Saharauis denuncian las dos caras de la política española.

El Congreso reconocerá la ciudadanía española a decenas de miles de saharauis mientras el Gobierno arma a la potencia ocupante y mantiene su giro de 2022 hacia las tesis marroquíes. La reparación individual y la responsabilidad de Estado con esta población discurren, pues, por carriles bien distintos.

El 10 de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó, con 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones, la proposición de ley (mal llamada) «ley de nacionalidad saharaui» en realidad lo que reconoce es la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 —cuando el territorio era todavía provincia española— y a sus descendientes directos. El texto que pasa ahora al Senado  entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el BOE, abriendo un plazo de tres años, ampliable a cuatro, para tramitar solicitudes gratuitamente. Las estimaciones sobre el número de personas beneficiadas oscilan entre las 70.000 y las 200.000, según se incluya finalmente o no a la población de los campamentos de Tinduf, a la diáspora y a quienes viven bajo administración marroquí.

La norma no exige residencia legal en España ni requiere más prueba que un DNI caducado, una inscripción en el censo del referéndum de la ONU o documentación laboral, escolar o de registro civil anterior a la retirada española. Junto a esa vía de carta de naturaleza, el Código Civil se modifica para que el resto de personas saharauis acceda a la nacionalidad tras dos años de residencia legal, el mismo trato preferente que ya tienen latinoamericanos, filipinos, ecuatoguineanos, portugueses y sefardíes.

Desde los campamentos de refugiados de Tinduf, el presidente del Consejo Nacional Saharaui, Bachir Mustafá Seyed, definió la aprobación de esta ley como un paso histórico, pero también señaló que la responsabilidad española no se agota en el registro civil. El comunicado emitido desde Chahid El Hafed recuerda que España abandonó el territorio de forma trágica y caótica, sin permitir el referéndum de autodeterminación comprometido ante la ONU, y que esa deuda —histórica, jurídica y de memoria— no se salda con la medida aprobada.

El Consejo Nacional no pide gestos adicionales de reparación individual: exige una posición política. Que España defienda la legalidad internacional en la ONU y en la Unión Europea, que reconozca el derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui y que contribuya, de forma efectiva, a poner fin a la ocupación. El comunicado señala explícitamente el giro de 2022 del Gobierno de Pedro Sánchez —el respaldo al plan marroquí de autonomía como base de solución— como el episodio que más ha dañado la credibilidad española ante el pueblo saharaui.

La nacionalidad española es un derecho añadido para las víctimas de la descolonización inacabada, no un sustituto de la independencia que el pueblo saharaui sigue reclamando.

Aquí es donde el gesto legislativo se topa con la política real del Estado español y su gobierno «progresista» que incluye a ministros de IU y del PC. Mientras el Congreso debatía la ley, las estadísticas de Aduanas seguían registrando el mismo patrón de los últimos años: las exportaciones españolas de armas y munición a Marruecos se dispararon durante el primer semestre de 2026 hasta superar los ocho millones de euros, veinte veces más que en el mismo periodo de 2021, con las partidas de bombas, granadas y torpedos como principal motor del crecimiento. La empresa pública Navantia entregará este año un patrullero oceánico a la marina marroquí, y Rabat destina ya a defensa una proporción de su PIB muy superior a la española, en pleno contexto de tensión fronteriza en Ceuta.

Esta es la contradicción material que el Consejo Nacional Saharaui señala sin nombrarla del todo: España puede restituir el DNI a las víctimas de su propia descolonización fallida pero sigue proveyendo de material militar a la potencia que ocupa el territorio del que esas víctimas fueron expulsadas. La reparación jurídica individual convive, por tanto, sin fricción aparente con unas políticas exterior, de cooperación militar y comercial que sostienen la ocupación. Reconocer un derecho no cuesta nada al bloque exportador de armamento ni a la relación bilateral con Rabat; reconocer la República Árabe Saharaui Democrática, en cambio, sí tendría un coste diplomático y económico que ningún gobierno español ha estado dispuesto a asumir desde 2022.

El bloque de investidura —PSOE, Sumar y la mayoría de sus socios— defendió la ley como restitución de un derecho arrebatado en 1977 y como acto de memoria democrática. La diputada de Sumar Tesh Sidi, hija del pueblo saharaui y una de las principales impulsoras del texto, pidió unanimidad a la Cámara y calificó cualquier abstención de posición favorable a Marruecos. El PP se abstuvo alegando que prefiere la vía de residencia a la carta de naturaleza, con el argumento —ya ensayado contra la llamada ley de nietos— de un supuesto riesgo de nacionalizaciones sin vínculo real. Junts se abstuvo también, en un contexto de tensión más amplia con el Ejecutivo. Vox votó en contra calificando la medida de regalo sin justificación jurídica.

Casi todos los grupos que intervinieron —incluidos varios que apoyaron el texto— reprocharon al Gobierno su alineamiento con Rabat desde 2022 y reclamaron que España recupere una postura activa en favor de la autodeterminación. Ese consenso retórico, sin embargo, no se ha traducido todavía en ningún cambio de posición oficial ni en la más mínima revisión de la relación militar y comercial con Marruecos.

La ley tendrá efectos concretos y valiosos para decenas de miles de familias: documentación española, movilidad, acceso a estudios y trabajo, y el reconocimiento simbólico de un vínculo que Rabat y sucesivos gobiernos españoles han tratado de borrar. Pero conviene no confundir la reparación de las víctimas individuales de la descolonización con la resolución política del conflicto que las produjo. El Sáhara Occidental sigue siendo, medio siglo después, el último territorio no autónomo de África pendiente de descolonización según la ONU, y España continúa siendo, en derecho internacional, su potencia administradora.

Que el Congreso español apruebe una ley de nacionalidad no cambia esa posición jurídica ni acerca el referéndum de autodeterminación. Lo que sí revela, con nitidez, es la lógica con la que el Estado gestiona su responsabilidad colonial. Por un lado, individualizar la reparación en el terreno civil —barato, consensuable, reversible en su alcance—. Por el otro, blindar en el terreno geopolítico y militar la relación con quien ocupa el territorio.

Es la misma lógica hipócrita que separa la retórica humanitaria sobre las víctimas de la dictadura franquista, por ejemplo, de la política de Estado hacia los verdugos.