz basada en la igualdad de derechos, la autodeterminación palestina y el fin de la ocupación.