Los ministros de Finanzas de once países, entre ellos España, pidieron el pasado miércoles 15, en una reunión celebrada ex profeso en Londres, una respuesta económica «coordinada, responsable y ágil» ante la guerra en Irán y todo el Oriente Medio, considerando los riesgos «para el crecimiento, la inflación y los mercados».
Según la declaración conjunta firmada por estos dignatarios (de España, Reino Unido, Australia, Japón, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Irlanda, Polonia y Nueva Zelanda), es urgente adoptar una solución “rápida y duradera” al conflicto en Irán, así como el restablecimiento de un tránsito “libre y seguro” por el estrecho de Ormuz. Según las declaraciones realizadas, con esta declaración se busca dar respuesta a la escalada de violencia y a la reciente declaración de alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, amén de subrayar explícitamente que la prioridad es amortiguar el golpe sobre el crecimiento, los precios de la energía y el nivel de vida de los sectores afectados.
No podemos ignorar, sin embargo, que esta urgencia de “una solución rápida”, antes que para proteger a las poblaciones iraníes, libanesas o palestinas, pretende contener el impacto sobre los mercados, deuda pública y rentas medias de los países respectivos. Los derechos humanos y de los pueblos se valoran aquí en términos de coste fiscal y de sensibilidad de los hogares modestos a la subida del gas y la electricidad, pero sin cuestionar en ningún momento el modelo de dependencia energética que hace a estos países tan vulnerables.
Instituciones al servicio de los mercados
La declaración, además, pone el énfasis en una “salida negociada” por medio de la cooperación internacional coordinada a través de organismos como el FMI, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía, que serían llamados a evaluar el impacto global, ofrecer apoyo de emergencia y diseñar respuestas “temporales, específicas y eficaces”.
Se trata, pues, de un marco que refuerza la lógica de la gobernanza económica supranacional. La guerra contra Irán se convierte en un problema de “riesgo sistémico” que legitima una mayor intervención coordinada de las grandes instituciones financieras, con el pretexto de proteger a los más pobres, pero sin cuestionar las estructuras de acumulación y poder que iniciaron y mantienen el conflicto.
Al mismo tiempo, los ministros subrayan la necesidad de mantener un comercio energético “abierto y reglado”, corrigiendo implícitamente cualquier intento de controles de exportación, acaparamiento de reservas o medidas proteccionistas que puedan desestabilizar aún más los mercados. El mensaje es claro: la estabilidad de los precios y la continuidad de los flujos de ganancia son condiciones no negociables.
Narrativa de «crisis acumulada»
En un ejercicio de amalgama ideológica y política, el comunicado finaliza reafirmando el “apoyo inquebrantable” a Ucrania y la intención de mantener la presión económica sobre Rusia, insistiendo en que la guerra de Moscú lastra la economía mundial y que Rusia no debe “beneficiarse” de la situación en Irán.
Así, se construye una narrativa de crisis acumulada: Ucrania, Irán y los mercados energéticos se presentan como un mismo campo de peligros, donde la estabilidad se identifica con la continuidad de sanciones, guerras remotas y encadenamientos de dependencias.
Esta retórica sirve para justificar la consolidación de una política exterior que combina militarización, sanciones y reformas de tipo liberal como única respuesta racional al conflicto, sin dejar espacio a alternativas no imperialistas, antiguerra coherentes o modelos de soberanía energética fuertemente democráticos.
Crítica de izquierda: seguridad energética contra soberanía popular
La declaración de estos once gobiernos revela que la “seguridad energética” se ha convertido en un nuevo argumento moral y técnico para legitimar estructuras de poder que siguen asentadas en la explotación de recursos, la dependencia de combustibles fósiles y la dominación geopolítica del Golfo. Su urgencia para “una solución rápida” no apunta al desmantelamiento de la OTAN, al fin de la presencia militar estadounidense en Oriente Próximo ni a la descolonización efectiva de las economías regionales, sino a la restauración de un orden donde el flujo de petróleo y gas siga garantizando la acumulación de capital en el Norte global.
La llamada a una “solución rápida” en Irán para “contener el impacto económico” no es neutral: es la expresión política de un orden que pone los intereses del capital por encima de la vida de los pueblos. Por eso, la tarea de la izquierda no es solo denunciar, sino organizar, comenzando por los propios gobiernos y los responsables de la guerra imperialista. Es necesario unir la lucha de los trabajadores y trabajadoras, de los sectores populares y de los pueblos oprimidos en un frente internacional que rechace las guerras, las sanciones punitivas y la dependencia de un modelo energético que arrasa con el planeta y con nuestras comunidades.
La única salida coherente pasa por la solidaridad internacionalista, la desmilitarización, el cierre de bases extranjeras en Oriente Próximo y el respaldo decidido a los movimientos sociales, democráticos y feministas que en Irán y en toda la región exigen justicia, libertad y pan, no más acuerdos entre gobiernos que buscan, ante todo, proteger sus balances de pagos.
