Necesidad de una reparación histórica en el Sáhara Occidental.

El mismo día de la visita del enviado personal de la Secretaría General de Naciones Unidas para Sáhara Occidental, Marruecos mató a tres miembros del Frente Polisario, en un ataque lanzado cerca de la frontera [9]. Un “incidente” tan significativo como apenas divulgado, que se suma a larga lista de agravios y desconsideraciones protagonizadas por las instituciones internacionales y nacionales.

Precisamente, ese mismo día, el 8 de junio de 2026, Resumen Latinoamericano publicó un artículo contundente que desnuda la realidad del Sáhara Occidental bajo el título de Marruecos no ha obtenido nuevos reconocimientos jurídicos sobre el territorio, pero ha logrado una estrategia sostenida de normalización política de la ocupación. Así, a lo largo de 2025, el conflicto no ha experimentado avances sustantivos hacia su resolución, sino que se ha consolidado como uno de los conflictos coloniales más largos e ignorados del mundo.[1][2]

Marruecos controla aproximadamente 80% del territorio saharaui (266,000 km²) desde la invasión conocida como la “Marcha Verde” del 6 de noviembre de 1975. Esta ocupación militar y administrativa no representa soberanía legítima, sino la fuerza de un Estado que impone su dominación sobre un pueblo colonizado.[3][4]

El Tribunal Internacional de Justicia ya dejó claro en 1975 que no existían vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Más recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2024) confirmó que el territorio es “separado y distinto” de Marruecos.[3]

Sin embargo, el 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2797, que supone el fin del proceso iniciado en 1991 y que contemplaba un referéndum de autodeterminación. Este hito marca la victoria de la *realpolitik* sobre el derecho internacional.[3]

La paradoja es que aunque la resolución no niega literalmente la autodeterminación, la celebración de un referéndum verdadero significa que tampoco la respalda enteramente. Por lo que Marruecos ha implosionado una “autonomía indefinida” como única vía viable, bloqueando definitivamente este referéndum.[3]

Este retroceso diplomático refleja la erosión de la solidaridad internacional con los movimientos descolonizadores. Europa se ha convertido en cómplice activa de la ocupación marroquí, mientras que España, como potencia administradora históricamente responsable, ha mantenido como guía “el mal menor” durante 50 años desde su retirada.[5][6]

Esta posición no es accidental, responde a intereses geopolíticos (migración, seguridad, relaciones con Marruecos) que priorizan la estabilidad del régimen marroquí sobre los derechos humanos del pueblo saharaui. La UE, a través de acuerdos comerciales que incluyen recursos del Sáhara (fosfatos de Bou Craa, pesca, arena), legitima económicamente la ocupación.[7][8]

Se viene produciendo lo que en términos marxistas llamamos una intersección entre colonialismo, extracción de recursos y la *realpolitik* de las potencias capitalistas [8]:

• Fosfatos de Bou Craa: recurso estratégico que Marruecos controla y Europa consume
• Arena marina: recurso utilizado en la construcción europea, extraído sin consentimiento saharaui
• Pesca: derechos comercializados por Marruecos con la UE, violando el derecho saharaui.

La Resolución 2797 no es, por tanto, un accidente diplomático, es la manifestación de cómo el sistema internacional capitalista prioriza la extracción de recursos sobre la autodeterminación de los pueblos colonizados.[3]

Incluso Argelia, que históricamente apoyó al Frente Polisario, muestra desinterés porque su propia economía depende de relaciones comerciales con Europa que no puede comprometer. Del mismo modo, Rusia y China se abstienen porque su prioridad es la relación con Occidente, no la descolonización.[3]

En efecto, la única solución justa requiere una reparación histórica por el colonialismo español y la invasión marroquí de 1975. Lo que a su vez implica:

A pesar de la Resolución 2797, el Frente Polisario mantiene su legitimidad como representante del pueblo saharaui, y el derecho internacional aún reconoce al Sáhara como territorio pendiente de descolonización.[2]

La reparación histórica es una exigencia de justicia. España, Europa y la ONU deben reconocer su responsabilidad y actuar para restituir los derechos del pueblo saharaui. Mientras Marruecos “se aferra a la ocupación”, la solidaridad internacional con el Polisario y la denuncia de la normalización colonial deben ser centrales en la lucha anticapitalista y descolonizadora.