La Comunitat Valenciana, primera de España en desahucios por habitante.

El desahucio de Maricarmen,  unas mujer de 87 años que llevaba residiendo siete décadas en un piso de Madrid y fue desalojada esta misma semana, está sirviendo de caja de resonancia entre muchos medios y conciencias, revelando la «inhumanidad» del sistema social que vivimos. En el escenario valenciano que ahora detallamos similares circunstancias también se vienen produciendo ampliamente…

Dos sentencias favorables, un contrato en vigor, un pago de renta nunca interrumpido: nada de eso ha impedido que la vivienda de un investigador de la Universitat de València acabe en manos de un tercer propietario dispuesto a desalojarlo. El caso resume claramente cómo se ha desmontado por la vía de los hechos el derecho a la vivienda en el País Valenciano.

El Sindicat d’Habitatge de València (SHV) ha convocado una concentración para el próximo miércoles 30 de septiembre, a las 10:00 h, frente al número 4 de la calle Hernán Cortés de Burjassot. El objetivo es detener el desahucio de Daniel, investigador de la Universitat de València que vive en ese piso desde 2009 y que, pese a acumular dos sentencias judiciales a su favor, se enfrenta a una orden de desalojo y a una indemnización de 36.000 euros que ni siquiera le correspondería pagar al no haber incumplido ninguna ley (¹⁾. «Cada día hay decenas de Mari Carmen», resume el portavoz del sindicato, Esteban Arellano, en referencia al caso de la vecina de Vallecas que se convirtió este mes en símbolo nacional de la resistencia frente a los desahucios (²⁾.

El relato de los hechos merece reconstruirse porque no hay en él ni un solo elemento excepcional. Es, más bien, el manual de instrucciones de cómo un fondo de inversión despoja a un inquilino de un derecho reconocido por partida doble en los tribunales.

Entre 2012 y 2013, en plena crisis inmobiliaria, la propietaria original del piso, Ingrade SL, rebajó el alquiler a Daniel para evitar que se marchara y le reconoció una cláusula de tanteo y retracto que le daba preferencia para comprar la vivienda por 71.000 euros. En 2016, cuando Ingrade entró en concurso de acreedores, Daniel consignó judicialmente el pago de la renta para blindarse frente a cualquier acusación de impago. Una primera sentencia le dio la razón: reconoció la vigencia de su contrato y su derecho a comprar. Pero la subasta del inmueble siguió adelante de todos modos, y en 2018 la vivienda pasó a manos de CaixaBank a través de la gestora Wallner Group.

Ese salto —de la propiedad original a la banca, sin que el derecho de adquisición preferente del inquilino llegara nunca a materializarse— no es un accidente procesal aislado. La jurisprudencia sobre tanteo y retracto arrendaticio viene interpretando de forma restrictiva qué operaciones lo activan. Los tribunales han excluido reiteradamente de su ámbito transmisiones que no sean estrictamente una compraventa, desde aportaciones societarias hasta adjudicaciones derivadas de subastas judiciales (³⁾. El resultado práctico es que un derecho escrito en la Ley de Arrendamientos Urbanos puede quedar neutralizado por el simple hecho de que el cambio de manos se produzca dentro de la maquinaria de ejecución hipotecaria en vez de mediante una venta directa. La protección existe en el papel; en la práctica, basta con elegir el cauce jurídico adecuado para esquivarla.

El nuevo propietario, según denuncia el Sindicat, conocía perfectamente la situación de Daniel y aun así, a través de las inmobiliarias Servihabitat y Coral Homes SL —del mismo grupo que CaixaBank—, lo acusó de ocupación ilegítima y lo llevó a juicio. La demanda fue desestimada y se consiguió la segunda sentencia favorable al inquilino.

