La orientación de clase que el XXII Congreso del PCE necesita.

El XXII Congreso del Partido Comunista de España, que se celebrará los días 12 y 13 de diciembre en Córdoba, ha reactivado una disputa que viene arrastrándose desde el Congreso anterior: dos corrientes, un resultado ajustado (54%-46%), y una dirección que gestiona en solitario los órganos centrales mientras buena parte de las organizaciones territoriales reclama otra cosa. El artículo de Victor S. Benedico que ha circulado estos días en Arainfo.org bajo el título Hay partido hace un diagnóstico honesto de esa crisis, marcada por la escisión de la UJCE, declive de la Fiesta del PCE, ausencia de sede central, caída de la militancia, o reuniones sin presencialidad desde la pandemia.

Compartiendo buena parte de este diagnóstico, hay que notar que se queda corto en un punto decisivo, y es precisamente el punto donde cualquier organización comunista debería empezar a mirar antes que a su propio organigrama, su orientación de clase.

Es tentador —y cómodo— leer la crisis del PCE como una disputa entre una dirección «institucionalizada» y una base «más combativa». Esa lectura tiene algo de cierto al mostrar la subordinación del discurso comunista a la defensa del Gobierno de coalición, a la gestión del Régimen del 78 y a un antifascismo que no cuestiona el marco capitalista es real, siendo heredera más o menos directa del eurocomunismo que Santiago Carrillo instauró hace cinco décadas. Pero reducir el problema a una disputa de corrientes por el control del Secretariado corre el riesgo de convertir la reconstrucción del partido en un fin en sí mismo, desconectado de la cuestión que debería precederla. La cuestión de reconstruir el partido, sí, pero ¿para organizar a quién?

Si hay un espacio donde la contradicción capital-trabajo se manifiesta hoy de forma más brutal y más transversal que el salario mismo, es la vivienda. Los fondos de inversión, la turistificación, los alquileres impagables y la especulación con un bien de primera necesidad han generado una nueva composición de la precariedad que atraviesa a asalariados con contrato indefinido, autónomos, jóvenes y familias enteras que hace una generación se hubieran considerado «clase media». Un partido comunista que quiera reconstruirse no puede hacerlo desde un programa genérico de «vivienda digna para todos», sino planteando abiertamente la raíz del el conflicto. Es decir, el control de precios, el freno real de la compra especulativa, parque público de vivienda arrancado al mercado, no como enmienda al sistema sino como disputa de poder. Ninguna de las dos propuestas políticas presentadas al Congreso (la oficial y la alternativa) ha hecho de esto un eje diferenciador. Y debería serlo, porque es ahí donde más se puede reconstruir conciencia de clase concreta  como trabajadores y trabajadoras.

La composición de la clase obrera española ha cambiado profundamente por la migración, y sigue haciéndolo. Buena parte del trabajo más precarizado, más expuesto y peor pagado —campo, construcción, cuidados, hostelería, logística— está hoy sostenido por trabajadores migrantes en condiciones de vulnerabilidad legal explícitamente diseñadas para abaratar su fuerza de trabajo. Un discurso comunista que no incorpore esto como cuestión central de clase, y que deje el terreno de la migración a la extrema derecha por un lado y al progresismo humanitarista y despolitizado por otro, está renunciando a organizar a una parte creciente y estructural de la clase trabajadora real. No se trata de una cuestión moral o de solidaridad abstracta, es una cuestión de correlación de fuerzas en el propio proceso de producción.

El artículo de Hay Partido señala, con razón, que la política internacional «práctica» del Gobierno —más allá de las declaraciones— es una de las cuestiones esquivadas en los informes internos. En un momento de rearme europeo acelerado, de aumento del gasto militar bajo mandato de la OTAN y de complicidad activa o pasiva con el genocidio en Gaza, esta no es una cuestión secundaria de política exterior. Es una cuestión de a qué intereses de clase sirve el Estado que el PCE ayuda a sostener desde el Gobierno. Un partido que se llame comunista y que no haga de la ruptura con la OTAN, la oposición frontal al rearme y el antiimperialismo consecuente un eje de disputa interna, está vaciando de contenido clasista su propia identidad.

Sin duda la corriente congresual Hay Partido, la candidatura de Roberto Ruiz que continúa el proyecto de Alberto Cubero, represente hoy la opción más consciente de la necesidad de recuperar una herramienta organizativa real frente a la museificación del partido. La organización material —»paredes de cristal», sedes, militancia con nombres y apellidos, como recordaba el artículo citando a Cunhal— sigue siendo insustituible frente a la disolución posmoderna en lo individual y en las redes sociales.

Pero la disputa de aparato, por sí sola, no resuelve la pregunta estratégica de fondo. Reconstruir el PCE sin repensar simultáneamente su actuación en los frentes de la vivienda, la migración y el militarismo, considerándolos los tres terrenos donde hoy se recompone materialmente la clase trabajadora española, corre el riesgo de ganar el control de una estructura vacía de un contenido verdaderamente transformador. La cuestión, por tanto, no es solo quién dirigirá el partido al día siguiente del XXII Congreso, sino a qué clase social concreta —y no a una idea abstracta y descafeinada  de la clase obrera— pretende defender.

Ahí, y no solo en el resultado de una votación en Córdoba, se juega si hay partido de verdad.