Aritmética electoral y límites de una alianza defensiva en el Senado de los progresistas.

PSOE, Frente Amplio y Compromís concurrirán juntos al Senado en unas 40 provincias el 29 de noviembre. El acuerdo corrige una distorsión real del sistema electoral, pero no responde por sí solo a la pregunta de para qué sirve la unidad.

El PSOE y las fuerzas del Frente Amplio cerraron el viernes 16 de octubre, antes de que expirase el plazo de registro de coaliciones, un acuerdo para concurrir juntos al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre bajo el nombre «Senado de Progreso». Según informa la prensa, la coalición agrupa al PSOE, Esquerra Unida, Movimiento Sumar, Compromís, Más Madrid, Chunta Aragonesista y Batzarre, con pactos territoriales específicos en Baleares y La Gomera, y extenderá las candidaturas conjuntas a unas cuarenta provincias, con excepciones destacadas en Cataluña y Canarias. Podemos no forma parte del pacto senatorial, aunque las fuentes de la negociación mantienen abierta la puerta a incorporar candidatos suyos.

Hay que echar cuentas. En la mayoría de las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y cada elector puede votar hasta a tres candidatos, de modo que la lista más votada suele llevarse tres escaños y la segunda el cuarto. Con ese mecanismo, varias candidaturas de un mismo espacio político pueden sumar muchos votos sin traducirlos en representación. En total, el 29 de noviembre se eligen directamente 208 de los 266 senadores, y los 58 restantes los designan los parlamentos autonómicos.

Los resultados de 2023 ilustran el problema. Según el artículo de referencia, el PP obtuvo 120 senadores de elección directa frente a los 72 del PSOE, y Sumar, pese a su apoyo en el Congreso, no logró representación senatorial con candidaturas propias. La plataforma ciudadana Senadoras y Senadores por la Democracia calcula que una candidatura progresista conjunta podría llegar a 112 senadores directos mientras el PP bajaría a 84, una diferencia potencial de hasta 40 escaños. Pero se trata de una proyección más o menos probable, siempre condicionada por el comportamiento electoral y por la distribución territorial del voto en cada convocatoria. Por eso, por ejemplo, en el año 2000 el PSOE e IU pactaron candidaturas en varias provincias y eso no impidió la mayoría absoluta del PP.

Como ya hemos visto, en paralelo al pacto senatorial, la izquierda valenciana ha cerrado una candidatura unitaria al Congreso, «Compromís-Front Valencià», con Compromís, Esquerra Unida del País Valencià, Podem y Esquerra Republicana del País Valencià. Esquerra Unida había rechazado inicialmente la propuesta y acabó aprobándola con el 66% de su Consell Polític Nacional. Son dos acuerdos distintos, el del Front Valencià para el Congreso y el del Senado, en el que Compromís participa junto al PSOE, y la configuración definitiva de las listas senatoriales sigue pendiente.

El contraste con el resto del Estado es notable. Frente Amplio y Podemos concurrirán por separado al Congreso salvo excepciones como la valenciana y la canaria. Podemos ya había pactado con ERC no presentarse en Cataluña y ha sellado en Canarias una coalición con Nueva Canarias e Izquierda Unida.

La unidad de la izquierda y el progresismo llega, por tanto, por vías territoriales y desiguales, no como un proyecto común.

La mayoría absoluta del PP ha permitido a los populares controlar los órganos de la cámara, impulsar comisiones de investigación y condicionar iniciativas legislativas del Gobierno. Ferraz habla de un uso «espurio» del Senado. Pero el asunto es más amplio que la pugna parlamentaria, porque el Senado participa en la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y en la designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial, procesos que exigen mayorías cualificadas.

Quien controla la cámara alta controla un cerrojo institucional, y de él depende qué reformas llegan a buen puerto y quién arbitra después los conflictos entre capital y trabajo, entre propietarios e inquilinos.

Sería ingenuo leer el acuerdo solo como un gesto de generosidad unitaria. Nace de la aritmética electoral y de un interés institucional muy concreto del PSOE, que el propio partido vincula a las comisiones de investigación sobre los casos que le afectan. El PSOE aspira además a ocupar dos de los tres primeros puestos en buena parte de las circunscripciones donde se presente la coalición, lo que dice mucho de quién marca los términos. Es una unidad defensiva, útil precisamente porque el sistema penaliza la fragmentación, pero que no incluye por sí misma ningún compromiso material sobre vivienda, salarios o derechos laborales, más allá de las declaraciones genéricas sobre acceso a la vivienda y derechos sociales con las que el PSOE ha justificado el pacto.

Hay, además, un límite práctico que a menudo se pasa por alto. Con una lista conjunta, el voto solo se convierte en escaños si el elector marca los tres nombres de la candidatura. La unidad de las cúpulas no sirve de nada si se disuelve en la papeleta no marcando los tres nombres de la lista