Gobierno y oposición pactan ocultar por ley los precios de los medicamentos.

La Comisión de Sanidad del Congreso vota este jueves 25 de junio esta medida, camuflada en una proposición de ley sobre cribado neonatal. Mientras tanto, el Tribunal Supremo tiene pendiente decidir si los precios de los medicamentos deben ser públicos o no.

Con esta reforma que se quiere aprobar por parte del PSOE-Sumar y el PP, el precio real que la sanidad pública paga por cada medicamento nuevo pasará a ser secreto. Por ley. Y no es la primera vez que se intenta. En mayo de 2025 la maniobra apareció en el anteproyecto de ley de medicamentos impulsado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno «progresista». En marzo de 2026 reapareció, ya de la mano de PSOE y SUMAR, como enmienda a una ley sobre discapacidad. Ahora vuelve por tercera vez, escondido en la proposición de ley sobre cribado neonatal, que ya ha recibido el respaldo del Partido Popular.

El texto de ahora es como los anteriores. Lo que cambia es la forma de aprobarlo, y esta es la más opaca de las tres, pese a tratarse de una reforma de gran alcance que no figuraba en ninguna enmienda registrada, que no se ha debatido en ningún momento y que no se ve venir hasta el final del proceso. Todo por la puerta de atrás, justo cuando el Tribunal Supremo debe decidir si esos precios tienen que hacerse públicos.

En marzo, cuando la maniobra apareció en la ley de discapacidad, desde CIVIO y otros medios ya se denunció que esquivaba a la Comisión de Sanidad, porque entonces se tramitaba en la de Derechos Sociales. Esta vez sí está en la comisión que le corresponde, pero eso no la hace más transparente. Al contrario: ninguna de las cuarenta enmiendas presentadas a la ley de cribado neonatal, todas ellas públicas, mencionaba los precios de los medicamentos. Hablaban de lo que tocaba —qué enfermedades entran en el cribado, cómo se evalúa el programa, cómo se coordinan las comunidades autónomas—. El secreto de los precios no aparecía por ningún lado. Hasta que apareció por otra vía, mediante una enmienda transaccional.

Una enmienda transaccional permite que, durante el debate en comisión, los grupos parlamentarios junten sus propuestas y pacten un texto común. Tiene, sin embargo, una particularidad que lo cambia todo: no se registra ni se publica como las demás enmiendas. Se negocia a puerta cerrada y solo se conoce al final, cuando ya está a punto de votarse. Sirve, en principio, para acercar posiciones entre enmiendas que ya existen, no para introducir algo que nadie había planteado.

Y eso es justo lo que ha ocurrido. En el informe de la ponencia se colaron cinco enmiendas transaccionales, cuatro sobre cribado neonatal -como correspondía- y una quinta que no tenía nada que ver con la materia, porque reescribe la ley del medicamento para sellar el secreto de los precios. La presentaron, además, sobre una enmienda del propio PP que pedía dar más voz a los pacientes y a la comunidad científica en los programas de cribado. Nada que ver, en principio, con los precios de los fármacos.

La transaccional la firman tres diputados de tres partidos distintos: Elvira Velasco, del PP; Rafael Cofiño, de SUMAR; y la valenciana Carmen Martínez, del PSOE.

Se pasa, pues, bajo mano, de una enmienda transaccional sobre derechos de los pacientes a una reforma de calado de la ley del medicamento. Porque una cosa es pactar entre textos parecidos y otra muy distinta es usar la enmienda de otro grupo para colar por la puerta de atrás algo que no cabría por la vía normal. Y además va deprisa: por el procedimiento de urgencia, con los plazos reducidos a la mitad y sin pasar por el Pleno. La Comisión de Sanidad tiene previsto votar a favor este mismo jueves 25.

De modo que muy pronto podrá convertirse en ley, sin un solo debate en el hemiciclo. PSOE y SUMAR, y esta vez también el PP —enfrentado al Gobierno en casi todo lo demás—, se han alineado para sacar adelante el secreto sobre lo que cuestan de verdad los medicamentos. Incluso han coincidido en la forma subrepticia de colar esta medida que rendirá pingües beneficios a las multinacionales, como no podía ser de otra forma.

