Comunistas rusos contra Putin. Crece la oposición interna a la guerra y los recortes.

El pasado 4 de octubre, en Moscú, una marcha autorizada del Partido Comunista de la Federación Rusa (KPRF) acabó con cargas policiales y unos sesenta jóvenes detenidos tras corear «¡abajo el zar!». Se trata de toda una ironía, porque el partido que ahora ve cómo la policía golpea a sus bases ha sido durante décadas una pieza fiel del decorado político de Vladímir Putin.

La convocatoria conmemoraba el trigésimo tercer aniversario del golpe constitucional de Borís Yeltsin contra el Parlamento en 1993. La dirección había aprobado una consigna sobria, «no a la persecución política», pero grupos de jóvenes empezaron a gritar contra la guerra, contra el regulador de internet y contra Rusia Unida, el partido de Putin.

El exdiputado comunista Yevgueni Stupin atribuyó la reacción policial al lema «¡abajo el zar!», que se asocia directamente con el presidente, y denuncia un uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos.

Llamar «oposición» al KPRF exige matices. Su dirección, con Guennadi Ziugánov al frente desde hace treinta y tres años, respaldó la anexión de Crimea en 2014, reclamó el reconocimiento de las «repúblicas» del Donbás antes de la invasión y, cuando esta comenzó en 2022, apoyó de inmediato al presidente. Sancionó y llegó a expulsar a militantes contrarios a la guerra, entre ellos el propio Stupin. En las presidenciales de 2024 presentó a Nikolái Jaritónov, que prometió no criticar a Putin y lo trató como un compañero de equipo en tiempos difíciles.

Esta fidelidad al régimen, sin embargo, no es plena. El partido se opuso a la reforma de las pensiones de 2018 y a la reforma constitucional de 2020 que permite a Putin seguir hasta 2036, y en 2021 protestó contra el voto electrónico. Ziugánov critica los cortes de internet y los castigos por exhibir símbolos «extremistas», e incluso advirtió en el Parlamento de que sin medidas económicas urgentes Rusia se enfrentaría a algo parecido a 1917. El historiador Iliá Budraitskis resume la situación señalando que, por ejemplo, para un joven de provincias que quiere hacer oposición, el KPRF es la única puerta disponible. Pero esto ahora se está resquebrajando internamente.

Los casos recientes dibujan un patrón, aunque cada uno exige cautela. Serguéi Udaltsov, líder del Frente de Izquierda, fue condenado en diciembre de 2025 a seis años de colonia penal por «justificación del terrorismo». El motivo fue un artículo en defensa de un círculo marxista de Ufá cuyos miembros recibieron penas de entre 16 y 22 años. Conviene añadir que Udaltsov apoyó la anexión de Crimea y la invasión a gran escala, lo cual no hace menos inconsistente su condena. El caso de Pável Grudinin, excluido de la lista comunista por la Comisión Electoral Central por supuestas acciones en una empresa de Belice, es de julio de 2021, no de este ciclo, y él lo atribuyó al temor del poder ante un voto de izquierdas; lo que demuestra que el filtro represivo político lleva años funcionando.

En agosto de 2026 un tribunal de Samara retiró la candidatura del diputado Mijaíl Matvéyev por usar tipografías de Microsoft y fotografías sin licencia en su propaganda, a instancias de una rival del Partido de los Pensionistas. Pero una corte de apelación la restituyó el 26 de agosto, y conviene recordar que Matvéyev es conocido por su retórica nacionalista, de modo que el episodio ilustra el uso instrumental de los pleitos de derechos de autor para amparar la persecución ideológica. A ello cabe sumar el veto a Nikolái Bondarenko, la detención del joven activista Dmitri Morozov por cargos de drogas que su familia niega o el encarcelamiento del analista Aleksander Kínev tras denunciar manipulación del escrutinio.

Las legislativas del 18 al 20 de septiembre de este año dejaron al KPRF en segundo lugar con cerca del 13,8 % en el recuento preliminar, frente al 18,93 % de 2021. Con el reparto definitivo, el partido se quedó con 37 escaños en una Duma donde Rusia Unida suma 349. Varias federaciones regionales, como las de Irkutsk y Tiumén, impugnaron el resultado, y los dirigentes denunciaron irregularidades en el voto electrónico. Pero la dirección comunista ha terminado reconociendo los resultados, una condición necesaria para seguir existiendo legalmente en el sistema. En cualquier caso, lo que está claro es que las cifras oficiales no permiten separar cuánto de la caída electoral es fraude y cuánto un desgaste real de un partido que critica los recortes sociales sin cuestionar la guerra que los provoca.

Está es la clave. Vivienda, sanidad y educación se degradan por el esfuerzo bélico, y Budraitskis anticipa que esa conexión será cada vez más evidente para la población. Un partido que reclama justicia social y a la vez respalda la guerra, e incluso vincula en su programa el giro a la izquierda con la victoria militar, no puede ofrecer una salida a su propia base. La dirección ha preferido la supervivencia institucional, con sus escaños y su presencia mediática, a la ruptura. Mientras tanto, quienes pagan la guerra con su vida, salario, pensión o  juventud empiezan a gritar otras cosas en la calle.

No obstante, este «despertar» político conviene verlo con cautela. Los jóvenes que corearon contra el zar son una novedad significativa, pero el desenlace dependerá de si la dirección de uno u otro modo modo llega a romper con el apoyo a la invasión y a la subordinación al aparato del Estado, o si opta por limitarse a disciplinar a su militancia. Budraitskis sospecha que ésta no va cambiar de guión. Sin embargo, la unidad de clase no se puede construir desde esa ambigüedad.