El «decreto Maricarmen» y las acampadas ponen al Gobierno ante el espejo de la vivienda.

Maricarmen Abascal vivía de alquiler en la misma casa desde hacía 70 años. El miércoles la echaron. Lo que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid había anunciado como un posible punto de no retorno se confirmó el sábado 26 de septiembre, cuando las calles del centro de Madrid se llenaron de rabia contra la especulación, los fondos buitre y el rentismo.

La cifra de asistencia está en disputa. El sindicato habla de más de 300.000 personas y la Delegación del Gobierno rebaja el dato a 25.000. La marcha fue de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, al Ayuntamiento y de ahí a las inmediaciones del Congreso, blindado con vallas y una decena de furgones policiales. Se vieron jóvenes, personas mayores, familias con bebés, madrileñas de siempre y gente llegada de otros países. Se pidió prohibir que los fondos compren edificios enteros, expropiar a los grandes tenedores y crear un parque público de vivienda.

También en otras ciudades y plazas españolas han comenzado las manifestaciones y convocatorias, como ya informamos aquí. Pero la movilización tiene sus plazos y perspectivas.

Según informa La Marea, al terminar la manifestación, una decena de tiendas se convirtió en medio centenar en la Puerta del Sol, y otros medios hablan de más de ochenta. Unas 500 personas pasaron allí la noche, en una imagen que recuerda al 15-M quince años después. El domingo empezó con un taller de acción directa no violenta, y la marea verde de la educación pública se sumó a la plaza. Ese cruce muestra que la vivienda es un problema de clase que atraviesa generaciones y oficios.

La acampada no tiene fecha de cierre, pero sí una meta. Las personas acampadas esperan resistir hasta el Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre. Valeria Racu, del sindicato, lo dijo ante el Congreso sin rodeos, con un «o cae el rentismo o cae el Gobierno» que se ha repetido en la plaza.

El sindicato ha redactado un real decreto que, como se puede constatar aquí,  no se limita a un texto legal. Se trata de una propuesta amplia de medidas que se exige apruebe el Consejo de Ministros. La más novedosa quizás es la renovación automática de los contratos de alquiler, que serían indefinidos por norma. Quien quiera echar a un inquilino tendría que justificar un motivo o indemnizarlo, como ocurre con los contratos de trabajo. La portavoz Sandra Mora defiende que no es una propuesta rupturista, porque busca armonizar la legislación española con la de otros países europeos.

Existe un debate legítimo. Hay quien advierte de que ciertas regulaciones pueden reducir la oferta o frenar la inversión. Pero el sindicato responde con la comparación europea y con los datos del último año.

• En el primer trimestre de 2026 hubo más de 4.000 desahucios en España según el Consejo General del Poder Judicial, unos 44 al día.
• Alrededor del 65 % (unos 2.600) fueron de inquilinas o familias que no pudieron pagar el alquiler, el mismo perfil que Maricarmen.
• Desde la pandemia, el alquiler ha subido de media un 30 % según Idealista. En Madrid el aumento es del 55 %, en Barcelona del 62 % y en València del 74 %.
• En ese mismo periodo el salario medio ha subido en torno a un 15 % según el INE.

Las administraciones se cruzan reproches. El Ayuntamiento de Madrid exige a la Delegación del Gobierno que restablezca la normalidad en Sol y la acusa de dejación de funciones. Se informa de que Sánchez ultima un decreto sobre vivienda, y el Sindicat de Llogateres de Catalunya se ha movilizado en Barcelona frente al acto al que asiste el presidente. Sin conocer el texto del Ejecutivo no se puede saber si recoge la prórroga indefinida de los contratos, que es la medida que separa un parche de un cambio de modelo.