España como parque temático: de la burbuja del ladrillo a la del alquiler.

El mismo capitalismo rentista que infló el ladrillo en 2007 ha encontrado en el turismo de masas y en la vivienda especulativa su nueva fuente de renta, sostenida por trabajo migrante precario y sostenible solo hasta la próxima crisis climática. A partir de un artículo recién publicado de Albino Prada, realizamos un sumario recorrido por el modelo económico actual de nuestro país y estado.

En 2007, Zapatero presumía de que España había creado el cuarenta por ciento del empleo de toda la Unión Europea en tres años. También era entonces el país que más cemento consumía de la UE, con una quinta parte del total comunitario^[1]. Aquel milagro terminó en dos millones y medio de personas empleadas en la construcción reducidas a poco más de un millón en apenas ocho años, y en un sistema financiero que arrastró al país entero en su caída^[2]. Este julio, Pedro Sánchez repetía casi el mismo sortilegio: España genera hoy cerca de la mitad del empleo europeo. El economista Albino Prada, del Consejo Científico de Attac, hace un lúcido análisis documentado indicando la conveniencia de preguntarse siempre, cada vez que un político presume de estadísticas de empleo: ¿en qué burbuja estamos esta vez^[3]?

Actualmente, la respuesta es clara. Hemos pasado de una burbuja de promotores a una burbuja de arrendadores. El mecanismo es distinto pero la lógica de fondo —extracción de renta sin creación de valor productivo, sostenida por deuda y por flujos externos que no controlamos— es exactamente la misma que en 2007, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria. Solo que ahora el ladrillo que se vende no son pisos nuevos, sino noches de alquiler turístico sobre un parque de vivienda que ya existía y que se retira del uso residencial.

Entre 2020 y 2025, según datos de Eurostat, uno de cada cuatro empleos creados en la Unión Europea se generó en España, un país que apenas representa el once por ciento de los ocupados del bloque comunitario^[4]. La cifra suena a éxito. Analizada por sectores, según el propio trabajo de Prada sobre la evolución del empleo español entre 2011 y 2025, la mayoría de esos puestos se concentran en actividades de servicios dependientes directa o indirectamente del turismo —cada vez más en sectores auxiliares distintos de la hostelería— y en servicios personales, públicos y sobre todo privados: ocio, educación, sanidad, atención a la dependencia^[5].

No es una terciarización cualquiera. Es terciarización de bajo valor añadido, atada a un flujo de turistas extranjeros que ha pasado de 53 a 97 millones de personas al año entre 2010 y 2025 —un índice que sube de 100 a 184, con un crecimiento acumulado del cinco por ciento anual—^[3]. El empleo no crece porque el capitalismo español haya resuelto su problema histórico de productividad. Crece porque hay cada vez más camas que limpiar, más barras que servir y más comisiones de alquiler que cobrar.

Aquí está la clave del periodo actual: mientras la demanda turística casi se duplicaba en quince años, la oferta hotelera regulada apenas creció un doce por ciento, de 1,1 a 1,2 millones de plazas^[3]. El negocio de alojar a decenas de millones de visitantes adicionales no se resolvió construyendo hoteles. Se resolvió extrayendo vivienda residencial del mercado de alquiler para convertirla en alojamiento turístico.

Una captura rentista en la que están embarcados unos pocos grandes propietarios, pero también miles de pequeños inversores que huyen de unos depósitos bancarios no remunerados por el oligopolio financiero.

Los datos oficiales confirman la magnitud del fenómeno. El INE contabilizaba 329.764 viviendas turísticas comercializadas en plataformas digitales en noviembre de 2025 —la mayor caída interanual de la serie, casi 47.000 menos que un año antes, en parte por la presión regulatoria—, pero el propio Ministerio de Vivienda detectó en febrero de 2026 otras 86.275 viviendas turísticas y de temporada operando de forma ilegal, sin registro, y exigió su retirada de los anuncios^[6]. El goteo de legalidad y alegalidad conviviendo en el mismo mercado es, en sí mismo, un síntoma de burbuja, cuando la rentabilidad de sacar un piso del alquiler residencial para dedicarlo al turismo es tan superior a la del alquiler tradicional, ni las multas de hasta 60.000 euros ni los registros obligatorios frenan el trasvase^[7].

El Gobierno “progresista” ha intentado corregir el rumbo por la vía fiscal, subiendo el IVA de los pisos turísticos al 21 por ciento en el decreto-ley de julio de 2026, aunque en el mismo paquete reabrió cien mil licencias que habían quedado suspendidas por la anulación judicial del registro único estatal^[7]. Es la contradicción de fondo de toda esta política, en la que cada intento de regulación convive con una reapertura de la válvula, porque el propio Estado —central, autonómico y municipal— obtiene ingresos fiscales de la burbuja que dice querer contener.

Se puede considerar este modelo como de «parque temático» por una razón muy concreta. Hay consumidores que llegan del extranjero, mano de obra que también llega del extranjero, y rentistas autóctonos o foráneos que capturan la renta en medio. El empleo de personas migrantes en el conjunto de la economía española ha crecido de un índice 100 a 146 en el mismo periodo en que las pernoctaciones turísticas crecían de 100 a 184^[3]. La correlación no es casualidad, ese empleo tiene poco que ver con la hostelería reglada y mucho con el mantenimiento de alojamientos turísticos, la limpieza y el ocio diurno y nocturno.

Es, en palabras del propio Prada, una burbuja de empleo precario —a menudo irregular— de trabajadores extranjeros del Sur global que depende de millones de visitantes del Norte global^[3]. La lectura materialista es obligada. Este modelo necesita simultáneamente una frontera abierta para el consumo turístico y una frontera funcionalmente cerrada para el trabajo migrante, que solo entra a través del mercado laboral en condiciones de máxima precariedad y mínima capacidad de negociación colectiva. No es un fallo del sistema. Es su forma de funcionar.

El propio estudio de la NEF (New Economics Foundation), citado por medios especializados, calcula que el tráfico aéreo asociado al turismo añadirá 217 euros anuales de media al alquiler de cada inquilino español hasta 2031, con una carga conjunta de 648 millones de euros para el conjunto de arrendatarios del país, concentrada especialmente en las zonas más visitadas^[8]. La expansión aeroportuaria de Madrid y Barcelona, mientras tanto, sigue su curso en paralelo a los discursos oficiales de lucha contra la emergencia climática.

El resultado territorial es la geografía de una España vaciada y cíclicamente calcinada por los incendios conviviendo con otra congestionada, gentrificada, declarada «zona tensionada» —como ya ocurre en Madrid, Barcelona y Valencia^[7]—, con un uso abusivo de hidrocarburos y de recursos hídricos. Ocho de cada diez españoles, según una reciente encuesta del CIS, considera además que el cambio climático tendrá un impacto negativo sobre el sector turístico en la próxima década^[9]. El propio modelo, en otras palabras, está fabricando las condiciones —olas de calor, sequía, dana— que antes o después lo pondrán en jaque, exactamente igual que el acceso a la vivienda ya lo está desinflando desde dentro.

La conclusión política básica es que los miles de rentistas asociados a este modelo —inmobiliario, turístico, financiero— saben que es una mano invisible sin ataduras la que garantiza sus rentas, y por eso no es casualidad que estén siendo activos propagandistas de las alternativas de derecha extrema que prometen blindar esos privilegios^[3]. La desregulación del alquiler turístico, la resistencia a intervenir el mercado de la vivienda y el discurso contra la «okupación» o contra la regulación migrante convergen en la misma base social, la de quien vive de la renta necesita que nadie limite su capacidad de extraerla.

Frente a esto, la izquierda no puede limitarse a gestionar el modelo con parches fiscales que el propio Estado luego reabre por la puerta trasera. El problema no es que falte un IVA más alto o un registro mejor vigilado. El problema es que la vivienda y el territorio se han convertido en un activo financiero al servicio de un flujo de capital turístico que ni siquiera controlamos desde España, y que la clase trabajadora —autóctona y migrante— paga la factura en forma de alquileres impagables y salarios de miseria.