Denuncian las deficiencias de gestión de la Generalitat Valenciana reveladas por la nueva DANA Adam.

La nueva DANA denominada «Adam», con al menos cuatro personas fallecidas (tres en la Comunitat Valenciana y una en Catalunya), cerca de quinientos rescates y 145 municipios confinados, vuelve a poner sobre la mesa cuestiones graves. Las lluvias extremas son un fenómeno meteorológico agravado por la crisis climática, pero gran parte de sus consecuencias dependen de las decisiones políticas que se toman en materia de planificación territorial y de las prioridades económicas que se asumen.

El temporal ha dejado acumulados de entre 550 y 720 litros por metro cuadrado en 48 horas en comarcas como la Safor y la Marina Alta, con 643 en Oliva y 693 en Pego, según los datos de Avamet que recoge la prensa. Las imágenes de personas atrapadas en bajos, campings anegados y servicios públicos sometidos a una presión enorme se repiten dos años después de la tragedia de octubre de 2024, que dejó 237 víctimas mortales.

Esta vez algunas cosas han mejorado, como la actuación preventiva de las instituciones en esta ocasión, con alertas anticipadas, confinamientos y despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, lo que contrasta con los graves fallos en 2024. Sin duda, mejorar la anticipación demuestra que prevenir salva vidas, pero aún hay que seguir preguntándose por qué, dos años después, siguen sin resolverse los problemas estructurales que aumentan la vulnerabilidad de la población.

El cambio climático incrementa el riesgo de episodios meteorológicos extremos en el Mediterráneo. Sin embargo, la intensidad de las precipitaciones no explica por sí sola la magnitud de los daños. La ocupación de zonas inundables, la impermeabilización del suelo, la insuficiencia de determinadas infraestructuras hidráulicas y la falta de planificación preventiva convierten un fenómeno natural en una catástrofe social.

En el País Valenciano, décadas de expansión urbanística y presión inmobiliaria han dejado una herencia difícil de ignorar. La construcción en espacios expuestos a inundaciones, la alteración de los cauces y la pérdida de terrenos agrícolas capaces de absorber agua responden a un modelo territorial que con frecuencia ha situado la rentabilidad del suelo por delante de la seguridad colectiva. La propia Generalitat admitió en enero de 2026, al ratificar la necesidad de revisar el PATRICOVA, que la riada de 2024 superó los niveles de riesgo previstos en las cartografías oficiales, y anunció una revisión en dos fases que ampliará previsiblemente la superficie inundable donde se limitan los nuevos desarrollos. Es un reconocimiento relevante, y justamente por eso resulta difícil entender que mientras tanto sigan avanzando proyectos sobre esos mismos terrenos.

No se trata de responsabilizar a quienes viven en barrios vulnerables. El problema no es que la población esté expuesta al riesgo, sino que las decisiones públicas permitan que esa exposición se mantenga o aumente.

Muchas familias habitan zonas inundables porque sus posibilidades económicas y las condiciones del mercado inmobiliario limitan sus alternativas. La vulnerabilidad no se reparte al azar. Se produce y se reproduce a través de decisiones sobre el suelo, la vivienda y la inversión pública.

En una reciente nota de prensa, el Acord Social Valencià y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) denuncian que la política territorial de la Generalitat continúa favoreciendo grandes proyectos urbanísticos, residenciales, comerciales e industriales en espacios amenazados por las inundaciones. Que se sepa, hay más de veinte proyectos en curso que afectan a una superficie aproximada de cinco millones de metros cuadrados de nuevo suelo urbanizable en l’Horta Sud y la Foia de Bunyol. Entre ellos cabe citar el PAI de La Font Baixa en Alfafar, que a su juicio mantendrá indefensa a la población frente a desastres como el de 2024.

También denuncian la colaboración público-privada que promueve el Consell del PP y Vox en materia de vivienda y ordenación territorial. Porque la cuestión central siempre es quién define las prioridades. Es decir, si las administraciones planifican el territorio atendiendo a las necesidades colectivas y a los límites ecológicos, o si esta planificación termina subordinada a las expectativas de rentabilidad de las empresas constructoras.

Un ejemplo lo encontramos en la presentación del anteproyecto de la nueva Ley del Suelo, que se hizo en un acto organizado por la patronal de la construcción, la APECC. Esta relación privilegiada no demuestra por sí sola que las decisiones legislativas estén determinadas por intereses empresariales, pero sí plantea una cuestión democrática legítima. ¿Qué mecanismos garantizan que la seguridad de la población y la protección del territorio prevalezcan sobre los intereses económicos privados?

