Se cumplen tres años de gobierno de coalición «progresista».

A un año del final previsto de la legislatura, el balance objetivo del cumplimiento de los pactos de investidura confirma que una cosa es la estabilidad parlamentaria y otra la voluntad real de transformar las condiciones de vida de la mayoría social.

A un año del final previsto de la legislatura, el balance de los pactos de investidura deja la clara imagen de que el Gobierno que se dice “progresista”mantiene sin cumplir el 76% de las medidas acordadas con sus socios parlamentarios. El dato lo recoge Newtral a través de su proyecto PactoCheck, que hace un seguimiento estricto de los 50 compromisos firmados por el PSOE con Sumar, ERC, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria para asegurar la investidura de Pedro Sánchez en 2023¹. Esta es la fotografía real de un gobierno de coalición que se ha dedicado a sobrevivir sin apenas transformar casi nada. Un calendario aproximado de los incumplimientos lo deja bien claro. A los seis meses de legislatura, en mayo de 2024, el cumplimiento fue del 10%². Al año, en noviembre de ese mismo año, subió al 16%³. Y ahora, casi tres años después de la investidura, el cumplimiento ronda el 24%. La progresión, pues, ha resultado además de escasa, lenta, desigual y, como ahora veremos, concentrada en una selección significativa de los tipos de medidas impulsadas.

Entre las promesas cumplidas figuran la ley de amnistía, la reforma del artículo 49 de la Constitución para retirar el término «disminuidos», la ley de representación paritaria y el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. Unos avances que comparten el rasgo de ser reformas jurídicas o administrativas que no exigen enfrentarse con ningún poder establecido, político, social o económico. Lo único que cambian es el lenguaje constitucional, resuelven un conflicto territorial concreto o bien armonizan la fiscalidad española con un mínimo ya pactado en foros internacionales. Pero ninguna de ellas obliga a redistribuir tiempo de trabajo, la renta o el poder de negociación entre capital y trabajo.

La otra columna del balance -los incumplimientos- es igual de reveladora. La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, comprometida con Sumar, ha sido rechazada dos veces en el Congreso. Primero, como proposición de ley del Grupo Mixto en febrero de 2025, y después como proyecto de ley del propio Gobierno en mayo del mismo año¹. La reforma de la ley mordaza, comprometida desde octubre de 2024, lleva más de un año varada en la ponencia del Congreso, que no se ha reunido ni una sola vez durante 2026, bloqueada por vetos cruzados entre el PNV y Podemos y por la resistencia del Ministerio del Interior⁴. A ellas se suman los compromisos pendientes de vivienda, sanidad, conciliación y servicios públicos que ni siquiera han iniciado su tramitación.

Lo que afecta al tiempo de trabajo, a los servicios públicos o a la redistribución de derechos es precisamente lo que encuentra más resistencia del sistema político.

Parte de la explicación está en la propia arquitectura de la investidura. No hubo un programa único, sino una suma de acuerdos bilaterales con formaciones de intereses territoriales y estrategias distintas, en las que participaron el nacionalismo catalán, institucional y de ruptura, nacionalistas vascos, izquierda soberanista gallega, Coalición Canaria o Sumar. Ese conglomerado permitió sostener una mayoría de investidura, pero también ha multiplicado los vetos cruzados y alargado cualquier tramitación que dependa de varios socios a la vez. Por ello puede decirse que el Gobierno “progresista” del PSOE-SUMAR (IU-PCE) ha operado, en la práctica, más como administrador de equilibrios parlamentarios frágiles que como agente comprometido con su base social y con margen real para ejecutar lo prometido y lo firmado en los plazos correspondientes.

Una forma de actuar que también ha calado las propias filas de la mayoría de investidura. Sumar ha presionado públicamente al PSOE para desbloquear la ley mordaza, y fuentes de la negociación reconocen sin ambages que la ponencia «está congelada»⁵. Junts, por su parte, ha roto formalmente su acuerdo alegando incumplimientos⁶. La propia mayoría que sostiene al Gobierno admite, cada una desde su posición, que la ejecución no está a la altura de lo firmado. Pero nadie se mueve, por si acaso.

El dato del 76% pendiente no expresa simplemente un problema de agenda o de calendario legislativo. Expresa el límite material de una gobernabilidad construida sobre mayorías frágiles, sujeta a negociación permanente y condicionada por intereses particulares y por restricciones institucionales, fiscales y europeas que actúan como muro de contención frente a cualquier reforma redistributiva de fondo.

Las medidas que prosperan son las que no tocan la correlación de fuerzas entre capital y trabajo; las que se congelan son, sistemáticamente, las que sí lo hacen.

No es casualidad que la reducción de jornada, la reforma de la ley mordaza o la ley de vivienda compartan destino. Ya que todas ellas suponen ceder una porción de poder que ni el aparato del Estado ni el bloque empresarial están dispuestos a soltar por la vía de un pacto parlamentario.

La aritmética de investidura, en consecuencia, permitió sostener un Gobierno distinto al de la derecha y el reaccionarismo de Vox, lo que sin duda es importante. Pero confundir esa aritmética con un programa de mejora social ha tenido como coste la desafección de buena parte de la población que votó para frenar a la derecha y que sigue esperando la reducción de jornada, la derogación de la ley mordaza o una vivienda a precio accesible, mientras el reloj de la legislatura se va agotando.

Por eso, dentro de la izquierda alternativa el desespero es real, así como los conflictos internos. Muchos críticos se preguntan ¿por qué formar parte de un gobierno que no ejecuta los pactos contraídos ni aplica unas políticas sociales consistentes? ¿no sería suficiente con formar parte de la mayoría parlamentaria que permite su existencia?