Durante el primer trimestre de 2026, más de diez comunidades autónomas han vivido huelgas en sanidad y educación. Como recuerda Miguel Salas en Sinpermiso.info, la paciencia social se agota. España arrastra un problema estructural con sus servicios públicos, una deuda que no es solo económica: es política y, sobre todo, social.
Durante décadas, gobiernos de distinto signo han sostenido el sistema con remiendos, mientras el gasto privado crecía silenciosamente para cubrir lo que lo público ya no podía garantizar. Ese equilibrio precario ha estallado. Las movilizaciones de este año no son un estallido puntual, sino la expresión de un deterioro acumulado que ya nadie puede negar.
Privatización por goteo: el vaciamiento lento
La sanidad y la educación no se desmantelan de un día para otro. Se han ido vaciando de a poco, mediante infradotación, conciertos, externalizaciones y transferencias discretas de recursos al sector privado. Este proceso se presenta a menudo como “eficiencia”, “modernización” o “colaboración público-privada”, pero su efecto es inequívoco: lo público se debilita mientras lo privado se expande.
Y lo más incómodo es que no se trata de una gestión exclusiva de los gobiernos conservadores. También ejecutivos que se proclaman progresistas han asumido como inevitable el marco neoliberal que alimenta esta deriva.
Los datos hablan con claridad.
Como señalan las fuentes, en educación, España destina un 4,42% de su PIB al gasto público, muy por debajo de Suecia (6,93%), Francia (5,33%) o Alemania (4,79%). Esta brecha se traduce en aulas masificadas, menos docentes y peores condiciones para enseñar y aprender.
A ello se suma un gasto privado del 2% del PIB, que revela una realidad cotidiana: miles de familias pagan por lo que el sistema público no cubre. La escuela concertada —financiada por el Estado pero con un coste medio de 700 euros anuales por familia— ocupa un espacio ambiguo que rara vez se analiza con rigor. El resultado es contundente: la inversión por alumno en primaria está casi un 10% por debajo de la media de la OCDE, y en la universidad la distancia alcanza el 25%. La educación, que debería igualar oportunidades, está contribuyendo a ampliarlas.
En sanidad, el patrón se repite. España invierte un 7,4% del PIB, lejos del 10,1% de Alemania, el 8,6% de Austria o el 8% de Bélgica. El gasto privado —2,7% del PIB, por encima de la media de la OCDE— no es un lujo voluntario, sino el reflejo de un sistema público que no llega. Las listas de espera se cuentan en meses, la atención primaria está saturada y las diferencias entre comunidades dibujan un mapa desigual de derechos.
Cómo opera el deterioro
El mecanismo es conocido. Primero se debilita lo público: falta de personal, precariedad, saturación. Después se presenta ese deterioro como prueba de que el sistema “no funciona”. Finalmente, se ofrece la alternativa privada como solución “realista”. El círculo se cierra y el mercado aparece como remedio del problema que él mismo ha contribuido a crear.
En educación, la coexistencia de redes pública, concertada y privada no es neutral: segmenta por clase social y erosiona la idea de un sistema común. En sanidad, el acceso al sector privado deja de ser un complemento y se convierte en un filtro económico.
Todas las opciones políticas recortan, pero no todas lo hacen igual. La derecha lo hace sin rodeos. La socialdemocracia, en cambio, recorta con lenguaje amable, envuelto en tecnocracia y apelaciones a la “gestión eficiente”. El resultado puede parecer similar, pero el relato suaviza el impacto y desactiva la respuesta social.
Un problema que ya desborda lo sectorial
Las huelgas de 2026 no son una protesta gremial. Son la señal de un sistema que ha llegado a sus límites. Afecta a cualquiera que acuda a un centro de salud, lleve a un hijo al colegio o espere una operación.
El debate sobre la inversión pública suele quedar atrapado en la disputa partidista, pero los datos son anteriores a cualquier ideología y demuestran que España gasta menos que sus vecinos, el gasto privado compensa lo que el público no cubre y la calidad del servicio depende en exceso del territorio donde vivas. No es una opinión: es la descripción de un sistema desigual que, sin inversión real, seguirá deteriorándose.
Lo que está en juego
Las movilizaciones continuarán. La cuestión es si los gobiernos —estatales y autonómicos— responderán con medidas a la altura o con el parche de siempre.
Defender la sanidad y la educación públicas frente al aumento del gasto militar —recordemos los compromisos con la OTAN y la UE— no es un asunto menor. Lo saben bien trabajadores, estudiantes y toda la población precarizada.
La disputa es clara: impedir que lo público sea sustituido por un mercado de precarización. Cuando el recorte se normaliza y la privatización avanza por goteo, lo que se pierde no es solo capacidad de gestión: se pierde igualdad real, derechos básicos y condiciones dignas de vida.
Referencias
- Neutral, gasto en educación y sanidad en España. https://www.newtral.es/gasto-educacion-sanidad-espana-comunidades-autonomas/20240118/
- CIS, valoración de los servicios públicos. https://www.cis.es/en/-/la-ensenanza-el-transporte-publico-y-la-sanidad-son-los-servicios-publicos-mejor-valorados-por-los-espanoles
- Ministerio de Sanidad, protección de la salud en España. https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/docs/proteccion08.pdf
- Ministerio de Educación, cifras de la educación en España. https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores/cifras-educacion-espana/2023-2024.html
- Sin Permiso, defensa de la sanidad pública. https://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-se-extiende-la-lucha-en-defensa-de-la-sanidad-publica-dossier
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