España creó cuatro millones y medio de empleos entre 2011 y 2025, pero la estructura que los sostiene —servicios personales precarizados, turismo y renta inmobiliaria— revela que el capital financiero, no la sociedad, decide qué se produce y quién lo paga. Seguidamente incluimos una investigación de fuentes sobre nuestro modelo productivo, sugerido por la publicación de Albino Prada en Sin permiso sobre el capitalismo en nuestro país.
Entre 2011 y 2025 España pasó de 17 a 21,7 millones de cotizantes a la Seguridad Social, un incremento de cuatro millones y medio de empleos que coloca el índice de empleo en 127 puntos frente a un PIB que avanza hasta 120 (base 2011=100). El economista Albino Prada ha señalado en un análisis reciente que esta brecha entre empleo y producción es la primera pista de que algo no cuadra en el relato de la recuperación[1]. La pregunta que de verdad importa no es si se ha creado empleo —se ha creado, y de forma notable— sino de qué tipo, para quién, y sostenido sobre qué relaciones sociales de producción.
La respuesta oficial suele resumirse en un adjetivo: «estable». Y en términos de contrato indefinido frente a temporal, en efecto, la última EPA disponible confirma que la creación de empleo del último año se ha concentrado en asalariados indefinidos a tiempo completo, con la tasa de temporalidad general estabilizada en torno al 15%[2]. Pero ese dato agregado esconde una fractura de clase muy concreta: la temporalidad en el sector público casi duplica a la del sector privado —28% frente a poco más del 12%—, un desequilibrio que ni la reforma laboral de 2021 ni los sucesivos gobiernos han querido corregir[3]. El Estado, como empleador, se comporta peor que el capital privado promedio al que dice regular.
La terciarización que no es la que parece.
Todos los sectores pierden peso relativo en el empleo salvo los servicios, que pasan de acaparar el 72% al 77% del total entre 2011 y 2025. Pero en términos de PIB esa misma terciarización apenas avanza un punto porcentual, del 67,9% al 68,9%. La conclusión es incómoda para quienes hablan de «cambio de modelo productivo»: el empleo se desplaza hacia los servicios mucho más deprisa que el valor que esos servicios generan, lo que indica una ocupación creciente en actividades de bajo valor añadido y baja productividad aparente, no una modernización de la estructura económica.
Tres de cada diez empleos creados desde 2011 dependen del gasto público en sanidad, educación y servicios sociales —y solo uno de cada cuatro de esos contratos es empleo directamente público.
Ese primer bloque de servicios personales (sanitarios, educativos, sociales, geriátricos) es el que más empleo ha generado en el período. Pero la forma en que se cubre esa demanda social creciente es reveladora: la mayoría de esos puestos se canalizan hacia la empresa privada mediante conciertos y externalizaciones, mientras el empleo directamente público retrocede en su peso relativo sobre el total de ocupados, del 17,8% en 2011 al 16% en 2025. No es que el sector público se retire de estas funciones sociales —la necesidad social sigue ahí, y crece—, es que se le hace atender esa necesidad a través del mercado, con peor calidad de empleo y sometido a la misma disciplina fiscal que reclama el capital financiero como acreedor del Estado.
No es casualidad que las movilizaciones más sostenidas de los últimos años en España —de trabajadores y de usuarios por igual— se hayan concentrado precisamente en la defensa de la sanidad y la educación públicas frente a su vaciamiento progresivo hacia la privatización. La lucha por lo público en estos sectores es, en el fondo, una disputa sobre qué parte del nuevo empleo generado por la sociedad se organiza como derecho universal y cuál se entrega como negocio.
Turismo, ladrillo y la renta como motor de empleo.
El segundo gran bloque de creación de empleo, cerca de setecientos mil puestos, se articula alrededor del turismo. Pero el dato más importante no es cuánto crece la hostelería reglada —que explica menos de una cuarta parte de ese empleo— sino cuánto crecen la restauración, el ocio asociado y, sobre todo, los servicios a edificios, con casi doscientos mil empleos nuevos vinculados a la gestión de pisos y apartamentos turísticos. Los millones de visitantes y pernoctas se alojan cada vez más en vivienda residencial reconvertida en negocio turístico, alimentando directamente la burbuja inmobiliaria que hoy expulsa a familias trabajadoras de sus barrios.
