PSOE, Sumar y PP blindan por ley, finalmente, la opacidad de precios a la industria farmacéutica. Una enmienda colada en una norma sobre cribado neonatal consuma tres años de intentos por impedir que el Tribunal Supremo obligue a hacer público lo que el Estado paga a los laboratorios.
El jueves 23 de julio el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con los votos conjuntos de PP, PSOE y Sumar, una modificación legal que consolida el secreto sobre los precios reales que la Administración paga a las farmacéuticas por los medicamentos innovadores financiados por el Sistema Nacional de Salud. La norma que sirvió de vehículo nada tiene que ver con precios de fármacos: es la Proposición de Ley para homogeneizar el cribado neonatal —las pruebas del talón— en todo el territorio español. En ella se introdujo en junio, vía enmienda, la garantía de confidencialidad que Sanidad llevaba años intentando fijar por otras vías, tal como y denunciamos en esta web.
No es la primera puerta trasera que se prueba. Según ha documentado la Fundación Civio, el Ministerio de Sanidad ya intentó en 2025 incluir la misma cláusula en el anteproyecto de la Ley de Medicamentos, sin que prosperase entonces la consulta pública. Después se intentó colarla en una ley de discapacidad. Ahora ha entrado por el cribado neonatal, y la misma confidencialidad reaparece también en el Proyecto de Ley de los Medicamentos que el Consejo de Ministros remitió a las Cortes esta semana. Tres intentos, tres normas distintas y un mismo objetivo, que nadie pueda saber cuánto cobran realmente los laboratorios por cada tratamiento.
La coartada de Trump.
El argumento oficial que ha dado cobertura política a la medida es la cláusula de «nación más favorecida» que impulsa Donald Trump, con la que Washington pretende indexar el precio de los medicamentos en Estados Unidos al más bajo que se negocie en Europa y el G7. El diputado de Sumar Rafael Cofiño defendió la enmienda preguntando qué se respondería a las familias si esa presión retrasara el acceso a tratamientos innovadores para patologías detectadas en el cribado neonatal. Argumento que parece un pretexto muy débil frente a lo que debe ser el derecho a la información y a la soberanía nacional.
En la práctica, lo que se hace con esta modificación es blindar un diseño de opacidad estructural que va a durar mucho más allá de que Trump esté en la Casa Blanca. Además de que tampoco cabe ignorar la -digamos- irregularidad ética y social de utilizar el derecho a la salud de la infancia como coartada para perpetuar los beneficios opacos de la industria farmacéutica.
Tres años de litigio contra tres intentos legislativos
El calendario de la maniobra era predecible, por otra parte. La Fundación Civio lleva desde 2019 reclamando en los tribunales el acceso a las resoluciones administrativas que fijan el precio real y las condiciones de financiación de medicamentos como Zolgensma y Luxturna, ambos de Novartis. Tras ganar en primera instancia y ver revocada esa victoria por la Audiencia Nacional, Civio recurrió en casación, y el Tribunal Supremo admitió a trámite ambos recursos —Zolgensma en noviembre de 2025, Luxturna en diciembre del mismo año— con el compromiso de fijar doctrina sobre tres cuestiones: si el artículo 97.3 de la Ley de garantías desplaza a la Ley de Transparencia, si la confidencialidad alcanza también al precio fijado por la propia Administración o solo a los datos que aportan las empresas, y si el secreto se mantiene una vez cerrada la negociación.
Son exactamente esas tres preguntas las que la enmienda aprobada pretende responder por la vía legislativa antes de que el alto tribunal pueda pronunciarse. Los propios proponentes lo reconocieron por escrito en la justificación del texto, al hablar del riesgo de que «una interpretación judicial restrictiva» obligara a divulgar los precios efectivos.
