Diez años de Ley Mordaza han multiplicado las multas y la represión de la protesta social.

El martes 26 de mayo, muy poco después de que la policía asaltara a los manifestantes pro palestinos que recibían la devolución por Israel de los detenidos de la Flotilla,  se cumplieron diez años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como “Ley Mordaza”.

Desde su aprobación por el Gobierno del Partido Popular en 2015, la norma ha acumulado 2.155.990 multas por un importe total que alcanza los 1.289,4 millones de euros, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Más de dos tercios de esas sanciones se impusieron con gobiernos progresistas encabezados por Pedro Sánchez, pese a las promesas reiteradas de derogarla.[1][2]

La Ley Mordaza ha sido criticada desde su origen por restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la manifestación pacífica. Sus artículos más polémicos incluyen:[2]

Artículo	Qué sanciona	Impacto
36.6	Desobediencia o resistencia a la autoridad, negativa a identificarse	25–35% del total anual de sanciones
37.4	Falta de respeto y consideración a agentes de seguridad	22.260 multas solo en 2023
—	Consumo o tenencia de drogas en espacios públicos	1.313.886 multas (60% del total), 839,5 millones € recaudados

En 2023, la actividad sancionadora aumentó un 25% respecto a 2022, con 284.512 multas –casi 780 diarias–, lo que evidencia que la ley no va en retroceso, sino que crece.[1]

PSOE y Unidas Podemos incluyeron la derogación de la Ley Mordaza en sus programas electorales y en el acuerdo de gobierno de coalición de 2020, pero la reforma sigue bloqueada en el Congreso por falta de consenso y presiones de los lobbies policiales. La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció en julio de 2024 un acuerdo para derogarla, pero posteriormente se limitó a una revisión parcial del delito de injurias en el Código Penal.[2][1]

Amnistía Internacional denuncia que la falta de avances perjudica a manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos, con 291.400 multas entre 2015 y 2022 por desobediencia, resistencia o falta de respeto a la autoridad.[1]

Un nuevo informe de Defender a quien Defiende (coordinado por Novact) revela que la represión del derecho a la protesta aumentó un 66,7% en 2025 respecto a 2024, duplicándose con creces desde 2023. El informe documenta 380 casos con 1.956 vulneraciones que afectaron a 1.771 personas.[3]

Los tres ejes de movilización más castigados fueron:

Eje de movilización	Casos	% del total
Solidaridad con Palestina	94	24,7%
Vivienda y okupación	67	17,6%
Antifascismo	61	16,0%

En el movimiento de solidaridad con Palestina se documentaron 115 detenciones, 118 vulneraciones a la integridad física y moral, 46 identificaciones y 39 sanciones económicas. Muchas sanciones se aplicaron bajo la Ley 19/2007 contra la violencia en el deporte durante las protestas contra La Vuelta Ciclista.[3]

Cuatro activistas enfrentan casi ocho años de cárcel en España tras protestar durante la Vuelta Ciclista 2025 en apoyo a Palestina. En Granada, miles de personas participaron en una manifestación en el marco de la huelga general estatal exigiendo la derogación inmediata de la Ley Mordaza y el fin del comercio de armas con Israel.[4][5]

En Canarias, activistas denunciaron sanciones de 1.500 y 5.000 euros por manifestarse contra la guerra en Gaza durante un partido de baloncesto frente a un equipo israelí, aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana. El portavoz afectado señaló que la ley “protege especialmente a la Policía y le da carácter de veracidad a todas sus declaraciones”.[6]

– Sindicato de Vivienda de Carabanchel: más de 44.000 € en sanciones desde 2021.[1]

– Grupo de Madrid contra la tala de árboles: 20.000 € en multas por negarse a la tala de 1.000 árboles.[1]

– Estudiantes de Defendemos Palestina: 21.000 € por una protesta durante la visita de la embajadora de Israel en la Universidad Complutense.[1]

España también lidera las sanciones por consumo de cannabis en Europa: El 60% de las multas de la Ley Mordaza son por consumo o tenencia de drogas en espacios públicos. España acumuló en 2022 el 43% de todas las infracciones europeas por consumo o tenencia de cannabis, con casi 70.000 intervenciones más que Alemania. Organizaciones como Confac denuncian que estas sanciones se han convertido en un “impuesto encubierto” en un país donde el uso de cannabis está despenalizado.[1]

Diez años después, la Ley Mordaza sigue siendo un instrumento de recaudación masiva y control social que golpea a la clase trabajadora y a los movimientos sociales. La promesa de derogación permanece incumplida mientras la represión se intensifica, especialmente contra la solidaridad con Palestina, la lucha por la vivienda y el antifascismo.

La mayoría parlamentaria para reformar o derogar la ley existe, pero la inacción del Gobierno demuestra que la libertad de protesta sigue siendo un lujo, no un derecho garantizado.