Respetar y reforzar la Huelga General del 11 N.

No hace mucho, el presidente Pedro Sánchez manifestó que apoyaba la convocatoria del 11 N “contra la oposición”. Otros líderes y direcciones políticas reformistas también se han sumado a esta convocatoria sin esconder similares intenciones de instrumentalización partidista. Un buen ejemplo podemos encontrarlo en la Guía elaborada y difundida por la dirección del PCE para preparar esta huelga general. Seguidamente la analizamos en sentido constructivo y desde una perspectiva independiente.

La huelga general del 11 de noviembre dejó de ser una convocatoria del movimiento por la vivienda. CCOO y UGT, junto con la propia Confederación de Sindicatos de Inquilinas, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y Co.Bas, acordaron el 7 de octubre convocar un paro de 24 horas por la vivienda y por unos salarios que permitan pagarla.  Será, por tanto, la primera huelga general respaldada a la vez por los dos sindicatos mayoritarios junto con el resto de convocantes, desde 2012. En ese escenario el PCE ha puesto en circulación la «Guía de acción: hacia la huelga general», un documento de tres páginas que persigue combinar orientación política, argumentario, reparto de tareas y calendario. Pero la cuestión determinante de este tipo de iniciativas, frecuentes entre las organizaciones nombradas y que más conviene aclarar, es si realmente sirven para que más trabajadores y vecinos lleguen organizados al 11N.

La Guia proclama que el protagonismo corresponde a la clase trabajadora y, a la vez, propone situar al PCE como «el Partido de la Huelga General», con un reparto de tareas en el que se encarga de coordinar, centralizar y dirigir. Sin embargo, una huelga general no la convoca un partido ni la puede sostener con su propaganda. La sostienen asambleas, secciones sindicales, comités de empresa y delegados que deciden con sus plantillas hacerla. Cuando esa organización de base existe, la militancia comunista debería reforzarla. Cuando no exista debería ayudar a crearla , sin olvidar que ningún comité de partido puede sustituir esta organización, salvo que solo se persiga quedarse en la consigna.

Una huelga general se mide menos por el protagonismo de quien la promueve que por la organización que deja en pie cuando termina.

De lo que se trata, entonces, es de crear comités en barrios y centros de estudio para dar continuidad a la movilización más allá del 11N. Ahí hay una tarea concreta y unitaria en la que cada militante comunista puede ser útil sin levantar estructuras paralelas. Dicho más claro, la guía debería explicar cómo y dónde se integra la militancia del PCE en lo que ya está en marcha, no cómo colocarse como partido al frente de la acción. Una tentación burocrática que ya se ha intentado, por ejemplo, con el movimiento de memoria histórica o el republicano, o el feminista.

La segunda página de la Guia reúne vivienda, salarios, jornada, salario mínimo, pensiones y servicios públicos, y mezcla exigencias inmediatas con transformaciones estructurales como si tuvieran los mismos requisitos jurídicos. Esto desdibuja la perspectiva, porque no es lo mismo paralizar desahucios que expropiar, ni reducir la jornada a 37,5 horas que blindar el SMI. Es por esto mismo por lo que la mayoría de convocantes ha formulado plataformas más acotadas. CCOO y UGT hablan de «derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla». La portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas citó contratos de alquiler indefinidos, bajadas drásticas del precio, fin de los desahucios, un impuesto a la riqueza para financiar un parque público y fin de la compra especulativa, o la CGT añadió salarios y pensiones.

Confundir reivindicaciones con propuestas electorales no es bueno. Y una guía útil para trabajar en la calle debe distinguir varios niveles. Lo que se pide en común por todas las organizaciones convocantes, lo que reclaman los sindicatos de inquilinas y el movimiento por la vivienda, y qué propone el PCE como programa propio, para que nadie confunda el mínimo unitario con una posición de partido.

La precisión importa más de lo que parece, y el caso de Olga lo demuestra. La Guía menciona su suicidio tras ser expulsada de su hogar con sus dos hijas en Barcelona. Los hechos publicados son más exactos y más graves. Olga Matute, de 54 años, vecina de L’Hospitalet de Llobregat, fue desahuciada el 15 de abril tras más de veinte años en su piso y murió el 7 de septiembre, cinco meses después. Dos años antes, había expuesto su situación ante una comisión del Parlament. Una primera suspensión al amparo del decreto antidesahucios frenó el lanzamiento, pero Promontoria pidió reactivarlo cuando esa protección dejó de estar en vigor a comienzos de 2026, y el juez lo mantuvo al considerar insuficientemente acreditada su situación de salud. También a Maricarmen Abascal, de 87 años, que resistió cuatro intentos de desahucio, la muerte se le conoció el 7 de octubre.

Con esos relatos delante, «paralizar todos los desahucios» deja de ser una consigna y se convierte en un emergencia concreta. Suspensión automática cuando los servicios sociales acrediten vulnerabilidad, peso real de la salud mental ante el juzgado, alternativa habitacional garantizada antes de cualquier lanzamiento y una moratoria que no caduque sin sustituto. Eso es lo que debe llevar una Guía para un comité de huelga, porque permite saber si una medida habría evitado o no un caso como el de Olga.

La Guia plantea «alterar la correlación de fuerzas» ante las elecciones del 29N y trasladar la fuerza de la calle a la confrontación electoral. Que la huelga cae en plena precampaña es un hecho, y que tendrá efectos electorales también. Pero medirla solo por ellos es un error táctico además de estratégico. Entre los convocantes hay organizaciones, como CGT, CNT o Solidaridad Obrera, que no comparten el horizonte electoral del PCE, y una huelga presentada como palanca de partido regala argumentos a quienes quieran descalificarla como maniobra política. El criterio tiene que ser otro. Una huelga vale lo que permite cambiar en la capacidad de negociación y de organización de quienes viven de su trabajo, con independencia de lo que voten el 29N.

Cabe esperar presión empresarial. La CEOE y Cepyme ya han rechazado públicamente la convocatoria, y UGT ha tenido que recordar que en España todavía no se ha declarado ilegal ninguna huelga. En ese clima, lo que más pesa en la decisión de un trabajador de una plantilla pequeña o precaria no es la consigna sino saber qué ocurre si para. La guía no dice nada sobre información de derechos, protección frente a represalias, servicios mínimos, piquetes informativos o diferencias entre sectores, y tampoco distingue la huelga laboral de la estudiantil y la vecinal, que exigen formas de organización propias. Esa omisión no es administrativa, en realidad define quién participa.