Bruselas rebautiza la austeridad presupuestaria como competitividad.

Estos días, los dirigentes de los veintisiete países se han reunido para discutir el presupuesto de cuánto recortar, pero la energía, la industria y la guerra siguen sin encontrar una respuesta compartida.

La cumbre europea del 15 y 16 de octubre ha terminado sin acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Acabó con los veintisiete países divididos ante la crisis energética y sin una estrategia común frente a China o Rusia. El debate de fondo, sin embargo, cabe situarlo en las discusiones sobre qué Europa debe financiarse, quién paga la factura y en beneficio de quién.

La Comisión propuso un presupuesto cercano a los 1,98 billones de euros, el 1,26% de la renta nacional bruta del bloque. El Parlamento Europeo reclamó en abril un aumento de en torno al 10% y nuevas fuentes de ingresos para no recortar. Pero la presidencia irlandesa planteó una propuesta de quita del presupuesto de gastos por 141.000 millones que no ha convencido a nadie. Mientras países como Alemania la consideran todavía demasiado generosa, los diecisiete más «amigos de la cohesión», entre ellos España e Italia, la tachan de insuficiente porque debilita la política agrícola común y los fondos regionales.

Conviene mirar la escala del conflicto. Se discute con dureza sobre poco más del uno por ciento de la renta de la Unión, y se hace cuando Merz defiende reducir el gasto común y priorizar la competitividad y la defensa. Ya en junio calificó la propuesta de «inasumible y desequilibrada». Por su parte, Pedro Sánchez la ha considerado «claramente insuficiente», argumentando que no se puede pedir a Europa que compita con Estados Unidos y China, sostenga a Ucrania y afronte la transición energética con menos recursos.

Lo que se discute, pues, es  cuánto recortar de lo que cohesiona mientras se da por descontado lo que arma.

Detrás del reparto hay una cuestión de clase y de territorio. Los Estados con mayor capacidad fiscal quieren limitar su contribución neta, y las regiones que dependen de los fondos de cohesión y agrícolas, entre ellas el nuestro, serían los primeros en pagar el ajuste. Y como este presupuesto exige unanimidad, ya que de otro modo cualquier gobierno podría bloquearlo, el titular António Costa quiere cerrarlo antes de que acabe el año con una reunión extraordinaria en noviembre como paso previo.

La ofensiva estadounidense contra Irán ha disparado los costes. Según EFE, el gas llegó a cotizar al doble de lo habitual y el diésel subió un 140%. Von der Leyen propone compras conjuntas de gas, diálogo con las refinerías y más generación limpia autónoma. Pero son medidas tardías y vagas, que no tocan el problema de fondo, que es que el precio de la energía de hogares y pymes sigue fijado por mercados que ningún gobierno controla.

La contradicción es evidente. Varios gobiernos reclaman aliviar las facturas y a la vez presionan para debilitar el nuevo mercado de carbono para transporte y edificios. Se usa la crisis como coartada para retroceder en el Pacto Verde, cuando la salida pasaría por inversión pública, protección de los hogares vulnerables y una reducción real de la dependencia fósil. A ello se suma la fractura política, con el búlgaro Rumen Radev respaldando el acuerdo de diésel entre Trump y Putin y la alta representante Kaja Kallas defendiendo como legítimos los ataques ucranianos a refinerías rusas.

El déficit comercial con China alcanza los 360.000 millones de euros. El acuerdo preliminar limita a 350.000 unidades las exportaciones de híbridos chinos y rebaja aranceles a productos europeos como el aceite de oliva, el calzado o las piezas de automóvil. La respuesta sigue siendo defensiva, con aranceles, cuotas y negociaciones bilaterales. Falta una política industrial europea con inversión en baterías, automoción, semiconductores y cualificación laboral. Proteger el mercado sin reconstruir la base productiva solo aplaza el problema, y lo paga la clase trabajadora industrial.

Existe además un riesgo político. El relato de la seguridad nacional puede servir para justificar recortes sociales y una carrera armamentística sin control. Con Ucrania ocurre algo parecido. Zelenski llegó a Bruselas temiendo el debilitamiento del apoyo estadounidense, pero la solidaridad proclamada choca con un presupuesto en el que defensa, reconstrucción y energía compiten con la cohesión social por una tarta cada vez más pequeña.