Aquí el hilo conductor con la lucha por la vivienda es directo, no metafórico: cada apartamento turístico es una vivienda de alquiler residencial que desaparece del mercado, cada punto de ocupación turística presiona al alza sobre precios que las rentas salariales no pueden seguir. Las movilizaciones vecinales contra la gentrificación y las de los colectivos de vivienda no son un capítulo aparte de la economía turística: son su reverso necesario, la resistencia de quienes pagan el coste social de un modelo de empleo que convierte el derecho a la vivienda en materia prima de un sector productivo.
Migración: la mano de obra que sostiene el modelo y a la que se estigmatiza.
De los 4,5 millones de nuevos cotizantes, 1,2 millones son trabajadores extranjeros según la EPA. Este dato desmonta cualquier relato de «modelo productivo autosuficiente»: buena parte del crecimiento del empleo en servicios personales, turismo, comercio y cuidados descansa sobre mano de obra migrante, con frecuencia en condiciones de subordinación extrema, sin papeles regularizados o en proceso de regularización, expuesta a empleadores sin escrúpulos. La misma patronal que reconoce en privado su dependencia estructural de esta fuerza de trabajo alimenta o tolera, con la otra mano, discursos de patrioterismo racista que criminalizan a quienes sostienen sectores enteros de la economía española.
Frente a esto, la respuesta materialista no puede ser otra que la exigencia de regularización plena y derechos laborales homologados para toda la clase trabajadora, con independencia de origen o situación administrativa: dividir a la clase trabajadora por nacionalidad solo beneficia a quien se lucra de la precariedad de unos y otros.
Lo que no cambia: un modelo bajo la batuta del capital financiero.
Las actividades de gestión y digitalización, las únicas que podrían suponer un verdadero salto estructural, apenas explican un 16% del empleo creado y representan el 6,5% del empleo total en 2025. Su dinamismo es real, pero su peso absoluto sigue siendo marginal frente al conjunto. Mientras tanto, el sector primario destruye doscientos mil empleos por una dependencia creciente de insumos importados derivados de los hidrocarburos, la construcción sigue muy por debajo de los niveles previos a 2008 sin resolver el déficit de vivienda asequible, y la industria aporta menos de trescientos mil empleos nuevos, a un ritmo muy inferior al de los servicios, sin avanzar hacia ninguna soberanía productiva o energética.
El diagnóstico de fondo no es que España carezca de un modelo productivo, sino que tiene exactamente el que le corresponde a una economía subordinada a la lógica del capital financiero, español y global: se generan millones de empleos, sí, pero orientados por la rentabilidad inmediata —turismo, renta inmobiliaria, externalización de servicios sociales— y no por la satisfacción planificada de necesidades sociales básicas como sanidad, educación, vivienda o soberanía energética. Los déficits acumulados en estos ámbitos desde 2008 se presentan mediáticamente como fallos de lo público, cuando son el resultado directo de tres lustros de disciplina neoliberal impuesta como condición del propio crecimiento del empleo.
Qué podemos hacer
Frente a este modelo, la respuesta no puede limitarse a exigir «más empleo», sino a disputar la calidad y la orientación de ese empleo. Eso significa organizarse en el lugar de trabajo y en el barrio para: exigir la conversión de los servicios sociales externalizados en empleo público estable, apoyando las huelgas y movilizaciones en sanidad y educación; sumarse a las plataformas de vivienda que combaten la turistificación y la especulación con el parque residencial, exigiendo regulación real de los pisos turísticos y un parque público de alquiler; defender la regularización plena de la población trabajadora migrante como condición para frenar el dumping salarial que perjudica a toda la clase trabajadora; y presionar, desde sindicatos y organizaciones políticas, por una planificación industrial y energética que reduzca la dependencia exterior en lugar de dejarla en manos del mercado. Ninguna de estas batallas se gana aisladamente: todas remiten a la misma disputa sobre quién decide qué se produce en España y para quién.
- Albino Prada, «Capitalismo español: ¿un nuevo modelo productivo entre 2011 y 2025?», Sin Permiso, 19/07/2026.
- Ministerio de Trabajo y Economía Social, Encuesta de Población Activa, cuarto trimestre de 2025.
- El Independiente, «Los trabajadores temporales del sector público doblan a los del sector privado», 1 de mayo de 2025.
- La paradoja española. Canarais-semanal. https://canarias-semanal.org/art/39189/mientras-la-economia-espanola-sube-a-velocidad-de-cohete-la-sociedad-se-derrumba-por-que
