La CRMH recurrirá la declaración del Pazo de Meirás como Lugar de Memoria por diluir a las víctimas del franquismo en un relato culturalista. El caso desnuda un patrón tan habitual (ver otras denuncias aquí publicadas) como contrario a los principios del movimiento memorialista de “verdad, justicia y reparación “, basado en limitarse a simbolizar sin reparar.
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha anunciado que recurrirá la declaración del Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Histórica. La CRMH sostiene que la resolución de la Secretaría de Estado diluye a las víctimas de la represión franquista detrás de un relato culturalista que incorpora, entre otros elementos, la figura de Emilia Pardo Bazán —fallecida en 1921, quince años antes del golpe de Estado— como si formara parte del fundamento histórico de la declaración. La CRMH objeta también que la palabra «Pazo» haya desaparecido del texto oficial, sustituida por una denominación más aséptica.
El episodio, aparentemente administrativo, sintetiza una tensión de fondo, la diferencia entre gestionar el pasado franquista como patrimonio cultural o bien reconocerlo como el terreno de una represión de clase que expolió, encarceló y explotó. El propio origen material del Pazo de Meirás lo indica. La finca llegó a manos de Franco mediante una suscripción popular presentada como donación espontánea pero levantada, en realidad, sobre la coacción del aparato local del régimen, y las obras de acondicionamiento del recinto contaron con trabajo de presos políticos. Es, literalmente, una propiedad construida sobre el expolio y el trabajo esclavo, no libre.
Simbolizar sin reparar
Cuando el Estado, casi noventa años después, se dispone a declarar ese mismo lugar «Lugar de Memoria», el gesto admite dos lecturas enfrentadas. La CRMH defiende que la declaración debe fijar institucionalmente la verdad sobre la represión, sus víctimas y el expolio, sin diluirla en un relato amable sobre patrimonio arquitectónico o literatura gallega. En cambio, la resolución de la Secretaría de Estado, al incorporar valores culturales y biográficos ajenos a la represión, apunta en la dirección contraria, la de convertir un símbolo de la violencia criminal del franquismo en una pieza más del turismo de memoria, presentable y sin aristas políticas incómodas.
Esta operación no es nueva ni exclusiva de Meirás. La política de memoria histórica del Estado español, incluso en sus versiones más «progresistas», ha tendido de forma sistemática a la simbolización sin restitución material. Se instalan placas, se firman declaraciones institucionales, se recuperan nombres de calles, mientras las causas judiciales contra los responsables de la represión siguen bloqueadas por la Ley de Amnistía de 1977, la mayoría de las fosas comunes siguen sin exhumar por falta de financiación estructural, y el patrimonio expoliado —cuando efectivamente revierte a titularidad pública, como ocurrió con el propio Pazo tras la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2026 que descartó la ocupación de los herederos de Franco— no activa ningún mecanismo de reparación económica hacia las víctimas o sus descendientes, sino que pasa a gestionarse simplemente como bien cultural del Estado.
«No estamos hablando de un plan de usos ni de aspectos culturales del Pazo de Meirás»— Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña
Quién controla el relato
Es exactamente ese punto el que impugna la CRMH cuando exige que la declaración «no hable de un plan de usos ni de aspectos culturales», sino que se centre exclusivamente en las víctimas, la represión y la vulneración sistemática de derechos humanos. La disputa, en el fondo, es sobre quién controla el relato: si las asociaciones memorialistas que durante décadas han sostenido con trabajo militante la investigación, la localización de fosas y la reivindicación pública —casi siempre sin recursos institucionales—, o una Administración que redacta sus resoluciones con criterios técnicos que terminan neutralizando el contenido político de aquello que declara.
No es casual, tampoco, que la CRMH denuncie la «omisión absolutamente irregular» del papel de las entidades memorialistas en el propio texto que ellas mismas impulsaron. Es el patrón habitual en la gestión institucional de las conquistas del movimiento social: el trabajo de base lo sostiene la militancia, y la institución, al formalizarlo, tiende a borrar o minimizar esa autoría colectiva, presentando el resultado como una concesión administrativa neutra y desprovista de sujeto político.
Qué hacer
Difundir y apoyar activamente el recurso de la CRMH y de las más de una decena de entidades que lo respaldan —desde la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda hasta la CIG—, exigiendo que la Secretaría de Estado corrija la resolución y sitúe a las víctimas, y no el patrimonio, en el centro del relato.
Exigir que la memoria histórica deje de tratarse como política simbólica y vaya acompañada de medidas materiales como la derogación efectiva de la Ley de Amnistía en lo que afecta a los crímenes de la dictadura, financiación pública estable y suficiente para la exhumación de fosas, y mecanismos reales de reparación para las víctimas y sus descendientes.
Vincular la lucha por la memoria histórica con la lucha social y sindical actual, entendiendo que el franquismo no fue solo represión política, sino un régimen construido para garantizar la explotación y el despojo de la clase trabajadora —una continuidad estructural que hoy se expresa en la precariedad, la desigualdad territorial y la concentración de la propiedad, y que sigue vigente.
