Según las noticias recibidas, el régimen marroquí ha desplegado una nueva operación represiva de envergadura contra la sociedad civil saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El 20 de mayo, fecha en que el pueblo saharaui conmemora el aniversario de la primera acción armada del Frente POLISARIO en 1973, las fuerzas de seguridad coloniales han establecido cercos militares y policiales alrededor de los domicilios de destacadas activistas de derechos humanos en El Aaiún, la capital ocupada.
Las fuerzas de ocupación rodean los domicilios de Nabija Mohamed Ahmed, Khadija Doueih y el portavoz de AREN coincidiendo con el 53 aniversario del inicio de la lucha de liberación nacional saharaui. La represión preventiva como instrumento de terror colonial.
Cercadas y sin luz: la guerra psicológica en los hogares
Nabija ha denunciado desde el interior de su propio domicilio un asedio asfixiante. Su vivienda y la de su compañera Khadija Doueih, ambas situadas en la conocida calle 50 de El Aaiún, se encuentran completamente rodeadas por agentes y elementos de las fuerzas de seguridad marroquíes, que impiden cualquier entrada o salida. Documentos visuales filtrados desde el terreno burlan el bloqueo informativo y confirman sobre el terreno lo que las propias activistas denuncian.
«Nos han cortado la luz en casa.» — Nabija Mohamed Ahmed, activista saharaui, comunicación privada filtrada desde El Aaiún ocupado
El corte eléctrico no es un fallo técnico ni un accidente administrativo. Es una táctica de castigo colectivo y guerra psicológica deliberada: aislar, agotar e intimidar a quienes se atreven a levantar la voz contra la ocupación. La oscuridad impuesta como instrumento colonial.
AREN, también sitiada: la represión al denunciante del expolio
El mismo modus operandi se repite simultáneamente a pocos metros. Breika Bahi, portavoz de la Asociación para el Monitoreo de los Recursos Naturales en el Sáhara Occidental (AREN), ha difundido a través de sus redes sociales imágenes que muestran su residencia totalmente sitiada. AREN es una organización de referencia en la documentación y denuncia del expolio sistemático de los recursos naturales saharauis —fosfatos, pesca, energía— que Marruecos extrae ilegalmente con la complicidad de empresas y gobiernos europeos, entre ellos el español.
La Asociación para el Monitoreo de los Recursos Naturales en el Sáhara Occidental documenta el expolio de recursos naturales en los territorios ocupados. Su labor de denuncia internacional convierte a sus miembros en objetivo prioritario de la represión marroquí. Los acuerdos pesqueros y agrícolas entre la Unión Europea y Marruecos, que la justicia europea ha declarado ilegales en varias ocasiones por incluir el territorio del Sáhara, están directamente en el punto de mira de organizaciones como AREN.
La fecha del 20 de mayo en absoluto es una coincidencia
La coincidencia de estas operaciones con la conmemoración del 20 de mayo no es casual: es la lógica de la ocupación. En esa fecha de 1973, el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro —el Frente POLISARIO— lanzó su primera acción armada de resistencia anticolonial, marcando el inicio del movimiento de liberación nacional saharaui. Para el régimen de Rabat, permitir que ese aniversario se exprese con visibilidad pública —una bandera izada, una concentración silenciosa, una fotografía en redes— supone un riesgo político inaceptable.
La respuesta marroquí es siempre la misma: militarizar los barrios saharauis, inmovilizar preventivamente a los referentes de la comunidad y cortar los canales de comunicación antes de que la resistencia cultural se convierta en imagen que recorra el mundo. El cerco a Nabija Mohamed Ahmed, a Khadija Doueih y a Breika Bahi es, también, un intento de borrar el testimonio antes de que exista.
El muro de silencio que la comunidad internacional perpetúa
Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han lanzado un llamamiento urgente a la comunidad internacional, a la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) y a los medios de comunicación para que rompan el silencio y exijan el fin del asedio. La MINURSO, creada en 1991 con el mandato de organizar un referéndum de autodeterminación que nunca ha llegado a celebrarse, carece de competencias en materia de derechos humanos —una laguna estructural que Marruecos ha defendido siempre con ahínco y que sus socios occidentales han consentido.
España, potencia administradora del territorio según el derecho internacional, mantiene desde 2022 una posición de apoyo explícito al plan marroquí de autonomía que supone el abandono de facto de su obligación legal hacia el pueblo saharaui. El gobierno de Sánchez calla mientras las activistas permanecen encerradas en la oscuridad.
¿Qué podemos hacer?
Amplificar las denuncias de AREN y de las activistas afectadas en redes sociales.
Presionar a los grupos parlamentarios para que interpongan preguntas al gobierno sobre su posición ante estas violaciones.
Exigir a las organizaciones de derechos humanos con sede en España —Amnistía Internacional, Human Rights Watch, CEAR— que emitan comunicados urgentes.
Y recordar, cada vez que se hable de los acuerdos comerciales con Marruecos, que tienen un precio humano que se paga en El Aaiún.