Conviene detenerse en quién es realmente «el mismo grupo que CaixaBank». Coral Homes se constituyó en 2018 cuando CaixaBank traspasó a esta sociedad su cartera de activos inmobiliarios tóxicos, valorada entonces en unos 6.700 millones de euros netos (⁴⁾. El 80% del capital de Coral Homes pertenece al fondo estadounidense Lone Star —domiciliado fiscalmente en las islas Bermudas—, mientras que CaixaBank retiene el 20% restante (⁵⁾. Servihabitat, la inmobiliaria que gestiona el día a día de los desahucios y las ventas, es propiedad de Coral Homes. Es decir, el banco que preside buena parte del ahorro popular valenciano diseñó una estructura societaria específicamente pensada para «desconsolidar el ladrillo» de su balance y delegar en un fondo buitre transnacional la función de expulsar inquilinos, mientras conserva una participación minoritaria y un beneficio asegurado. Otros colectivos de afectados por CaixaBank y Coral Homes en Canarias han denunciado el mismo patrón de hostigamiento antes de acudir a los tribunales (⁶⁾.

En 2023, sin que nada hubiera cambiado en la situación de Daniel —que nunca dejó de pagar la renta—, Coral Homes volvió a denunciarlo. En paralelo, la vivienda se vendió por tercera vez, de nuevo sin respetar el derecho de tanteo reconocido judicialmente. La actual propietaria, la inmobiliaria Katalin Magyar, obtuvo finalmente del Tribunal de Instancia de Paterna una orden de desahucio junto con una indemnización de 36.000 euros, «ignorando el pago continuado de la renta y todas las victorias judiciales anteriores», subraya el SHV (¹⁾.

«Tener un trabajo y pagar el alquiler ya no te garantiza que no te echen de casa. La gente debería ser consciente de que está más cerca de perder la casa que de comprarla.» — Esteban Arellano, Sindicat d’Habitatge de València

El caso de Burjassot ejemplifica unas situaciones frecuentes en nuestro medio. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, la Comunitat Valenciana fue en el primer trimestre de 2026 la comunidad autónoma con mayor tasa de lanzamientos judiciales por cada 100.000 habitantes de toda España —13,7, muy por encima de la media estatal—, y la primera en cifra absoluta de desahucios por impago de alquiler (513 casos), por delante de Cataluña, Madrid y Andalucía (⁷⁾⁽⁸⁾. El dato conserva una paradoja reveladora, ya que el número total de desahucios bajó respecto al año anterior, pero el peso relativo del fenómeno sobre la población mantiene al País Valenciano en el primer puesto del ranking estatal. La caída interanual no traduce, por tanto, ninguna mejora estructural, expresa una desaceleración dentro de un modelo que sigue siendo, proporcionalmente, el más expulsivo del país.

El sindic Arellano lo sitúa en su justa escala temporal al señalar que la dinámica «no se ha acabado nunca» desde 2015, cuando comienza a recuperarse la burbuja inmobiliaria tras el estallido de 2008, y se agrava «cada vez más» con la entrada de capital financiero internacional en el mercado de la vivienda valenciana (¹⁾. Es la misma cronología que atraviesa el caso de Daniel: la crisis (2012-2013), la recuperación especulativa (2016-2018) y la consolidación del modelo rentista actual (2023-2026), con los fondos de inversión como beneficiarios estructurales de cada fase.

Que el Congreso de los Diputados rechazara el pasado 15 de septiembre, por segunda vez en menos de un año, la proposición de ley de Sumar para prohibir que fondos de inversión y grandes tenedores compren vivienda —con la abstención del PSOE y el PNV y el voto en contra de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria— no es un dato ajeno a lo que le ocurre a Daniel. Es, en realidad, la otra cara de la misma moneda. Mientras el Estado se niega a tocar el modelo de negocio de los grandes tenedores, los tribunales de instancia siguen aplicando, caso por caso, una legislación arrendaticia que protege sobre el papel y que, en la práctica, puede sortearse cambiando el vehículo jurídico de la transmisión. No hace falta que la ley cambie para que el derecho deje de cumplirse: basta con que el poder judicial, la banca y los fondos compartan el mismo terreno de juego.