Un precedente sin equivalente en la contratación pública
Conviene medir la singularidad de lo que se ha aprobado. La Ley de Contratos del Sector Público obliga a publicar el precio de adjudicación de cualquier contrato público. No existe otro ámbito de la contratación ordinaria en España donde el legislador haya convertido en secreto por ley el precio de un suministro pagado con dinero de todos. Si ese principio se rompe para las farmacéuticas, no hay razón de fondo por la que no pueda extenderse mañana a cualquier otro sector adjudicatario que alegue «información comercial sensible».
Se trata de un precedente que no protege un secreto técnico, sino un modelo de negociación estructuralmente asimétrico entre el Estado y un puñado de multinacionales que fijan precios de medicamentos bajo patente sin competencia real y sin que la ciudadanía que los financia pueda verificar si esos precios son razonables.
Lo que revela el consenso del PP, PSOE y Sumar
Que esta reforma haya salido adelante con el respaldo simultáneo del PP, del PSOE y de Sumar —la derecha tradicional, la socialdemocracia gestora y la fuerza que se aún intenta presentarse como referencia de la izquierda transformadora dentro del Gobierno— dice más sobre la naturaleza del Estado que sobre las siglas de cada partido:
Cuando se trata de proteger el margen de beneficio de un sector estratégico como el farmacéutico, la distinción entre bloques políticos se diluye con una rapidez que no se observa, por ejemplo, en las políticas de vivienda o en la subida del salario mínimo.
La opacidad de precios no es un desliz técnico ni una simple negociación diplomática frente a Trump: es la forma jurídica que adopta la subordinación del sistema público de salud a la lógica de acumulación de la industria farmacéutica, a la que se permite operar como proveedor sin obligación de rendir cuentas sobre el precio de lo que vende con fondos públicos.
Qué podemos hacer
Conviene saber que el Tribunal Supremo sigue teniendo pendiente de resolución los recursos de casación de Civio, y una sentencia que reconozca el derecho de acceso podría entrar en colisión directa con la ley recién aprobada, abriendo un nuevo frente judicial y político. Desde la izquierda social y sindical hay varias líneas de acción posibles. La primera es visibilizar y respaldar el trabajo de las organizaciones que sostienen desde hace años litigios lentos y poco mediáticos pero decisivos para la rendición de cuentas del gasto sanitario. La segunda es exigir a los grupos parlamentarios que se dicen de izquierda —Sumar entre ellos, IU-PCE incluidos— coherencia entre su discurso sobre sanidad pública y su voto real, sin dejar que la etiqueta de «izquierda» blanquee decisiones que refuerzan el poder de negociación de la industria farmacéutica frente al erario público. La tercera es enlazar esta batalla con la más amplia por la sanidad pública. Porque cada euro que se paga de más por opacidad en la negociación de un medicamento es un euro que no llega a personal, camas o listas de espera. Hacer visible esa cadena de causalidad —del precio secreto a la lista de espera— es tarea de la comunicación política y de la organización popular, no solo de la litigación especializada.
- Insurgente.org, «PSOE, Sumar y PP aprueban por ley proteger a la mafia farmacéutica: será secreto lo que el Estado les abone» — insurgente.org
- Civio, «PSOE y SUMAR sellarán por ley el secreto de los precios de los medicamentos» — civio.es
- Civio, «PSOE y SUMAR quieren blindar legalmente el secreto en los precios de los medicamentos colándolo en una ley sobre discapacidad» — civio.es
- Civio, «El Tribunal Supremo decidirá si el precio real y la financiación de los medicamentos siguen siendo secretos» (caso Luxturna) — civio.es
- Civio, «Zolgensma: estos son los argumentos que llevamos al Supremo» — civio.es
- isanidad.com, «Confidencialidad de precios de los medicamentos «versus» transparencia ante la presión de Estados Unidos» — isanidad.com
- Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, nota sobre la admisión a trámite del recurso de casación — consejodetransparencia.es
- https://redsintesis.info/gobierno-pacta-ocultar-precios-medicamentos/