Esto es lo que añade la transaccional e la proposición sobre cribado neonatal, en su redacción literal:

«[…] Los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas, tendrán carácter confidencial y no podrán ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que sean parte en dichos acuerdos.»

Si hasta ahora se protegía lo que aportan las empresas durante la negociación, lo que se quiere hacer secreto con esta reforma es el resultado mismo de la decisión pública, lo que efectivamente paga el Estado. Si un futuro gobierno, una comunidad autónoma, un hospital o el propio Congreso quisieran hacer público cuánto cuesta un tratamiento concreto, la ley se lo prohibiría de forma expresa.

Esta opacidad o más bien ocultamiento constituye, por otra parte, un caso singular puesto no existe constancia de ningún otro contrato público del régimen ordinario en España cuyo precio sea secreto por mandato legal. En el resto de contratación pública, lo que paga la Administración se publica como norma. Si aquí puede ocultarse, cualquier proveedor del Estado podría reclamar mañana el mismo trato.

¿Con qué se justifica la medida? Con la capacidad negociadora del Estado y la sostenibilidad presupuestaria del sistema. Son los mismos argumentos que la industria farmacéutica, y el propio Ministerio de Sanidad, llevan años utilizando en los tribunales frente a quienes reclaman transparencia. Que una reforma legal coincida en el tiempo y en el argumentario con la defensa de los laboratorios en pleno proceso judicial merece, como mínimo, una explicación pública.

Y son argumentos que, desde 2019, nadie ha respaldado con una sola prueba empírica: no existe un caso documentado que demuestre que la transparencia cause un daño real al sistema. Solo advertencias genéricas, como que alguna empresa podría dejar de vender al sistema público. La evidencia disponible apunta, de hecho, en la dirección contraria. Ese año, la Organización Mundial de la Salud, con el voto favorable de España, pidió a los países miembros que hicieran públicos los precios netos que pagan realmente por los medicamentos.

No es solo una recomendación: hay datos que la respaldan. Un estudio europeo de 2026 reunió lo que pagaron de verdad veintitrés hospitales de nueve países distintos por varios fármacos contra el cáncer —cifras que casi siempre permanecen secretas— y los comparó entre sí.

Variable analizada	Resultado observado
Hospitales que se equivocaban sobre su propia capacidad negociadora	≈ 50%
Sobrecoste pagado sin saberlo por algunos centros	hasta 22%
Relación entre renta del país y precio pagado	sin correlación
Comparativa Serbia frente a Alemania y Países Bajos	Serbia pagó más

El argumento de la «capacidad negociadora» queda así en entredicho: al menos la mitad de los hospitales se equivocaba sobre lo bien que negociaba, y algunos pagaban hasta un 22% de más sin saberlo. Ni siquiera los países más pobres conseguían mejores precios gracias al secreto. Serbia, con una renta muy inferior a la de Alemania o los Países Bajos, pagaba más que ambos por varios tratamientos. Quien no puede ver lo que pagan los demás negocia a ciegas, y esa ceguera la paga el erario público.

El texto sostiene que Sanidad seguirá publicando información sobre la financiación de cada producto e información agregada. Pero conviene no engañarse, si el precio real es secreto por ley, lo que se publique será exactamente lo que Sanidad decida contar, ni una cifra más. «Datos agregados» significa, en la práctica, justo lo que se lleva años denunciando, que se proporcionen solo los totales por categorías escondiendo lo que cuesta cada medicamento en concreto, y sin permitir ninguna comparación útil.

Hay, además, una paradoja final que el propio texto no resuelve. La ley que se reescribe arranca con un artículo titulado «Transparencia en la adopción de decisiones por las administraciones sanitarias», y ese artículo no se toca. Pero fijar el precio de un medicamento es, exactamente, una de esas decisiones que el artículo dice proteger. Lo que paga un hospital por un fármaco no es un secreto comercial de la empresa que lo fabrica, es gasto público, y la reforma borra esa frontera de un plumazo.

Sin embargo, lo que debe ser público no lo deciden los laboratorios ni el Ministerio de Sanidad, lo decide quién paga. Si el Estado paga, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto y en qué condiciones. Frente a una reforma diseñada para no evitar todo debate y conocimiento público, la respuesta empieza por cambiar estas tornas, y tras la información proporcionada: