La crisis recurrente de la izquierda institucional.

Después de cada convocatoria electoral, la crisis de representación de la izquierda institucional vuelve a ocupar el centro del debate político.  La pérdida de apoyo entre los sectores jóvenes, la fragmentación del voto progresista o el desgaste acumulado de los proyectos que prometían una transformación real han llevado a dirigentes y analistas a preguntarse por qué amplias capas sociales ya no conectan con los discursos tradicionales de la izquierda. La pregunta, sin embargo, no siempre va acompañada de una respuesta franca.

En este sentido, son interesantes las declaraciones publicadas en una entrevista realizada en Diario Sur por el actual presidente del PCE, José Luis Centella —Secretario General durante una década y figura clave de la actual correlación de fuerzas interna junto a Enrique Santiago—, que traslucen precisamente este tipo de preocupaciones, aunque vestidas con una caracterización particular que merece un análisis más detenido, dadas las contradicciones y omisiones expuestas, lo que por otra parte resulta igualmente ilustrativo de la propia crisis que se dice querer superar.

Uno de los ejes más repetidos en las declaraciones de Centella es la idea de que la izquierda ha perdido capacidad para “conectar” emocionalmente con la juventud. El problema lo sigue presentando, igual que otros dirigentes, como una cuestión de lenguaje, de liderazgo o de narrativa. De modo que la solución implícita sea del estilo de comunicar mejor, encontrar los registros emocionales adecuados, renovar los rostros públicos.

Esta lectura, sin embargo, deja fuera lo más importante, las condiciones materiales de vida de las nuevas generaciones. La precariedad laboral, los salarios que no cubren necesidades básicas, la imposibilidad estructural de acceder a una vivienda y la incertidumbre permanente no son fenómenos culturales ni comunicativos. Son consecuencias directas de un modelo económico consolidado durante décadas, al que las izquierdas institucionales han gestionado sin cuestionarlo en su raíz.

Por ello, lo que muchos perciben hoy es que, independientemente del color político de los gobiernos, las condiciones estructurales de sus vidas apenas cambian. Esa percepción alimenta tanto la abstención como el desplazamiento hacia otras opciones políticas.

Resulta llamativo también el “desvío argumental” realizado en la respuesta a Diario Sur, consistente en reconocer las limitaciones impuestas por la globalización financiera o por los mercados, pero evitando al mismo tiempo cualquier autocrítica profunda sobre la aceptación de políticas económicas compatibles con el marco neoliberal dominante en España y la UE. Señalar las cadenas no equivale a cuestionarse si uno mismo ha ayudado a ponerlas o a mantenerlas.

Otro problema silenciado con sistemática regularidad, y que quienes hemos estado vinculados a estas organizaciones durante años conocemos bien desde dentro, es la transformación interna de las propias estructuras políticas partidistas.

Durante las últimas décadas, buena parte de la izquierda institucional ha evolucionado hacia organizaciones altamente corporativizadas y/o burocráticas, dependientes de la lógica mediática y concentradas en ciclos electorales permanentes. La política se ha condensado en liderazgos personalistas, en estrategias de visibilidad y en la competición por el espacio parlamentario. Este proceso ha debilitado, de manera acelerada, la relación orgánica con los espacios tradicionales de socialización política: los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los movimientos sociales y plataformas, estudiantiles, colectivos de barrio…

La paradoja resultante es que mientras se reclama desde las direcciones partidarias una mayor implicación social y una reconexión con la ciudadanía, las propias organizaciones han ido reduciendo los espacios reales de participación y deliberación colectiva. Se convoca a la militancia a votar una u otra medida, no a asambleas y debates abiertos.

Una afirmación recurrente en estos discursos es que gobernar desde la izquierda resulta cada vez más difícil a causa de las restricciones de los mercados globales y de las instituciones europeas. El diagnóstico contiene elementos ciertos. Pero rara vez se desarrolla una discusión clara sobre sus implicaciones políticas reales.

¿Qué margen de soberanía económica conservan actualmente los Estados de la UE? ¿Cómo debería abordarse el problema de la deuda pública y las reglas fiscales europeas? ¿Qué papel debería desempeñar el sector público en las áreas estratégicas? ¿Es posible una política redistributiva profunda dentro de los límites actuales de la Unión Europea?

La ausencia de estas preguntas —y de sus respuestas— convierte el debate político en un intercambio de mensajes tetimoniales sin propuestas estructurales. Se habla de justicia y derechos sin hablar de poder.

Como apuntan todos los estudios, gran parte de la juventud trabajadora no percibe que las instituciones políticas respondan a sus problemas cotidianos. La dificultad para emanciparse, la inseguridad laboral y el deterioro de los servicios públicos generan una sensación de bloqueo social que los discursos tradicionales de la izquierda no logran canalizar.

A esto se añade que determinados debates identitarios o culturales han terminado ocupando más espacio mediático —y más energía organizativa— que las cuestiones relacionadas con las condiciones materiales de vida. No se trata de negar la importancia de esos debates, sino de señalar una priorización que tiene consecuencias políticas concretas: una parte de la clase trabajadora joven siente que sus problemas económicos quedan relegados a un segundo plano, cuando no directamente ignorados.

Uno de los argumentos más recurrentes dentro del espacio “progresista” o que se dice de izquierdas es que la fragmentación electoral debilita a la izquierda y fortalece a la derecha. Desde una lógica estrictamente parlamentaria, tiene cierta consistencia. Pero la experiencia reciente demuestra que la unidad por sí sola no garantiza credibilidad social, ni transforma las condiciones de vida de nadie.

Las coaliciones amplias pueden convertirse en estructuras frágiles —y en fuente de frustraciones mayores— si no existe un proyecto político coherente, una estrategia económica reconocible y una relación sólida con la sociedad organizada. El problema de fondo no es la división; es la dificultad para construir un horizonte político que responda de manera visible y verificable a los problemas estructurales actuales.

La crisis de la izquierda institucional no se explica por errores de comunicación ni por la aritmética electoral. Detrás del desencanto juvenil y de la sangría de apoyos sociales existen factores más profundos: la precariedad económica como condición permanente, la transformación burocrática de las organizaciones políticas, y la percepción creciente de que las instituciones carecen de voluntad —y no solo de capacidad— para intervenir sobre los grandes problemas que definen la vida de la mayoría.

Mientras estas cuestiones no se aborden con honestidad y rigor, las apelaciones a recuperar la “ilusión” seguirán siendo un ejercicio más simbólico que político. Y la distancia entre la izquierda institucional y los sectores que debería representar continuará creciendo.

Finalmente, dejar una cuestión nada menor. ¿pueden las actuales estructuras partidarias, como ocurre con IU o con el propio PCE, aglutinadas en torno a dirigentes profesionalizados de la política, pivotar los cambios planteados?