El embrión de una duda en la base de Podemos.

Podemos publicó a mediados de julio el «Documento Embrión de La Base», un texto de veinte páginas firmado por seis militantes de la corriente interna La Base, presentado como punto de partida abierto y colectivo para reconstruir el proyecto organizativo y político del partido antes de su próxima Asamblea Ciudadana Estatal. El propio documento se define como un embrión: un texto vivo que la militancia podrá ampliar, corregir o recortar. Es una autocrítica valiente en su forma, pero conviene analizar qué explica y qué omite señalar.

El contexto en que aparece esta propuesta es importante. Como sucede a otro nivel con las diversas siglas y componendas de la izquierda, Podemos atraviesa hoy su momento más débil desde su fundación en 2014, ya que apenas conserva representación testimonial en el Congreso; ha roto su alianza parlamentaria con Sumar y su previsible cabeza de cartel para las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2027, la secretaria general Ione Belarra, afronta la carrera con encuestas adversas y derrotas recientes en Aragón y Castilla y León. En ese marco, La Base plantea que el problema es, ante todo, organizativo. El de un partido que dejó de escuchar a su militancia y que debe recuperar el «espíritu fundacional» de 2011 y 2014.

Buena parte de las propuestas concretas del texto son medidas clásicas contra la oligarquización de las organizaciones políticas, el fenómeno que Robert Michels describió hace más de un siglo como «ley de hierro», la tendencia de toda estructura organizada, por democrática que sea su origen, a concentrar poder en una minoría estable de dirigentes profesionalizados. Frente a eso, el documento propone límites de mandato de ocho años computando cargos institucionales y orgánicos, la prohibición de acumular varios cargos por persona, la recuperación del límite salarial fundacional, primarias abiertas, listas provinciales en lugar de listas cerradas desde la dirección estatal, neutralidad institucional de la ejecutiva durante los procesos internos y la sustitución del sistema de votación DesBorda por uno proporcional puro. Son medidas verificables, más que declaraciones de intenciones, y apuntan al problema real de la política que es la profesionalización como mecanismo de desconexión entre dirigentes y base.

También es coherente la exigencia de transparencia económica —publicación periódica de cuentas, protocolos públicos de contratación, información sobre asesores— y la propuesta de descentralizar recursos hacia las organizaciones territoriales, que en los últimos años han perdido peso frente al aparato estatal del partido.

Los problemas empiezan en lo que el documento da por supuesto o no dice. La Base atribuye el deterioro de la vida interna a un déficit de voluntad democrática, como si bastara con corregir reglamentos y sistemas electorales para que el partido recupere la capacidad de movilización que tuvo en 2014. Pero la crisis de Podemos no es solamente un problema de estatutos, es el resultado de un proceso social y político concretos que ni se mencionan.

Un partido nacido de la calle se transformó, en apenas un lustro, en un partido de la administración del Estado.

La entrada en el Gobierno de coalición entre 2020 y 2023 supuso la integración de buena parte de la dirección de Podemos en el aparato ministerial. De modo que la gestión cotidiana, los equilibrios de coalición y la lógica institucional sustituyeron progresivamente al trabajo de base en los círculos de militantes. Esa integración no fue un accidente ni una simple mala praxis de determinados dirigentes, es lo que ocurre estructuralmente cuando una organización nacida para representar un descontento social pasa a gestionar, desde dentro, el mismo Estado cuya distancia con la ciudadanía denunciaba. El propio documento reconoce que los círculos dejaron de ser «espacios vivos», pero no se pregunta por qué dejaron de serlo justo cuando el partido entró en el Consejo de Ministros.

A esto se suma la ruptura con Sumar y la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE, que el documento no menciona en ningún momento pese a ser, probablemente, una de las  variables más determinante de la posición actual de Podemos en las encuestas. Democratizar los mecanismos internos de un partido no resuelve por sí solo el problema de que ese partido compita por el mismo electorado que otras tres o cuatro formaciones, en un ciclo donde la derecha y la ultraderecha marcan la agenda. El embrión describe con precisión los síntomas organizativos, pero no diagnostica la enfermedad real.

En su capítulo de «Modelo de País», el documento articula un programa políticamente coherente desde una perspectiva de izquierda anticapitalista y antimilitarista. Propone, en particular, una banca pública, empresa pública de energía, nacionalización de la SAREB, salida inmediata de la OTAN, desmantelamiento de las bases de Rota y Morón, proceso constituyente y referéndum sobre el modelo de Estado. Son propuestas que sitúan el problema de la vivienda, la energía o la paz en el terreno de la propiedad y el control democrático de los recursos, no en el de la gestión técnica, y eso las distingue de buena parte del discurso socialdemócrata dominante en la izquierda institucional española, como IU y el PCE en particular.

Pero hay una fisura que merece señalarse. El documento reivindica la vivienda como «derecho efectivo» y propone un parque público, regulación de alquileres y nacionalización de activos inmobiliarios. Sin embargo, al mismo tiempo, en su sección de propuestas para el debate, plantea «medidas eficaces contra la ocupación ilegal» diferenciándola de la «vulnerabilidad social», un lenguaje que reproduce, aunque matizado, el marco discursivo con el que la derecha mediática ha tratado la crisis de vivienda en los últimos años. No se trata de negar que existan situaciones de ocupación ajenas a la necesidad habitacional, sino de advertir que introducir esa distinción sin una discusión previa sobre la propiedad y la especulación inmobiliaria corre el riesgo de legitimar, sin quererlo, el marco de quienes defienden el desahucio exprés.

El documento insiste en que se trata de un proceso abierto, participativo y democrático, «construido desde abajo». Sin embargo, los seis nombres que firman e impulsan el texto son todos varones, una composición que contrasta con la declaración expresa de un feminismo basado en el consentimiento y la igualdad efectiva que el propio documento incluye entre sus principios. No implica necesariamente nada sobre las intenciones de quienes lo firman, pero sí es un dato que la propia corriente debería abordar si aspira a que su discurso interno sobre feminismo tenga correspondencia con su práctica organizativa visible.

Además, y esto es crucial, el texto no explica quién decidirá qué aportaciones de la militancia se incorporan al documento definitivo ni con qué criterio. Un proceso realmente democrático necesita mecanismos transparentes de agregación de propuestas, no solo una invitación genérica a proponer, modificar o eliminar contenidos. Sin esos mecanismos, la apertura declarada puede convivir con un control editorial que sigue estando en pocas manos, exactamente el problema que el documento dice querer combatir.

Precisamente, otra cuestión no mencionada pese a ser determinante es si la reconstrucción organizativa por sí sola puede revertir un ciclo de declive que tiene raíces estratégicas y no solo estatutarias. Un partido con representación testimonial, sin alianza estable con el resto de la izquierda parlamentaria y compitiendo por un electorado que las encuestas sitúan en niveles críticos no se recupera únicamente limitando mandatos o cambiando el sistema de votación interno. Democratizar la nave no basta si no se discute, con la misma franqueza, el rumbo que se va a seguir teniendo, a no ser que como se decía en los primeros años de esta organización, en ella caben todos y todas, de derechas o de izquierdas.