Este 17 de octubre se cumplió el Día Internacional contra la Pobreza en el Mundo. Pero, actualmente, unos 1.200 millones de personas a lo largo y ancho del planeta viven en la miseria , sufriendo falta de alimentos, medicinas, ropa y casa para vivir. Se trata de un mundo en el que sobra de todo pero que cada día condena a morir de hambre a unas 24.000 a 25.000 personas. Y en este escenario, nuestro país y territorio tampoco salen indemnes. Seguidamente detallamos los resultados del informe del EAPN publicado este 15 de octubre.
Casi 1,7 millones de valencianos viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Son unas 100.000 personas más que hace un año, lo que evidencia una clara alarma. Estas cifras aparecen en el informe El Estado de la Pobreza 2026 de EAPN, publicado el 15 de octubre. Informe que también ofrece un ranking situando a la Comunitat Valenciana como la quinta tasa más de pobreza y exclusión alta del Estado, cinco puntos por encima de la media.
Lo que dicen los números
Según el informe de la EAPN, en la CV disminuyen relativamente la privación material severa (del 9,1% al 6,9%) y la baja intensidad de empleo (del 8,8% al 7,9%). Estos datos menos negativos se acompañan, sin embargo, por el de que la pobreza de ingresos sube hasta el 26%, frente al 19,5% estatal, mientras que la pobreza severa llega al 11,8%, la más alta de todas las comunidades y con tres años seguidos de aumento.
Hablamos de personas que viven con menos de 679 euros al mes por unidad de consumo.
Se puede tener trabajo y aun así no llegar. Esa es la realidad de un territorio donde la renta media por persona está 1.603 euros por debajo de la estatal.
Quién paga la factura
Entre quienes viven de alquiler a precio de mercado, el 55,9% está en riesgo de pobreza o exclusión. El informe no permite atribuir esa cifra solo al coste del alquiler, pero sería deshonesto fingir que no tiene nada que ver. Mientras la vivienda se trata como un negocio, una mayoría de inquilinos queda al borde.
El 39,3% de los menores está en riesgo, casi cuatro de cada diez niños y niñas de la población. También lo está el 61,1% de las personas desempleadas, el 36,4% de las personas con discapacidad y el 31,9% de las mujeres. Son grupos distintos y no se suman, pero el patrón se repite: pagan quienes menos poder tienen. Y el 14,6% de los hogares no puede mantener una temperatura adecuada en invierno, en una de las regiones más soleadas de Europa.
El propio informe calcula qué pasaría con un umbral autonómico. El límite baja de 12.220 a 11.163 euros y la pobreza monetaria cae del 26% al 20,2%. Nadie cobra un euro más, ni paga menos alquiler, ni ve más barata la factura de la luz. Si algún gobierno celebra un «descenso de la pobreza» por cambiar la vara de medir, está haciendo propaganda con la miseria ajena.
Qué hacer
Los parches y ayudas limitadísimas no sirven. Hay que decirlo claro y organizarse para cambiarlo. Exigir vivienda pública y alquiler asequible a gran escala, y regulación de precios que se aplique de verdad en las zonas tensionadas, no que se ignore. Exigir ayudas a la infancia que lleguen a quien las necesita, sin trabas burocráticas, y rentas mínimas accesibles, con evaluación pública de su cobertura real. Exigir también que Generalitat y ayuntamientos publiquen indicadores propios y comparables, sin rebajas estadísticas.
Por la experiencia, incluso la de los sucesivos gobiernos, nada de esto se concede graciosamente. Los derechos se consiguen con presión organizada, con sindicatos de inquilinas, redes vecinales, despensas solidarias y movilización sostenida.
La pobreza es el resultado de decisiones políticas y económicas, y lo que se decide también se puede revertir.