Frente a este modelo, los CLER ponen como ejemplo a Gandía, donde se habrían invertido más de 40 millones de euros durante dos décadas en infraestructuras hidráulicas y en el ciclo integral del agua. Entre las actuaciones destacadas figura la renaturalización del barranco de Beniopa, con una inversión de 2,5 millones de euros, que incluye la recuperación de vegetación de ribera y una balsa de laminación con capacidad de hasta 45.000 metros cúbicos. También se señala la ampliación de la capacidad del colector del Camí Vell d’Oliva.

La comparación apunta a una diferencia importante entre dos formas de intervenir en el territorio. Una consiste en ocupar suelo y aumentar la superficie construida. La otra, en recuperar espacios naturales, mejorar el drenaje y adaptar las infraestructuras a los riesgos existentes. Conviene, eso sí, mantener la cautela. Gandia también recibió lluvias extraordinarias en este episodio, con unos 548 litros por metro cuadrado, y evaluar el resultado real de esas obras exige datos técnicos independientes que todavía no se han publicado.

Los comités también cuestionan la prolongación de la CV-60 entre Palma de Gandia y Gandia por su posible afección a la huerta histórica de la Safor. Asimismo, recuerdan que infraestructuras como la AP-7 y la línea ferroviaria València-Silla actuaron como barreras durante las inundaciones de 2024, agravando los problemas en determinados municipios. La respuesta no puede limitarse a construir nuevas obras después de cada catástrofe. Hace falta evaluar el funcionamiento conjunto de carreteras, vías ferroviarias, barrancos, acequias y sistemas de evacuación del agua, además de frenar la impermeabilización innecesaria del suelo.

Las inundaciones no afectan a todo el mundo en las mismas condiciones. Una familia con ahorros, vehículo propio y posibilidad de abandonar temporalmente su vivienda dispone de más recursos para afrontar una emergencia que quienes viven en plantas bajas, viviendas precarias o barrios con servicios insuficientes. En Oliva, una de las víctimas mortales fue una mujer de 79 años hallada en el bajo de su casa.^[2] Las personas mayores, las familias trabajadoras y quienes dependen de pequeños negocios pueden perder en pocas horas su vivienda, sus herramientas de trabajo y sus ingresos. Después llegan los trámites, las indemnizaciones y una reconstrucción que puede prolongarse durante meses.

Por eso, la protección civil no debería entenderse únicamente como una cuestión de alertas meteorológicas y dispositivos de emergencia. También requiere servicios públicos bien dotados, vivienda segura, planes accesibles para toda la población y ayudas que lleguen a tiempo. La ayuda de 750.000 euros que la Diputación destinará a cinco pueblos de la Safor confinados es bienvenida, pero su escala dice mucho de la distancia entre el daño y los recursos.

La participación ciudadana es otra cuestión pendiente. Los CLER denuncian que sus propuestas no están siendo suficientemente atendidas y que los planes de emergencia no se han publicado con la transparencia que consideran necesaria.^[8] Reclaman que la población y las organizaciones sociales intervengan de manera efectiva en la planificación, no solo cuando ya se ha producido el desastre.

El Acord Social Valencià y los CLER exigen una moratoria cautelar de los macroproyectos situados en zonas inundables hasta disponer de estudios hidrogeológicos independientes, evaluaciones de la capacidad de los servicios públicos y mecanismos de participación ciudadana vinculantes. La petición merece ser debatida sobre la base de estudios técnicos transparentes y de una evaluación rigurosa de cada proyecto. La revisión de los riesgos debe traducirse en decisiones concretas sobre qué se puede construir, dónde y bajo qué condiciones.

Hay un antecedente que muestra que la idea no es descabellada. Tras la riada de 2024 se suspendieron los planes urbanísticos en el 18,5% del territorio de los municipios afectados. Si fue razonable parar entonces, lo es más ahora, cuando la nueva cartografía de riesgo todavía no está terminada y el temporal acaba de confirmar que el peligro es real.

La DANA Adam vuelve a mostrar que la emergencia climática exige abandonar la idea de que cualquier terreno puede convertirse en una oportunidad de negocio. Si los espacios agrícolas y naturales cumplen una función decisiva en la absorción y laminación del agua, su protección forma parte de la seguridad colectiva. La cuestión política es quién asume los costes de la prevención y quién obtiene los beneficios de la urbanización. Cuando se privatizan las ganancias y las pérdidas recaen sobre las familias, los pequeños negocios y las arcas públicas, el modelo necesita una revisión profunda.