Bienvenida a la primavera europea que llega en otoño.

Crecen las protestas en Europa en defensa de la vivienda, los servicios públicos, los salarios y una democracia que la derecha intenta convertir en una guerra cultural y contra la migración.

La imagen de una Europa en llamas —literal y políticamente— ha vuelto a las portadas. Desde Francia hasta España, pasando por Bélgica, Italia, Portugal, Grecia, Austria y Albania, las calles se han llenado de estudiantes, sindicatos, inquilinos y vecinos que denuncian una misma combinación: alquileres inasumibles, escuelas deterioradas, salarios que no alcanzan y servicios públicos en retroceso.

Existe, pues, una convergencia de malestares. Como ya venimos comentando aquí, la chispa francesa nació en el Lycée Antoine-de-Saint-Exupéry de Créteil, al sureste de París, donde el profesorado se declaró en huelga por los recortes de plantilla y la falta crónica de financiación; después, la protesta estudiantil se amplió hacia el precio de los combustibles, el coste de la vida y el estado general de los servicios públicos.

Y en España, el detonante fue otro, pero políticamente equivalente: el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivió setenta años en su piso de Madrid y fue expulsada tras una subida de alquiler del 275%. Su caso convirtió una injusticia individual en el símbolo de una crisis estructural.

Las movilizaciones francesas comenzaron como una reivindicación educativa exigiendo más profesores, menos alumnos por aula, edificios reparados y recursos para los centros de los barrios más empobrecidos. Ese origen importa. No fue una revuelta espontánea, sino una protesta organizada contra el desmantelamiento progresivo de una institución pública.

La jornada del sábado pasado reunió, según datos oficiales, al menos 550.000 personas en toda Francia.  Luego llegaron los disturbios y se produjeron saqueos, coches y papeleras incendiadas, enfrentamientos con la policía, 1.800 detenidos y más de 500 policías y bomberos heridos, según el balance recogido por DW.  AP eleva la cifra de detenciones a 2.400 e incluye saqueos en París, Marsella, Lyon y Burdeos.

Condenar la violencia es necesario, pero reducir la protesta a sus episodios más violentos sería un error político. La violencia urbana es una consecuencia —no la explicación— de una situación en la que amplios sectores sienten que las instituciones no escuchan, no protegen y no responden. El presidente Emmanuel Macron condenó los saqueos y acusó a activistas de extrema izquierda de intentar provocar el caos; su mensaje, sin embargo, deja en segundo plano la cuestión de fondo de por qué una protesta iniciada por la falta de profesores y recursos escolares pudo convertirse en una crisis de orden público.

En Bélgica, las protestas se dirigieron contra los programas de austeridad del Gobierno, que ha anunciado recortes por unos 10.000 millones de euros. Las movilizaciones comenzaron con bloqueos escolares en Lieja y desembocaron en una huelga nacional y manifestaciones en Bruselas, con enfrentamientos posteriores entre jóvenes y fuerzas policiales.

En Italia, el movimiento *Italia in Piazza* ha reclamado mejores empleos, sanidad, educación, vivienda y salarios capaces de absorber la inflación, que en septiembre alcanzó el 4,2%, por encima del 3,8% de la eurozona.  Las marchas pacíficas derivaron en disturbios en Milán, Turín y Bolonia; en Milán hubo 271 detenidos en dos días, la mayoría menores de edad.

Portugal ofrece quizá el ejemplo más nítido de la crisis inmobiliaria europea. Según la Comisión Europea, los precios de la vivienda han subido un 130% en términos nominales desde 2013, mientras los alquileres de los nuevos contratos aumentaron un 10,2% en el último año. No es extraño, entonces, que Lisboa y Oporto hayan visto campamentos y manifestaciones similares a los de Madrid y Barcelona o Valencia.

El caso de Maricarmen Abascal condensa mejor que cualquier informe la naturaleza de la crisis española de la vivienda. La empresa Urbagestión compró su vivienda en 2018 y terminó exigiéndole un alquiler de hasta 2.650 euros mensuales, frente a los 500 euros que pagaba con un contrato de renta antigua. Con una pensión de unos 1.300 euros, la alternativa era imposible. Fue desahuciada el 23 de septiembre y murió el 7 de octubre, tras permanecer hospitalizada.  La secuencia —compra por una empresa inversora, revalorización del activo, presión sobre la inquilina, litigio judicial y desalojo— no es una anomalía moral: es el funcionamiento normalizado de un mercado donde la vivienda ha dejado de entenderse ante todo como derecho y ha pasado a operar como mercancía financiera.

La respuesta social fue inmediata. La Puerta del Sol se convirtió en campamento de protesta y las movilizaciones se extendieron a otras ciudades bajo el lema “Ni una Maricarmen más”.  La presión pública llevó al Gobierno a aprobar medidas de vivienda asequible, pero la falta de apoyo parlamentario impidió que prosperaran, lo que desembocó en elecciones anticipadas convocadas por Pedro Sánchez para noviembre.

