La publicación del nuevo informe de Irídia vuelve a situar en el centro del debate una realidad que rara vez ocupa espacio prioritario en los grandes medios: la persistencia de la violencia institucional y las enormes dificultades que encuentran las víctimas para acceder a justicia efectiva.
El documento recoge datos correspondientes a 2025 y dibuja un escenario preocupante. Según el informe, 266 personas acudieron al Servicio de Atención y Denuncia ante Situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI), la cifra más alta desde 2019. De ellas, 94 denunciaron actuaciones relacionadas con cuerpos policiales, personal penitenciario o empresas de seguridad privada.
Pero quizá el elemento más grave no sea únicamente la existencia de abusos, sino el funcionamiento de los mecanismos institucionales encargados de investigarlos.
Un patrón de impunidad estructural
El informe sostiene que buena parte de las denuncias terminan archivadas prematuramente o investigadas de forma deficiente. En 36 de los 53 casos litigados por Irídia se produjo algún tipo de archivo, inadmisión o reducción de la causa a delito leve sin practicar todas las diligencias necesarias. Posteriormente, tribunales superiores obligaron a reabrir 24 de esos procedimientos.
La conclusión que plantea la organización es contundente: el sistema judicial no está garantizando investigaciones eficaces cuando los presuntos responsables pertenecen a estructuras del Estado.
El papel de la Fiscalía también aparece señalado. Según el informe, en numerosos casos el Ministerio Fiscal mantuvo una actitud pasiva o incluso contraria a la investigación.
Todo ello configura un problema político de fondo. Cuando las instituciones encargadas de controlar el uso de la fuerza actúan con opacidad o corporativismo, la democracia se debilita. El mensaje implícito es peligroso: determinados agentes pueden actuar con amplios márgenes de impunidad.
Racismo institucional y control social
Uno de los aspectos más relevantes del informe es el peso de los componentes discriminatorios. En 21 de los 53 casos judicializados se identificó un componente racista. También aparecen situaciones de discriminación LGTBI-fóbica y por razón de género.
Esto conecta con una cuestión más amplia: la violencia institucional no se distribuye de manera homogénea. Afecta especialmente a sectores socialmente vulnerables, racializados o precarizados.
Las identificaciones por perfil étnico, las actuaciones policiales desproporcionadas en determinados barrios y la criminalización de jóvenes migrantes forman parte de dinámicas de control social que distintas organizaciones de derechos humanos vienen denunciando desde hace años.
La seguridad, presentada muchas veces como un concepto neutral, aparece así atravesada por relaciones de clase, origen y poder.
Seguridad privada y externalización de la violencia
El informe también pone el foco sobre las empresas de seguridad privada contratadas por administraciones públicas. Este elemento resulta especialmente significativo porque muestra cómo ciertas funciones coercitivas del Estado se están desplazando progresivamente hacia actores privados.
El caso llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la agresión a un menor en el Metro de Barcelona ilustra esta tendencia. Según la denuncia, la justicia española archivó inicialmente la investigación sin agotar diligencias básicas.
La externalización de funciones de vigilancia y control introduce nuevas zonas grises en materia de responsabilidad política y rendición de cuentas. En la práctica, muchas de estas empresas ejercen funciones cuasi policiales con mecanismos de supervisión débiles.
Democracia formal y derechos reales
El informe de Irídia obliga a plantear una cuestión incómoda: ¿qué valor tienen los derechos fundamentales si amplios sectores sociales encuentran enormes obstáculos para hacerlos efectivos?
Formalmente, el Estado reconoce garantías jurídicas, protocolos y mecanismos de supervisión. Sin embargo, los datos reflejan que las víctimas necesitan años de litigio, apoyo jurídico especializado y presión social constante para evitar el archivo de sus denuncias.
La consecuencia es una profunda erosión de la confianza institucional. Cuando la ciudadanía percibe que ciertos abusos quedan sin investigar, aumenta la sensación de arbitrariedad y desigualdad ante la ley.
En ese contexto, la violencia institucional deja de ser un problema aislado para convertirse en un síntoma de deterioro democrático.
La necesidad de reformas estructurales
Entre las propuestas recogidas en el informe destacan:
- mecanismos independientes de control policial,
- mayor transparencia en el uso de la fuerza,
- fin de las identificaciones por perfil étnico,
- reformas judiciales para garantizar investigaciones eficaces,
- supervisión estricta de empresas de seguridad privada.
Sin embargo, el debate de fondo es político. Las reformas técnicas resultan insuficientes si no existe voluntad real de limitar prácticas autoritarias normalizadas bajo discursos de seguridad y orden público.
La calidad democrática de una sociedad no se mide únicamente por sus leyes, sino por la capacidad efectiva de proteger derechos frente a los abusos del poder.
- Informe sobre violència institucional 2025 – Irídia
- https://iridia.cat/wp-content/uploads/2025/06/WEB_FINAL_CAST_LOGO.pdf
- Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans
- Europa Press: Irídia alerta de un aumento de atenciones por violencia institucional
- https://redsintesis.info/violencia-genero-responsables/
- el debate de fondo es polític
