Hacia la Huelga general por la vivienda el 11N.

Tras la caída de los decretos por la vivienda el Congreso, el movimiento de inquilinas y demás organizaciones  por el derecho a techo han convertido la rabia de amplios sectores de población trabajadora en una huelga de 24 horas el próximo día 11 del 11. Lo que más importa ahora es que esta movilización no se quede en un día.

El viernes 2 de octubre el Congreso de los Diputados tumbó los dos reales decretos-ley de vivienda que el Gobierno había aprobado esa misma semana. El primero, que reunía las medidas sobre desahucios, alquileres y compras de los fondos, cayó por 172 votos a favor y 178 en contra, y el segundo, sobre la renovación de los contratos, por 166 frente a 184. Votaron en contra el PP, Vox, Junts y UPN. A las puertas de la Cámara, miles de personas gritaron su rechazo y reclamaron una huelga general. Dos semanas después, esa consigna tiene fecha, calendario y organizaciones detrás.

Los decretos incluían la prórroga de los alquileres, topes a las rentas, límites a la compra por parte de fondos y beneficios fiscales para caseros e inquilinos. Ni siquiera eran las medidas que exigía la multitud movilizada, y la crónica de El Salto las describe como unos mínimos. Aun así, la mayoría parlamentaria que suman la derecha y el bloque rentista no los dejó pasar. Junts mantuvo su negativa incluso después de que la ministra ofreciera tramitarlos como proyecto de ley y la portavoz del Sindicato de Inquilinas resumió la lectura del movimiento al describir unas Cortes secuestradas por el rentismo. La respuesta institucional fue el anuncio de elecciones generales para el 29 de noviembre.

Conviene no dar demasiado crédito a la épica parlamentaria de ningún bando. Un Gobierno que llega a la votación con una medida de mínimos y un Parlamento que la rechaza confirman lo mismo, que el reparto de la renta entre quienes viven de su trabajo y quienes viven de rentas no se decide en el hemiciclo cuando la correlación de fuerzas social es adversa. Esa es la razón material por la que la salida del movimiento no fue otra proposición de ley, sino la huelga.

El sábado 3 de octubre, València salió a la calle desde la Porta de la Mar en una manifestación convocada por el Sindicat de Llogateres, Entrebarris, la PAH y el Sindicat Habitatge València. Su portavoz, Andrea Leixos, pidió crear comités de huelga en todos los centros de trabajo y de estudio, con asambleas, para empezar la huelga general a mediados de noviembre. Cuatro días más tarde, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, UGT, CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y Co.Bas acordaron convocar un paro de 24 horas para el miércoles 11 de noviembre, dieciocho días antes de las elecciones. Será la primera huelga general desde 2012 y la primera de la historia de España convocada por la vivienda.

En València la maquinaria ya está en marcha. Más de 400 tiendas continúan acampadas ante el Ayuntamiento, con comisiones al mediodía y una asamblea general a las 20.30. El portavoz del Sindicat d’Estudiants del País Valencià defiende que esa capacidad de convocatoria debe servir para reforzar la huelga en los centros de trabajo, y la portavoz del Sindicat d’Habitatge de València insiste en convertir la energía de la acampada en organización permanente.

Cuando una parte creciente del salario se va en el techo, el conflicto de la vivienda deja de ser sectorial y pasa a ser un conflicto sobre cómo se reparte el trabajo de todas.

Los datos explican la urgencia. Por ejemplo, el alquiler en la ciudad de València alcanzó los 15,3 euros por metro cuadrado en agosto, un 7,6 % más que un año antes, y el precio de venta supera ya los 4.000 euros por metro cuadrado según la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV. Con salarios que no acompañan, la vivienda funciona como un mecanismo de transferencia de renta del trabajo a la propiedad, y una manifestación de sábado no sirve para interrumpir ese mecanismo. En cambio, una huelga sí puede hacerlo, porque golpea el lugar donde se produce el valor.

De ahí que el movimiento haya buscado el aval de los sindicatos con representación laboral. Una huelga general convocada solo por una organización de inquilinas no tendría la cobertura del derecho constitucional de huelga, y por eso la convocatoria enlaza vivienda y salarios. Hasta la patronal lo ha entendido bien y tanto la CEOE como Cepyme han rechazado taxativamente el paro.

En la convocatoria de huelga, entre otras, destacan las reivindicaciones de contratos de alquiler indefinidos, bajadas drásticas del precio del alquiler y de la vivienda, el fin de los desahucios, un impuesto a la riqueza para financiar un parque público y el fin de la compra especulativa, a las que los sindicatos suman salarios y pensiones.

Pero una huelga de 24 horas, por masiva que sea, no cambia por sí sola quién controla el suelo ni cómo se financia el alquiler. Tampoco es seguro que su sentido político sobreviva a la cercanía electoral, y los propios organizadores plantean no querer entrar en dinámicas electoralistas. La prueba real llegará el 12 de noviembre y siguientes. Por eso resulta decisivo crear comités en barrios y centros de estudio para dar continuidad a la movilización más allá del 11N. Sin esa estructura, la huelga sería testimonial solamente, siendo que con ella puede convertirse en un poder social que condicione a quien gane el 29 de noviembre.