El dato económico explica la indignación: el salario mínimo español es de 1.221 euros y el alquiler medio de un piso de 80 metros cuadrados ronda los 1.130 euros, según un análisis de *Expansión* citado por AP.  En otras palabras, que una persona que trabaja con el salario mínimo puede destinar casi todo su sueldo a pagar un alquiler medio. La vivienda no es un problema “joven” ni una queja urbana de la clase media, es una cuestión de reproducción social de la clase trabajadora.

La ola europea no se limita a los países del núcleo de la UE. En Albania, el movimiento *Flamingo* nació como resistencia a un gran proyecto de turismo de lujo en la costa sur y se ha convertido en una movilización antigubernamental que exige la dimisión del primer ministro Edi Rama. Las protestas también reclaman protección para la sanidad, la educación y las pensiones públicas, además de medidas contra la corrupción.

En Serbia, el movimiento estudiantil lleva casi dos años movilizado tras el derrumbe de la marquesina de la estación de Novi Sad, que causó 16 muertos. Su demanda central es la lucha contra la corrupción y, de forma más amplia, contra un sistema político dominado por Aleksandar Vučić. Las elecciones anticipadas del 25 de octubre se han convertido en una prueba de fuerza entre el poder establecido y una generación que ha convertido la indignación en organización política.

Estos casos muestran que el malestar europeo no tiene una sola causa, pero comparte un mismo patrón. Que cuando el acceso a la vivienda, la educación, la sanidad o la rendición de cuentas se degrada, la protesta deja de ser un episodio y se convierte en una crisis política.

Aunque los contextos nacionales difieren, hay tres ejes comunes.

• Vivienda inaccesible. En España y Portugal, las acampadas y manifestaciones se centran en los alquileres y el acceso a una vivienda estable.
• Servicios públicos debilitados. En Francia, el punto de partida fue la escuela; en Italia, las demandas incluyen sanidad, educación, empleo y vivienda.
• Coste de la vida y precariedad. Combustible, alimentos, energía y salarios insuficientes forman parte del trasfondo de las movilizaciones en varios países.

El que la protesta haya empezado en la escuela y en la vivienda responde a que son dos espacios donde la desigualdad se vuelve cotidiana, donde una familia descubre que no puede pagar el alquiler, un adolescente tiene que estudiar en un centro sin profesorado suficiente y una pensionista comprueba que su vida entera en su barrio puede desaparecer por una operación inmobiliaria.

La reacción política a los disturbios franceses revela otra batalla, la del relato. Varios dirigentes europeos han intentado presentar la violencia como consecuencia de la inmigración, pese a que las autoridades y la policía francesas no han culpado a los inmigrantes.

El presidente estadounidense Donald Trump llegó a afirmar que “los migrantes se han apoderado de Francia” y pidió cerrar las fronteras.  Es una operación política conocida. Frente a demandas materiales —más vivienda pública, salarios dignos, escuelas financiadas, regulación de los alquileres— se ofrece una explicación identitaria: la culpa no estaría en el mercado, la austeridad o la especulación, sino en el inmigrante. En España, Vox ha utilizado explícitamente los sucesos franceses para vincular inmigración y violencia urbana.

Esta respuesta no resuelve nada, pero desplaza el conflicto desde la distribución de recursos hacia la seguridad y la identidad. Convierte una protesta social en una amenaza civilizatoria y permite evitar la pregunta incómoda de quién se beneficia de que la vivienda sea escasa, cara y financieramente rentable.

Lo más importante no puede ser cómo restaurar el orden en las calles, sino por qué tantas personas han concluido que la vía institucional ya no funciona.

En Francia, la protesta nace de la degradación de la escuela pública. En España, del desalojo de una anciana y de un mercado del alquiler donde el sueldo mínimo apenas cubre el precio medio de un piso. En Portugal, de precios inmobiliarios que se han multiplicado desde 2013. En Bélgica e Italia, de austeridad, inflación y precariedad. Nada hemos dicho de Alemania, pero también allí la presión social se extiende.

La ola europea no puede entenderse solo como “indignación”. Es una respuesta de clase exigiendo la reconstrucción del contrato social que el actual modelo económico neoliberal resulta incapaz de satisfacer. Es decir, que la vivienda no sea un activo financiero, que la educación no dependa del código postal, que el trabajo permita vivir o que los servicios públicos no sean el ajuste permanente de las cuentas públicas.

La violencia más extrema no ayuda, ciertamente. Pero la amenaza más importante que vivimos viene de la normalización de una sociedad donde una persona puede perder su casa tras setenta años de vida en ella, y donde la respuesta política llega siempre tarde, incompleta o bloqueada.