Crisis social y política en Francia.

Un mes después de la primera sentada en un instituto de la periferia parisina, los datos confirman que la revuelta ha cruzado la frontera de lo educativo. Contrastamos el análisis de Ali Rıza Taşdelen con prensa francesa, el INSEE y Amnistía Internacional.

Lo que empezó el 17 de septiembre como una protesta por la falta de profesores en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, al sureste de París, es hoy el movimiento social más importante de Francia en años. El análisis de Ali Rıza Taşdelen, publicado por PIA Global, sostiene que la revuelta ya tiene un carácter claramente político. Los hechos de las últimas dos semanas le dan la razón en lo esencial, aunque obligan a precisar varias cifras y a incorporar más elementos de análisis.

En Saint-Exupéry faltaban, según el recuento de los propios huelguistas, profesores de matemáticas, francés y letras e historia, además de la enfermera y parte de una plaza de trabajo social. La situación del centro se normalizó cuando las autoridades educativas aceptaron enviar más personal, entre ellos un subdirector y una enfermera. Esto implica que si bien la reivindicación inicial era concreta y resolvible, su generalización no responde a ningún complot sino a que el mismo problema se repite en cientos de centros, como muestra  la propia cronología de la lucha (profesores en protesta el 17, alumnos en boicot el 18, discurso de Macron en la ONU el 22).

Así, el 6 de octubre marcharon entre 266.000 personas según el Ministerio del Interior y 450.000 según los organizadores, con unos 800 liceos cerrados administrativamente. El 13 de octubre, quinta gran jornada, las cifras fueron 161.000 y 480.000, con universitarios, profesores y asalariados del sector privado en la calle. La Unión Estudiantil aseguró que el 90 % de las universidades estaban bloqueadas o cerradas; el ministerio reconoció el 35 %. Ayer sábado la movilización se ensanchó hacia la «vida cara»: 550.000 personas según Interior y 800.000 según los organizadores, con chalecos amarillos, sindicatos, la Confédération paysanne y militantes climáticos. Según Odoxa, el 62 % de los franceses considera justa la movilización.

«El Estado ha matado la educación pública». Pancarta vista en Marsella y Nantes, citada por Taşdelen 

El proyecto de presupuesto para 2027 sí eleva en 1.200 millones los créditos de Educación Nacional, hasta unos 64.000 millones, pero suprime 1.588 plazas de profesorado titular, 1.250 de ellas en la enseñanza pública. El Gobierno sostiene que la demografía habría permitido eliminar 9.600, que en 2027 habrá 180.000 alumnos menos y que crea 1.804 empleos, 1.300 de ellos de acompañantes de alumnado con discapacidad. Pero la respuesta sindical es que conservar la tasa de encuadramiento actual no repara el deterioro acumulado. Por ejemplo, SUD Éducation recuerda que desde 2018 hay 14.000 efectivos menos en la enseñanza pública.

El marco que condiciona todo es la deuda. El INSEE la sitúa en 3.595,5 miles de millones de euros a finales del segundo trimestre de 2026, el 119,0 % del PIB. El Gobierno prevé el 121,7 % en 2027 y una carga de intereses que pasaría de unos 79.000 a 91.000 millones, de modo que solo el aumento de intereses, unos 12.000 millones, es diez veces el incremento de Educación. Esa comparación resume la lógica de clase del presupuesto. El servicio de la deuda, que remunera a los tenedores de títulos, crece diez veces más que la inversión en la escuela donde se forman los hijos e hijas de la clase trabajadora.

El 5 de octubre, en Lens, Evan, de 15 años, perdió la mano izquierda por una granada policial junto a su liceo. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, suspendió dos días después el uso de granadas aturdidoras «para el movimiento lycéen» y abrió 18 investigaciones de la inspección de la policía. Amnistía Internacional Francia pidió su prohibición definitiva porque esta suspensión es condicional y Nuñez ha avisado de que podrán usarse ante «violencias urbanas extremadamente graves». Ayer mismo, en Saint-Étienne, otro manifestante de 17 años perdió una mano, según franceinfo.

Mientras que el Gobierno cifra en más de 700 los policías y gendarmes heridos, el Ministerio de Educación reconoce que son 147 los trabajadores del sistema educativo heridos desde el inicio. Del mismo modo, además de los daños materiales por contenedores incendiados y un liceo parcialmente destrozado cerca de Burdeos, teleSUR contabiliza más de 5.000 detenciones, 4.400 de menores.

Y que las manifestaciones reproduzcan consignas como «menos policía, más dinero» es una prueba clara de que el conflicto ya no discute solo cuántos profesores hay, sino quién decide las prioridades del Estado.

Estás movilizaciones, por otra parte, también muestran elementos a considerar. Por una parte, su composición social es heterogénea (suburbios, liceos céntricos, funcionariado, campesinado), lo que puede darle más fuerza pero también el riesgo de dispersión. Por otro lado, las luchas se desarrollan con el horizonte de unas presidenciales en las que la extrema derecha podría llegar al poder.